Opinión
Consolidado este reajuste, que pudo ser mucho peor sin la decidida movilización de los trabajadores del Estado, hoy día nos corresponde seguir denunciando las arremetidas de este Gobierno en contra de los funcionarios públicos, y la propia función pública, mediante el despido arbitrario de casi mil funcionarios y funcionarias, los riesgos en el cumplimento del PMG y la criminalización del movimiento social, a lo que se ha sumado una nueva iniciativa, la protección de las fuerzas de orden, elevando las penas en el caso de supuestas agresiones en su contra, en desmedro de los hombres y mujeres que sufren a diario los atropellos a sus DDHH cometidos por estas mismas fuerzas policiales y de seguridad de este Gobierno.
En el día de ayer, en una larga jornada, se aprobó en el Parlamento la ley de reajuste de este año. Finalmente el Gobierno, para obtener esta aprobación, tuvo que modificar los guarismos, de modo que en líneas gruesas se otorgó un reajuste a todos los funcionarios públicos de un 1,4% de carácter general, luego se aumentó este reajuste en un 1,4% a aquellas remuneraciones inferiores a $ 3.000.000, de modo que los sueldos bajo la línea de corte reciben un reajuste total de un 2,8%, las personas que tienen salarios sobre esta línea de corte, quedan con el reajuste general de 1,4%, con lo cual siguen perdiendo poder adquisitivo porque el IPC proyectado, que no variará, es de 2,7%.
Podríamos asegurar que las gestiones desplegadas ante los parlamentarios por los directivos de la Anef y de las otras seis organizaciones que no firmaron el protocolo de acuerdo (Colegio de Profesores, Confusam, Confredepus, Fenats Nacional y Fenafuch) fue exitosa en el sentido de obligar al Gobierno a complementar y subir las asignaciones que contemplaba en su proyecto de ley.
Sin embargo como trabajadores del Estado no podemos estar satisfechos, por cuanto el Gobierno, en una decisión inédita, ha otorgado un reajuste negativo a cerca de 20 mil funcionarios públicos, empobreciendo estas rentas en la práctica, lo que afecta mayoritariamente a funcionarios que se encuentran a través de los años en la cúspide de sus carreras trabajando para la ciudadanía y profesionales de alta calificación que realizan labores específicas en la administración pública y que en el mundo privado recibirían, muy probablemente, rentas notoriamente más altas.
Bajo estas consideraciones, la Anef, el Colegio de Profesores, Confusam, Confredepus, Fenats Nacional y Fenafuch no firmaron definitivamente el protocolo de acuerdo, pese a las presiones y chantajes del Gobierno en cuanto que las organizaciones que no firmaran no tendrían bono de término de conflicto.
Finalmente se impuso nuestra postura y se otorgó el bono de término de conflicto a todos, como la historia sindical siempre lo ha establecido. El hecho de haber bajado los sueldos de miles de trabajadores públicos, y de haber incrementado las rentas más bajas en apenas un 0,1%, a excepción del bono anual, que no constituye remuneración, implica que el Gobierno insiste en hacer pagar los costos sociales de la crisis política a los asalariados, específicamente a quienes tienen el empleo más precario del mercado: los funcionarios públicos.
El Presidente Sebastián Piñera persiste en no escuchar la voz de las grandes mayorías nacionales, afectando a los trabajadores en la búsqueda de recursos para satisfacer las necesidades de la crisis social, sin tocar a los superricos, a los poderosos que concentran en un 1% el 30% de la riqueza de este país. Entre ellos el propio Presidente, quien es una de las cinco personas más ricas del país, de acuerdo con el listado de la revista Forbes. Sitial que deshonra su calidad de servidor público con impudicia frente a una inmensa mayoría que apenas sobrepasa la línea de la pobreza, con sueldos promedios de 426 mil pesos, según datos de la OCDE.
Consolidado este reajuste, que pudo ser mucho peor sin la decidida movilización de los trabajadores del Estado, hoy día nos corresponde seguir denunciando las arremetidas de este Gobierno en contra de los funcionarios públicos, y la propia función pública, mediante el despido arbitrario de casi mil funcionarios y funcionarias, los riesgos en el cumplimento del PMG y la criminalización del movimiento social, a lo que se ha sumado una nueva iniciativa, la protección de las fuerzas de orden, elevando las penas en el caso de supuestas agresiones en su contra, en desmedro de los hombres y mujeres que sufren a diario los atropellos a sus DDHH cometidos por estas mismas fuerzas policiales y de seguridad de este Gobierno.
