Aunque algunos desconcertados columnistas de la plaza intenten buscarle explicaciones disparatadas, el estallido social que acaba de producirse no debería ser una sorpresa para nadie. En un país donde la inmensa mayoría de sus habitantes son abusados todos los días y a cada hora, era cuestión de tiempo. En algún momento, la ciudadanía tendría que hartarse y reaccionar en consecuencia. Ocurrió el 18-O, gatillado quizás por los burlescos comentarios de los ministros y la soberbia actitud del gobierno, pero podría haberse desatado en cualquier fecha y a la menor provocación. Lo único concreto es que era inevitable.
No cabe esperar que este histórico levantamiento se apacigüe y luego, como una fogata abandonada sobre la arena, poco a poco se extinga. Tal parece que no ha hecho más que comenzar. Cuando los ciudadanos tomen conciencia de todos los abusos que hasta hoy permanecen ocultos —los tributarios, los previsionales, la propiedad de los recursos naturales, los suculentos negocios privados con recursos públicos, los sobresueldos y las súper dietas, el uso de información privilegiada, la malversación de los fondos provenientes del cobre, el derroche de dinero fiscal en honorarios y contratos truchos, la omisión en la investigación de delitos para proteger a quienes detentan el poder político y económico, el increíble desbalance en la investigación y la aplicación de la justicia, la complacencia de las autoridades ante la penetración del narcotráfico y del lavado de dinero, y un largo etcétera—, cuando los aquilaten, cuando se percaten de cómo se han gestado, se protegen y se mantienen, habrá que afirmarse para resistir el vendaval. Porque ese momento terrorífico, aunque muchos cierren los ojos y se tapen los oídos para no enterarse, se acerca.
También será el momento de pasarles la cuenta a todos aquellos que pudiendo hablar, teniendo tribuna para denunciar, disponiendo de medios y herramientas para enfrentar y combatir el abuso, han optado por mirar hacia el lado, ya sea por conveniencia, temor, indolencia o, tan grave como lo anterior, ignorancia e incompetencia.
Es por eso que llama tanto la atención que aún hoy, pese a lo que está ocurriendo, sigan haciendo la vista gorda. ¿Por qué? Difícil saberlo, pero, cualesquiera que sean sus razones, lo concreto es que les calza perfecto ese apelativo tan bien acuñado por el actual presidente: cómplices pasivos.
La lista de aquellos que conocen, o debieran conocer, los abusos económicos cometidos por quienes detentan el poder político y económico y, pese a ello, no han hecho nada para impedirlos es larga. Son todos los que tomaron palco o usaron sus tribunas para justificarlos. Usted, de seguro, conoce a más de alguno. En beneficio del espacio, sin embargo, solo me referiré a los principales. Anote:
Los parlamentarios: son los primeros de la nómina y no se salva ninguno. Los de Chile Vamos y de la ex Concertación, porque han participado de lleno en la gestación y perpetuación de los abusos (desde esa perspectiva, son más bien cómplices activos), e incluso en estos álgidos momentos lo siguen haciendo por medio de las deplorables reformas previsional y tributaria que acaban de aprobar en el congreso; los del FA, del PC y de la izquierda más extrema (Jiles y compañía,) porque, pese a su discurso contra las malas prácticas y la corrupción, no han abierto la boca ni para exponerlos en el parlamento ni para denunciarlos ante la opinión pública. Menos aún, para tratar de corregirlos (aparte de la legislativa, hay otras vías que deberían, a lo menos, haberse intentado). De manera que, o están de acuerdo con que se sigan perpetrando, o no se atreven a ventilarlos, o son tan incompetentes que no se percatan de su existencia.
Incluyo aquí a las universidades fiscales —la de Chile, la de Santiago, la de Valparaíso, la de Talca y catorce más— y a las que se autoadjudican la denominación de “públicas” pese a ser de propiedad privada —la de Concepción, la Austral, la UDP, la Mayor, la Central, las ligadas a la Iglesia y varias más—. Todas, por el hecho de definirse como públicas, tienen el deber y la obligación de analizar las políticas gubernamentales, y denunciar ante la ciudadanía los eventuales abusos que detecten en ellas como fruto de dichos análisis. Deberían ser, podríamos decir, una suerte de guardianes de la fe pública. Como veremos a continuación, sin embargo, ya sea por conveniencia, temor o indolencia, han traicionado esa condición y han dejado indefensa a la sociedad frente a quienes detentan el poder económico y político.
Las ONG cuyo propósito declarado es defender los derechos ciudadanos: Me refiero a organizaciones como Espacio Público y Chile Transparente, entre las nacionales, y a Transparencia Internacional, Ciudadanía Inteligente y las dependientes de la ONU (la CEPAL, por ejemplo) entre las internacionales. Todas contemplan como parte de sus propósitos mejorar la transparencia y combatir la corrupción —que, como sabemos, es el abuso de poder en beneficio propio—, pero en la práctica nunca se han atrevido a denunciar, ni menos a combatir, casi ninguno de esos ingentes abusos que saturan todos los ámbitos de nuestra vapuleada sociedad.
Como prueba fehaciente de lo anterior, le invito a analizar algunos de los abusos que están presentes hoy en los sistemas tributario y previsional, para observar cuál ha sido y es la actitud que estos cómplices pasivos han tenido y tienen en relación con ellos.
Hay varios, pero me limitaré a mencionar tres, por su relevancia y por el evidente descaro y desconsideración que revela su permanencia en el sistema tributario chileno: el “sistema integrado de impuesto a la renta”, el goodwill tributario y los paraísos fiscales.
El “sistema integrado de impuesto a la renta”: El nunca bien ponderado FUT (sí; aunque a usted le cueste creerlo, es el mismo FUT de Pinochet, Cáceres y Büchi) es un abuso porque obliga a todos los contribuyentes personas naturales a pagar los servicios públicos que consumen a destajo las empresas —seguridad pública; alumbrado de calles, pavimentación, aseo, ornato, vialidad, y urbanismo; todos los sistemas que permiten a las empresas comprar, vender, otorgar créditos, cobrar, exportar, importar, contratar, capacitar y despedir personal, proteger sus marcas y desarrollos industriales, resolver sus conflictos y solicitar financiamiento, entre otros; mecanismos de fomento, subsidios y apoyo a las empresas; y, quizás lo más importante, un medio ambiente propicio y una economía sana y pujante para poder desarrollar con éxito toda clase de actividades económicas—, ya que estas no los pagan porque el impuesto de primera categoría que tributan se destina a pagar los impuestos de sus propietarios.
Estos servicios públicos son indispensables para las empresas, ya que sin ellos no podrían obtener ni un miserable peso de utilidad. Gracias al “sistema integrado”, no obstante, las empresas no contribuyen a su financiamiento y somos todas las personas naturales las que tenemos que cargar con él. Eso en Economía se denomina subsidio. Gracias a este abusivo sistema, el Estado subsidia a las empresas con cargo al bolsillo de todos los chilenos, incluso de los más pobres.
Por cierto, ello redunda en que la carga tributaria real de los empresarios es mínima, con lo que se trasgreden en forma grosera, además del principio del beneficio, los de equidad vertical y horizontal que debe cumplir todo buen sistema tributario. El “sistema integrado” de impuesto a la renta es una herramienta tributaria inmoral y abusiva creada por Pinochet y sus acólitos con el propósito de concentrar la riqueza.
El goodwill tributario: Es una franquicia mediante la cual se permite que unas pocas empresas (son 241; la lista, con sus correspondientes RUT, es pública) reduzcan de manera indebida sus tributos por unos 440 mil millones de pesos al año, casi 600 millones de dólares. La rebaja es indebida porque proviene de llevar a gastos activos intangibles que nunca han tenido ni tendrás ese carácter. Con el goodwill tributario, para que tenga una idea, se llevan a gasto conceptos tales como el prestigio de una empresa, su imagen de marca, la futura plusvalía de sus bienes raíces, su cartera de proyectos, su tecnología y el know-how de sus ejecutivos, cuya consideración como tales no está aceptada ni permitida por las normas contables y financieras nacionales ni internacionales. Es, en palabras simples, una sinvergüenzura.
Los paraísos fiscales: La normativa vigente los acepta, esto es, permite no tributar en Chile a firmas que, al igual que cualquier otra empresa nacional, gestionan sus negocios desde Chile —donde tienen sus oficinas centrales y donde sus dueños, ejecutivos y empleados trabajan, viven con sus familias y educan a sus hijos—, solo porque poseen una ficticia residencia en algún paraíso fiscal. Es un abuso de marca mayor, solo explicable por el hecho de que favorece a quienes detentan el poder político y económico, entre ellos al mismísimo presidente.
Cabe señalar que las granjerías indicadas vulnerarían de manera olímpica a lo menos tres garantías fundamentales: capítulo 19 N° 2, Igualdad ante la ley, N° 20, Igual repartición de los tributos, y N° 22, No discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.
La modernización tributaria en curso era una magnífica oportunidad para eliminar esos y otros abusos que se hayan enquistados en la legislación vigente. ¿Cómo? Pues adoptando un sistema desintegrado de impuesto a la renta, donde el impuesto de primera categoría de las empresas sea de beneficio fiscal y se use para financiar el gasto público; eliminando el goodwill tributario y normando para que quienes hicieron uso de este indebido beneficio paguen los impuestos que “difirieron”; y eliminando de nuestra legislación los paraísos fiscales, además de proceder al cobro de los impuestos que dejaron de pagar quienes se acogieron a ese deleznable mecanismo de evasión.
Y era también, desde luego, la oportunidad de ver en acción a los parlamentarios, jugados por la transparencia y el combate contra la corrupción y las malas prácticas; y a las universidades y ONG empujándolos con sus denuncias y respaldándolos con sus estudios y análisis.
La comisión anticipada de administración: Cada vez que cotizamos, pagamos a las AFP una comisión anticipada por décadas (años, para los que somos mayores de 55) por la administración del 10% de nuestro sueldo que ingresa al fondo de pensiones. Lo repito para que se lo grabe: Todos los meses, casi todos los afiliados pagan a las AFP una comisión de administración anticipada por décadas.
Esta comisión anticipada tiene varios efectos nefastos para los afiliados. Como consecuencia de ella, por ejemplo, todos hemos tenido saldos negativos en nuestras cuentas individuales durante los primeros años de cotizaciones. Compruébelo usted mismo pidiéndole a cualquier afiliado con menos de dos años de afiliación que saque de sus liquidaciones de sueldo los montos totales descontados por la AFP, los sume y los compare con su saldo actual. Comprobará que este es menor que dicha suma, lo que significa que el afiliado tiene menos dinero que el que aportó al sistema de pensiones. Ha perdido dinero con su afiliación. Todos los afiliados hemos sido víctimas de ese nefasto efecto de los anticipos durante nuestros primeros años de cotizaciones (los de mayor edad, incluso, durante los diez primeros años).
Esa comisión anticipada por décadas que debemos pagarle a las AFP —solo porque el DL 3500 nos obliga a hacerlo, ya que no tienen justificación alguna— es un abuso brutal porque, aparte de lo que acabo de señalar, les permite a las AFP multiplicar varias veces las comisiones formales que cobran. El efecto financiero de todos los intereses que ganan gracias al cobro anticipado, y que los afiliados dejamos de percibir debido a él, es monstruoso. Hay allí, en la forma de cobro de la comisión, un gigantesco negocio financiero adicional que efectúan las AFP a costa de sus afiliados.
Las “comisiones fantasmas”: Durante 2018, los afiliados pagamos a las AFP aproximadamente 400.000 millones de pesos, (más de 500 millones de dólares) en comisiones adicionales a las anteriores, lo que representó un 0,3% del fondo total administrado. Son las llamadas “comisiones fantasmas”, que deberían ser gastos de las AFP porque estas se los pagan a otros fondos a los que subcontratan, pero que el DL 3500 nos obliga a pagarlas por cuenta de ellas, al igual que en el caso anterior, sin justificación alguna.
Estas “comisiones fantasmas” son un pozo negro de incalculables dimensiones. Apunte: se les descuentan a los afiliados en forma secreta, sin ser registradas en sus cuentas individuales, por lo que nadie sabe a quién se le descuentan ni cuánto (lo que lleva a pensar que podrían existir otros descuentos que tampoco son informados); se desconoce a qué empresas se les pagan, cuál es el tamaño del fondo que ellas administran, quiénes son sus propietarios (¿los mismos dueños de las AFP?) y cuál es la comisión que les pagan las AFP (hay registros de que a un fondo de inversión chileno le pagan un 1,5% anual sobre el fondo administrado, que es una comisión altísima); son pagos efectuados con recursos de propiedad de los afiliados que estos nunca han conocido ni autorizado; su límite lo fija, a su antojo, un funcionario: el superintendente de pensiones, nadie sabe en base a qué criterio.
Son comisiones que no debieran existir (estamos pagando dos veces por el mismo servicio) y respecto de las cuales, en cualquier caso, deberíamos recibir información detallada que nos permitiera despejar toda la nebulosa que las envuelve.
El sistema de desinformación de las AFP: Ningún afiliado conoce —porque las AFP no lo informan ni en las cartolas ni en sus sitios web, y porque tampoco entregan el dato cuando uno se los solicita— cuánto es el monto de su inversión previsional, debidamente actualizado a la fecha de la consulta, ni cuánto es el resultado que ha obtenido con ella , ni cuál es la verdadera rentabilidad de su cuenta individual. Esa es información básica que todo inversionista debería conocer, pero que las AFP, con la complicidad de la SP y la anuencia del poder judicial, ocultan a los afiliados.
¿Por qué ocultan esos datos? Por una razón muy simple: si los afiliados los conocieran, se percatarían de que toda esa información que las AFP y la SP difunden en forma profusa no corresponde a su realidad. Se darían cuenta, por ejemplo, de que las rentabilidades publicadas por la SP no son las de las cuentas individuales, sino apenas un promedio que no considera los costos incurridos por los afiliados para obtenerlo. Se enterarían que las rentabilidades reales de los afiliados son muy inferiores a las publicadas y que son negativas durante los primeros años. Tomarían conocimiento de muchas cosas que hoy las AFP mantienen bajo estricto secreto, porque la triste verdad es que este sistema, el de las comisiones anticipadas y fantasmas, fue concebido como un fantástico negocio para las AFP (y para las compañías de seguros, por medio de las rentas vitalicias), pero es pésimo para los afiliados (como lo comprueban, por lo demás, las ínfimas pensiones que genera).
Cabe señalar que los tres abusos mencionados vulnerarían de manera inapelable a lo menos tres garantías fundamentales: capítulo 19 N° 2, Igualdad ante la ley, N° 22, No discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, y N° 24, Derecho de propiedad.
Una modernización previsional era una magnífica oportunidad para extirpar todos esos abusos que se hayan enquistados en el DL 3500. ¿Cómo? Pues eliminando las comisiones anticipadas y fantasmas y reemplazándolas por comisiones vencidas pagadas sobre el saldo administrado (no más de un 0,2% anual) y obligando a las AFP a informar online el monto actualizado invertido, el resultado obtenido y la verdadera rentabilidad de la cuenta individual de los afiliados (un recordatorio: el monto invertido está conformado por el 10% de la renta imponible que va a parar al fondo de pensiones más el porcentaje de comisión anticipada que cobran las AFP, que varía entre un 0,69% y un 1,45% de ella).
Y era también, al igual que en el caso anterior, la oportunidad de ver en acción a los parlamentarios, jugados por los intereses de los afiliados y por la transparencia; y a las universidades y ONG apoyándolos con sus denuncias, estudios y análisis.
¿Qué ocurrió, no obstante?
Pues que pese a todo lo anterior, el gobierno, apoyado por la antigua concertación, aprobó una “modernización” tributaria que considera el retorno del FUT, esto es la integración total del sistema para las empresas con ventas inferiores a las 72.000 UF, y que ni siquiera toca con el pétalo de una rosa al goodwill tributario ni a los paraísos fiscales. También, con el apoyo de la DC, aprobó una reforma previsional que mantiene sin variación alguna las comisiones anticipadas y fantasmas y que no incluye la obligación para las AFP de entregar a sus afiliados la información que hoy les ocultan.
¿Qué hicieron los cómplices pasivos al respecto? Veamos:
Ya está dicho que Chile Vamos y la DC se cuadraron como tabla con la decisión del gobierno de mantener vigentes todos los abusos tributarios y previsionales. La ex concertación lo hizo de igual manera con los abusos tributarios. Por su parte, el FA, el PC y la izquierda extrema, supuestamente jugados por la transparencia y la lucha contra el abuso, guardaron un sospechoso silencio. Ni Giorgio Jackson, ni Gabriel Boric, ni Gael Yeomans se pronunciaron respecto de ninguno de los abusos mencionados. Tampoco Karol Cariola ni Camila Vallejo, ni menos Pamela Jiles, que parece tan obsesionada en echar abajo el próximo plebiscito que eso no le da tiempo para preocuparse de otras materias.
No cabe esperar de ellos reservas de constitucionalidad ni recursos presentados de manera oportuna ante el TC. Tampoco, recursos de protección masivos presentados ante el poder judicial. Las patéticas reformas serán promulgadas y los abusos se perpetuarán, por lo menos hasta que un nuevo gobierno que respete los derechos ciudadanos y entienda contabilidad, tributación y finanzas básicas decida hacerse cargo del tema.
¿Y las universidades públicas? ¿Y las ONG cuya razón de ser es la lucha contra los abusos? ¿Qué hicieron durante la tramitación de estas dos reformas? ¿Algún mínimo aporte?
Antes de contestar, hagamos un pequeño alcance: no se requiere de un contundente bagaje técnico para reconocer los abusos mencionados. Saber usar Excel y disponer de conocimientos financieros básicos son suficientes para incluso calcular la magnitud del abuso financiero que cometen las AFP por medio de las comisiones anticipadas. Un poco de investigación en el sitio web de la SP permite obtener bastante información acerca de las comisiones fantasmas. También se requieren conocimientos financieros mínimos para entender que la rentabilidad que publica la SP no es la de las cuentas particulares de los afiliados. Para comprender los abusos tributarios se precisa de información que está ampliamente disponible en internet, tanto en inglés como en español. De manera que ni las universidades (¿dónde estaban las facultades de economía y negocios?) ni las ONG (¿no hay en ellas personas que entiendan de contabilidad, finanzas y tributación?) tienen cómo justificar su actitud cómplice.
Porque ninguna, pero ninguna en absoluto, tocó siquiera de soslayo estos enormes, brutales abusos. Ni siquiera un análisis de la integración desde el punto de vista de los principios tributarios. Menos aún alguna explicación de por qué este sistema casi no es usado por las naciones más desarrolladas. Tampoco algún aporte respecto de las granjerías indebidas que están incorporadas en la actual normativa tributaria. ¡Qué hablar del tema previsional! Dígame, ¿cómo es posible que en todos estos años nada se haya dicho de las comisiones anticipadas? ¿Que no se hayan estudiado a fondo las comisiones fantasmas? ¿Que ninguna de estas organizaciones se haya atrevido a denunciar que los afiliados a las AFP no tienen acceso a la mínima información básica que debe conocer un inversionista?
Usted podría plantearse varias preguntas al respecto, tanto respecto de los parlamentarios como de las universidades y ONG. Me permitiré dejarle cuatro: ¿por qué actúan así todos ellos? ¿Algún día cambiarán su actitud? ¿Por cuánto tiempo más tendremos todos los chilenos que seguir soportando todos estos bestiales abusos? Y, por último, ¿usted realmente confiaría en estos parlamentarios para redactar una nueva constitución libre de abusos?
Piénselo.
