Opinión
Lo que hemos vivido en las últimas semanas en Chile puede ser descrito como un despertar ciudadano de proporciones históricas. Durante muchos años, el orden fáctico de nuestra sociedad parecía ser la única realidad posible, algo que N. Lechner denominó como la naturalización de lo social. En ese contexto, se asumía que era muy difícil que las demandas por cambios sustantivos de las reglas del juego originadas en dictadura militar, y sostenidas durante décadas por los siguientes gobiernos de transición, pudiesen ser cambiadas. Es justamente este supuesto lo que el estallido social cuestionó y dinamizó: en el sentido común, apareció un horizonte en donde era necesario y posible la creación de una nueva Constitución para Chile, basada en principios normativos que fuesen capaces de promover la justicia social.
Así, se logró aunar en un elemento común una serie de demandas y movimientos sociales sectoriales que por muchos años habían corrido por caminos separados. Los resultados de este proceso son aún inciertos, pero es una oportunidad sin precedentes para reflexionar de modo más orgánico y sistémico sobre el modelo de sociedad que queremos construir. Al respecto, uno de los énfasis que parecen urgentes de relevar es la idea de que no hay posibilidad de justicia social sin considerar los elementos ecológicos y territoriales que ésta conlleva.
Lo anterior, implica volver a reflexionar sobre nuestro actual modelo de desarrollo. Éste se basa en la persecución de un crecimiento infinito en un planeta finito y en donde la producción de riqueza para algunos, se ha basado históricamente tanto en la extracción y usufructo de la naturaleza –minerales, bosques, ríos- , como en la vulneración de las comunidades que usualmente sufren los impactos negativos que este estilo de desarrollo provoca, en su salud y acceso al entorno.
Ejemplos de esto, lamentablemente, nos sobran en Chile. Es el caso de contaminación crónica en Quintero y Puchuncaví y otras zonas de sacrificio, donde las posibilidades de vida se ven mermadas; es el caso de Petorca, en donde el modelo agroexportador ha hecho desaparecer los ríos; es el caso de muchos conflictos socioambientales en donde nuestra normativa permite la instalación de proyectos de inversión en lugares de alta biodiversidad o en lugares estratégicos para la vida, tales como glaciares. El descontento social demostró que existía un umbral de tolerancia sobre esta violencia estructural, y lo socioambiental, especialmente en lo relativo a la gestión del agua, ha sido un tema transversal en la discusión de cabildos y otras instancias de encuentro.
La vinculación entre derechos humanos y crisis socioecológica, las alternativas de salida frente a la coyuntura y sus proyecciones en el proceso constitucional, son todos temas a ser tratados en la próxima Cumbre Social por la Acción Climática que se desarrollará entre el 2 y 11 de Diciembre, en Cerrillos. Este espacio autogestionado por la plataforma Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), inicialmente pensado como un espacio alternativo y ciudadano a la COP25, hoy se vuelve más que nunca una instancia necesaria en el contexto nacional.
La crisis climática es un fenómeno que es proclive a acentuar los procesos de desigualdad social, sobre todo si éstos no se previenen y gestionan adecuadamente. A su vez, sociedades desiguales están menos preparadas a hacer frente a la emergencia climática. En la discusión constitucional, preguntas claves a considerar son las siguientes: ¿Cuál es el pacto de solidaridad que estableceremos con nuestra naturaleza? ¿Cómo la protegeremos, de modo que ella nos ayude a construir una sociedad resiliente a la crisis ecológica de la cual la misma humanidad es responsable? ¿Cómo vincularemos el medioambiente con los derechos humanos y los principios de precaución, participación y justicia ambiental? ¿Debiera ser la sustentabilidad consagrada como un principio guía para nuestro desarrollo como país?
En un escenario de urgencia climática, en donde esta semana se anunció la emisión récord de gases efecto invernadero a la atmósfera, cada comunidad y país tiene que hacer lo que sea necesario para alinearse con los criterios que permiten la vida en el planeta. A Chile, le corresponderá discutir esto en su próxima constitución. Bello desafío.
