Opinión
Producto del estallido social y ante la inminente entrada a un ciclo de baja económica, aumentos de cesantía e incertidumbre, ha surgido por enésima vez la propuesta de Gobierno y ahora también de los agentes económicos: la idea de un sistema consolidado de deudas. Una base de datos que registre todas las deudas de las personas –al día y morosas– ante las entidades oferentes de crédito del mercado.
Esta propuesta se ha presentado en distintas oportunidades sin prosperar, particularmente por el fuerte lobby que ejerció el retail y otros actores del mercado que sacan ventaja de la falta de información del endeudamiento de las personas.
Históricamente el retail se ha opuesto a la consolidación de la deuda, argumentando que esto provocaría que los bancos les quitarían los mejores clientes, ofreciéndoles mejores tasas de interés. Las cooperativas y cajas de compensación se oponían a que sus deudores fueran incorporados a dicha base de datos, señalando que estos eran créditos sociales. Estos son solo algunos de los argumentos que se han utilizado para oponerse a una ley que habría permitido controlar el problema de sobreendeudamiento.
Conadecus siempre estuvo a favor de consolidar las deudas –por los efectos positivos que implica–, no solo controlar el endeudamiento –positivo y negativo–, también por los beneficios que dicha información genera para los consumidores. La información consolidada de deudas permite conocer las cifras del real endeudamiento de las personas, lo cual para el mercado del crédito es crucial para poder fijar las tasas de riesgo e intereses. La certeza de la información puede significar bajar las tasas de riesgo y que las entidades financieras pueden ofertar créditos a tasas de intereses más bajas a los clientes con buen historial de pago.
Sin embargo, después de más de una década en que fracasaron todas las iniciativas presentadas, hoy hasta los mismos que obstaculizaron los proyectos presentados antaño, están solicitando al Gobierno que ponga urgencia al proyecto de consolidación de deudas propuesta en la agenda antiabusos del Ejecutivo. El nerviosismo se debe a que los informes de endeudamiento emitidos por el Banco Central dan cuenta del peligro de la inestabilidad en la cadena de pagos de los deudores y los preocupantes datos del endeudamiento de los chilenos.
Sin embargo, para que las leyes cumplan su objetivo, deben ser oportunas. En tal sentido, creemos que si la consolidación de la deuda se hubiera realizado 10 años atrás, no se habrían alcanzado los niveles de endeudamiento que registramos. Si hoy aplicamos un sistema consolidado de deudas, podría significar una negación de acceso a las fuentes de financiamiento regulares al que recurren los chilenos, el cierre del crédito en el retail y supermercados.
La realidad es que muchas familias verían afectada su capacidad de adquirir productos básicos propios del día a día, pues no olvidemos que un gran porcentaje de chilenos está comprando los productos de primera necesidad a crédito. En palabras simples, si hoy consolidamos la deuda, muchos hogares no podrán seguir “haciendo la bicicleta”, un salvavidas en la tormenta económica que enfrentamos.
Creemos necesario tener un sistema consolidado de deudas, pero también consideramos que, simultáneamente y con urgencia, el Gobierno debiera entregar propuestas de alivio para los deudores. Especialmente a los deudores hipotecarios, que son los más amenazados en tiempos de inestabilidad laboral y económica. El Gobierno anunció medidas que consideramos insuficientes para enfrentar la crisis que viene. Conadecus ha dejado claro la necesidad de hacer cambios de fondo a la Ley de Quiebras N° 20.720, lo que podría ser una alternativa de escape para renegociar y reprogramar las deudas.
