Opinión
El estallido social del 18 de Octubre puso en relieve la existencia del clivaje entre las elites y el pueblo. Una fractura que representa la colisión de intereses y valores de una minoría frente a la mayoría y que se expresa en el relato de un pueblo sistemáticamente abusado por dos tipos de elites, la política y la económica. Esto es lo que popularmente se conoce como el conflicto entre los de arriba y los de abajo. Conflicto que por lo demás parece soslayar el eje ideológico izquierda/derecha.
Esa aparente despolitización de este conflicto está engarzada a una forma de vida estructurada por una desigualdad multidimensional que naturalizó una cultura elitista de lo político. Es decir, la política se asumió como una función exclusiva de un grupo reducido de individuos (hombres) que cuentan con un capital político, económico y/o cultural superior al del ciudadano común. Unos capitales que no son necesariamente producto del mérito, ya que para su obtención lo más relevante son el origen social y las relaciones de sus depositarios. Esta es la esencia de lo que se puede denominar elitismo político, pero no lo es todo.
En términos etimológicos, el vocablo francés elite hace referencia a los mejores, a los miembros selectos de un grupo o una clase de personas. Con el paso del tiempo esta palabra se convirtió en un rótulo que designa a quienes, por cualquier razón –quizás muy poco valedera– se destacan o sitúan por encima de los demás (Meisel, 1975). Hoy en día, el concepto elite se utiliza coloquialmente para designar a todas aquellas personas que viven al margen y por encima del común de la ciudadanía y sin llegar a relacionarse con ella. Siendo esta la base de entendimiento del concepto elite, se puede comenzar a esbozar qué es una elite política.
Hace más de un siglo, autores como Mosca, Pareto y Michels sentaron las bases para entender que son las elites políticas y el rol que estas tienen en el gobierno de la sociedad. La tesis fundamental de sus respectivos trabajos fue la inevitabilidad de la concentración del poder en un pequeño y selecto grupo dominante denominado élite. Para estos autores, el gobierno de un pueblo es siempre responsabilidad de los mejores. Es su derecho y un hecho que subyace a un fenómeno histórico permanente e incuestionable. No obstante, esta idea se origina en una visión limitada de la historia de las sociedades pasadas, la cual atribuye la consolidación y desarrollo de estas a la exclusiva acción de su clase dominante. Para los elitistas esto era tan incuestionable que Mosca (1896) dividió la sociedad en dos clases de personas: la de los gobernantes y la de los gobernados. Los gobernantes forman la clase política; una minoría organizada, detentadora de la fuerza y la razón, mientras que los gobernados componen la masa desorganizada e incapaz.
Con el avance del siglo XX el concepto de elite fue incorporando ciertas categorías de grupos que poseían algunas aptitudes muy valoradas socialmente, como las habilidades militares, económicas o administrativas (Meisel, 1975). Grupos que generalmente compartían el rasgo de provenir del estrato social más alto de cada sociedad (Mills, 1957). Y hasta hace unas décadas el término estaba asociado a pequeños grupos de personas destacadas y con habilidades en distintos campos de la actividad social, cultural, económica y política.
En gran medida, las elites son grupos dominantes que de una u otra manera pueden generar cierto atractivo para las no elites (véase Joignant, 2014). Este atractivo funciona como una cualidad de autoridad simbólica que hace más fácil legitimar su dominio. Como señaló Gramsci, su importancia está en que el valor del liderazgo socio-moral y cultural otorga un recurso de legitimidad y seducción a la clase social dominante que facilita su poder hegemónico. En el ámbito político estos aspectos pueden estar asociados a la alta valoración que la ciudadanía otorga al conocimiento experto, carisma y honestidad de los líderes políticos. Pero, si la clase política carece de estas cualidades, la confianza en el sistema político decae hasta entrar en crisis. Se pierden el consentimiento otorgado para dirigir así como el equilibrio normativo de la sociedad. Cuando esto sucede las elites gobernantes tienden a recurrir al ejercicio autoritario y coercitivo del poder político, lo que puede llevar a un uso abusivo de la ley vigente.
La legitimidad del poder de las elites también está auto-conferida por ciertos atributos de carácter factual y endogámico. En términos sociológicos esto se vincula a la especificidad de su campo y su interrelación con otros campos (Bourdieu, 1982). Esto facilita la reconversión transversal de capitales. Por ejemplo, les permite trasladarse desde el campo económico al político; desde el campo político al académico; desde el campo académico al de la gran empresa; y viceversa. La circulación de un campo a otro reproduce, gracias a dispositivos de exclusión social (redes consanguíneas, de afinidades u origen social), la desigual distribución de poder en el sistema político entre los estratos socioeconómicos alto y bajo. Asimismo, los dispositivos de exclusión social configuran a estos grupos como una comunidad establecida y continua de intereses. Por tanto, el poder sin contrapesos de las elites enraíza con más facilidad en sociedades con altos niveles de desigualdad social, económica y cultural (cognitiva). Lo cual resulta perjudicial para todo régimen político que aspira a ser democrático.
En una democracia no sería posible que una elite manipulara abiertamente a la población. Por lo mismo, el concepto de elitismo no apela a una confabulación oligárquica, sino que a la desigual distribución del poder que proviene de una ventaja estructural que permite a ciertas personas influir e interferir en las decisiones políticas sin rendir cuentas por ello. En opinión de Higley y Gunther (1992), individuos que son capaces, en virtud de sus posiciones estratégicas dentro de poderosas organizaciones, de afectar los resultados de la política de manera regular y sustancial. De este modo, el elitismo representa el liderazgo factual del que gozan algunos individuos para imponer sus reglas teniendo conciencia de ser o pertenecer a una élite.
Entonces, el elitismo político se puede concebir como el monopolio del poder institucional que ostentan las elites políticas –mayoritariamente masculinas– para cooptar el proceso de toma de decisiones y mecanismos de acceso a la política sin contrapeso ciudadano. Unas elites que no están necesariamente conformadas por la clase social dominante. A ellas también pueden acceder políticos de origen e ideología disímiles cuya principal característica sea su poder de influencia en las no elites. Por tanto, el origen de los miembros importa menos que el interés común de mantener un modus vivendi elitista.
Las carreras políticas excesivamente prolongadas afianzan esa idea de miembros de un club exclusivo en muchos políticos que no provienen de los grupos privilegiados. En muchos casos, esto también les permite asentarse en una realidad socioeconómica superior a la de origen, e incluso por encima de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Un hecho que no ha pasado desapercibido en la esfera pública, donde los ciudadanos se han vuelto cada vez más conscientes de que sus representantes y gobernantes viven en un mundo completamente diferente y autorreferencial (Schmitter, 2015).
Por lo general, la inclusión en este tipo de élites se produce en el entorno cercano de la clase política que construyó el pacto originario de gobierno de la sociedad. En las sociedades post-dictatoriales estas elites, además, se auto-confieren el rol de guardianas de la democracia.
En definitiva, el elitismo político define el modus procedendi de un grupo de individuos que coopta el poder político para incidir fuertemente en las funciones de gobierno en las democracias contemporáneas. Un proceder en el que sus miembros actúan con la intención de obtener recompensas o incentivos internos (partidos) o externos (estatus social). Por lo demás, esta dinámica de poder provoca el retraimiento de los ciudadanos hacia su vida privada, mientras los líderes políticos se refugian en las instituciones y sus roles como representantes públicos. Un signo de la fractura entre política y pueblo que quedó expuesta tras el estallido social en Chile. Un factor central para entender la crisis de representatividad del sistema político.
