Opinión
Crédito: Radio JGM
A propósito de la realización de la Cumbre de los Pueblos 2019 en la Universidad de Santiago, a pesar de la suspensión de la COP25 en aquel país, ante un proceso político en marcha de carácter destituyente y constituyente, se hace interesante reflexionar y resaltar sobre lo ocurrido en la quinta versión del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, la cual sesionó el pasado 5 de diciembre en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Un Tribunal por los Derechos de la Naturaleza que tuvo su primera sesión en Quito (2014), al ser Ecuador el primer país en el mundo en declarar el año 2008 los Derechos de Naturaleza a nivel constitucional, y que luego ha tenido sesiones en Lima (2014), Paris (2015), Bonn (2017) y Santiago (2019), en los cuales lo que ha buscado es investigar, dictaminar y denunciar sobre las distintas violaciones a los bienes comunes en los distintos territorios de vida, de parte de Estados, empresas, organizaciones internacionales y personas del mundo público como privado.
En lo que respecta al jurado para este año en Chile, estuvo conformado por personas vinculadas a las luchas socioambientales de la región, como lo son Maristella Svampa de Argentina, Yaku Pérez de Ecuador, Antonio Elizalde de Chile, Nancy Yañez de Chile, Alberto Acosta de Ecuador, Raúl Sohr de Chile, Enrique Viale de Argentina (fiscal del tribunal) y Natalia Greene de Ecuador (secretaria del tribunal), quienes tuvieron la responsabilidad de escuchar distintos testimonios que evidenciaran las consecuencias de la Minería de litio en el desierto de Atacama, la amenaza a la Patagonia como reserva de vida y la privatización del agua en Chile.
En cuanto a la minería de litio, se dictaminó la existencia de violación de los Derechos de Naturaleza de parte de empresas mineras privadas y el Estado de Chile, quienes han afectado ecosistemas, seres humanos y no humanos en el Salar de Atacama, al consumir y contaminar grandes cantidades de agua para la explotación de distintos, lo que ha traído consigo desposeer a comunidades y territorios de fuentes básicas para la reproducción de la vida.
Sobre la amenaza a la Patagonia, también se dictaminó que el Estado de Chile ha permitido la vulneración de los derechos de la Naturaleza en aquella reserva de agua y vida, a través de la actividad minera y salmonicultura, las cuales han afectado el ecosistema. Además se denunció su complicidad con el genocidio de comunidades indígenas y la destrucción de sus economías de subsistencia.
Por último, en lo que refiere a la privatización del agua en Chile, el tribunal condenó rotundamente un modelo de lucro y extractivista que niega el agua como un sujeto de derechos y lo considera como un mero bien económico para su explotación y su venta en mercados intencionales, de manera que recomienda que sea incorporado como derecho en una nueva constitución para los pueblos.
En consecuencia, este tribunal internacional, con sus dictámenes no hizo otra cosa que evidenciar la necesidad de la elaboración de una nueva constitución de la dignidad para los pueblos de Chile, los cuales han sido postergados en sus derechos no solo humanos sino también como parte de territorios de vida, los cuales han sido sistemáticamente abusados y vulnerados por lógicas de saqueo y de despojo.
Por esto, resaltar la importancia de haber realizado igualmente la Cumbre de los Pueblos, a pesar de la cancelación de la COP25, ya que permitió un encuentro entre distintos pueblos de la región, en donde convergieron experiencias y perspectivas provenientes del ecofeminismo, la agroecología, el buen vivir, el vivir bien, la economía ecológica, el decrecimiento, entre otras, las cuales pusieron en el centro horizontes como la sustentabilidad, la justicia ambiental, la soberanía alimentaria, la defensa de bienes comunes y la ética del cuidado.
En definitiva, el proceso destituyente y constituyente en marcha en Chile, debiera tomar en consideración todas estas demandas plurinacionales presentadas en la Cumbre de los Pueblos 2019, las cuales ante la amenaza de la crisis socioambiental actual, más que una opción debiera ser una necesidad desprivatizar el agua y la idea de concebir a la Naturaleza o la Madre Tierra como sujeta de derechos.
