Cuarenta años después del caupolicanazo

El primer acto multitudinario realizado en Chile después de siete años de una durísima dictadura se realizó en el teatro Caupolicán el 27 de agosto de 1980. Convocado por todas las fuerzas de la oposición, su objetivo era rechazar tanto la Constitución propuesta por el régimen como el plebiscito convocado para sancionarla.

El teatro desbordaba de público, varios miles quedaron fuera, y todo ese sector de la ciudad estaba rodeado de fuerzas policiales amenazantes y fuertemente armadas. El ambiente era combativo y tenso. Para todos era un motivo de fuerte emoción volver a verse congregados tras una causa común, habiendo vencido el temor de concurrir a una convocatoria de incierto desenlace.

La tensión provenía del hecho de que se había resuelto que el orador único sería el Presidente Eduardo Frei Montalva, quien siete años antes había justificado, incluso internacionalmente, el golpe de Estado de 1973. La mayoría del público se identificaba con la Unidad Popular y el recuerdo y el homenaje al Presidente Allende resonaban con fuerza en el estadio, ya antes que se diera paso al discurso de fondo. Con todo, se impuso la voluntad unitaria de la mayoría y la prestancia de ánimo del ex Presidente, que pudo iniciar su intervención y terminó ovacionado.

A cuarenta años de este episodio y a pocas semanas de la convocatoria al plebiscito de abril, bien vale recordar lo que en representación del conjunto de la oposición se planteó en aquella oportunidad.

Frei habló en nombre de la mayoría nacional: “Después de tantos años nos encontramos aquí reunidos. Representamos hoy la continuidad histórica de Chile y la voluntad de la inmensa mayoría de chilenas y chilenos”.

Luego descalificó tanto el plebiscito como los contenidos de la Constitución propuesta: “Este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad”. “Aprobar esta Constitución y sus artículos transitorios contradice toda la historia de Chile”.

Junto al rechazo a la Constitución y al plebiscito, Frei planteó “una alternativa para Chile, que le permita retomar la democracia debidamente renovada”. Esta, constituía todo un Programa para la recuperación de la democracia. El primer paso era “que se organice de inmediato un Gobierno de Transición cívico-militar cuyos objetivos básicos serán restablecer durante un plazo de dos o tres años como máximo las condiciones para restañar las heridas del pasado, restablecer la unidad nacional y la paz entre los chilenos, recuperar el pleno ejercicio del régimen democrático y garantizar la seguridad interna y externa de los chilenos”. Se señalaba que “una vez constituido este Gobierno de transición se elija por votación popular una Asamblea Constituyente u otro mecanismo auténticamente representativo… que tendrá a cargo la elaboración de un proyecto de Constitución, que se someterá a plebiscito, bajo un sistema que dé absolutas garantías…”.

Tal fue el programa del conjunto de la oposición durante los años siguientes: Gobierno de Transición y convocatoria a una Asamblea Constituyente que diera origen a un nuevo orden democrático. Ello suponía una estrategia política que se denominó de ruptura democrática, en la que una activa y creciente movilización de masas produciría un quiebre en las fuerzas civiles y militares que sustentaban al régimen, la caída del Gobierno de Pinochet, y su sustitución por uno de transición. El punto más alto en el despliegue de tal estrategia fueron las amplias, masivas y unitarias protestas populares de 1983.

La amplitud de las protestas fue disminuyendo al tiempo que aumentaba su radicalidad. Simultáneamente se produjeron fuertes diferencias tácticas al interior de la oposición una vez que, a partir de 1980, el Partido Comunista propuso la tesis de la “utilización de todas las formas de lucha”, lo que significaba acompañar la movilización popular con diversas formas de lucha armada, y que culminó con la creación de un brazo armado del Partido: el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Después del fallido atentado a Pinochet y del consecuente fortalecimiento de la represión, las protestas ciudadanas prácticamente se apagaron y el régimen comenzó a implementar el itinerario para la transición establecido en la Constitución de 1980. La estrategia de la ruptura democrática no logró acumular la fuerza suficiente y la oposición enfrentó el difícil dilema de concurrir o desafiar al escenario previsto en una Constitución que consideraban ilegítima en su origen y antidemocrática en su contenido

La movilización destinada a desestabilizar al régimen, propia de la estrategia de ruptura democrática fue paulatinamente desplazada por una orientada a alterar los términos de la transición establecida en la Constitución. La más amplia fue el movimiento por la Elecciones Libres. El resto de la historia es conocida: Pinochet fue inflexible en mantener el itinerario previsto. A pesar de las resistencias que ello provocaba incluso al interior del régimen, impuso su candidatura en un plebiscito del cual estaba seguro saldría victorioso y que lo consagraría Presidente hasta 1998. La oposición en su conjunto, y a distintos ritmos, resolvió sus perplejidades y bajo la conducción de la Concertación de los Partidos por el NO, concurrió y venció en 1988.

Se iniciaba así la transición democrática en el marco institucional de una Constitución considerada ilegítima por los vencedores, pero a la que juraron respeto en el acto de transmisión del mando de Pinochet a Aylwin en el Congreso pleno de marzo de 1990.

Las reformas a la Constitución fueron un objetivo permanente de todos los Gobiernos que sucedieron a la dictadura, salvo los dos encabezados por Piñera. Las fuerzas de la derecha se negaron tajantemente a una revisión del conjunto de la institucionalidad y solo estuvieron disponibles para una sucesión de reformas parciales, que fueron eliminando paulatina e inorgánicamente los rasgos más antidemocráticos de la redacción original.

La Constitución del 80, inspirada principalmente por Jaime Guzmán, estuvo construida en torno a tres principios básicos: democracia protegida, democracia tutelada y Estado subsidiario. Protegida de las mayorías. Tutelada por la Fuerzas Armadas. Estado mínimo. Los amarres de la Constitución se complementaron con las leyes Orgánicas Constitucionales que la dictadura aprobó hasta el día antes de entregar el Gobierno a Aylwin, y que requieren un quorum alto para ser modificadas (4/7).

Las principales instituciones que establecían el rol tutelar y la autonomía constitucional de las Fuerzas Armadas fueron eliminadas en la reforma promulgada en el Gobierno del Presidente Lagos en 2005. Se han modificado muy parcialmente las leyes orgánicas que regulan su funcionamiento y que les otorgan grados considerables de autonomía administrativa y financiera.

Asimismo, desde la eliminación del artículo 8 en 1989, que excluía a la izquierda del sistema político, hasta la modificación del sistema electoral binominal en 2015, se ha suprimido una serie de las instituciones de la democracia protegida. Salvo una muy importante: el sistema de quorum legislativos. En Chile son cinco, construidos sobre la lógica de dificultar la expresión legislativa de las mayorías electorales y políticas.

La concepción del rol subsidiario del Estado no ha sido modificada.

Sin duda, una Constitución cuya legitimidad de origen ha sido permanentemente cuestionada y cuya estructura fundacional tiene un inequívoco carácter autoritario ha constituido un severo límite a la calidad de la democracia construida en el país en los últimos 30 años. No es cierto, como se escucha decir a menudo, que las fuerzas de centro y de izquierda no hayan intentado modificar sustancialmente la Constitución. Con mayor o menor intensidad, las reformas fueron un objetivo permanente que enfrentó la tenaz resistencia de la derecha política, de sus apoyos empresariales, la mayoría de sus intelectuales y toda su prensa.

Solo la inmensa movilización popular desatada a partir del 18 de octubre del año pasado fue capaz de romper la irreductible resistencia del Gobierno y sus fuerzas de apoyo a abrir paso a un proceso constituyente en el que la soberanía, por primera vez en la historia de Chile, vuelve a su origen: el pueblo. La exigencia planteada por Frei en el histórico acto del Caupolicán tardó cuarenta años en hacerse realidad.

Se trata de un desafío político mayor, que deberá ser enfrentado en medio de la mayor crisis política y social vivida por el país desde la recuperación de la democracia en 1990, con un Gobierno extremadamente debilitado, una oposición fragmentada, un sistema político deslegitimado y una ciudadanía movilizada masivamente tras la demanda multifacética de profundos cambios en el orden económico-social vigente. Se trata, por tanto, de un proceso que implica un debate de fondo sobre el tipo de sociedad en la que aspiramos a vivir y al mismo tiempo de reconstitución de la legitimidad de las fuerzas y liderazgos políticos.

La primera prueba de fuego de este proceso histórico será el plebiscito del 26 de abril. Lo fundamental será el nivel que alcance la participación ciudadana. Si esta no aumenta sustantivamente la participación electoral del último periodo, que no ha superado el 50%, el proceso constituyente simplemente no será capaz de convertirse en el instrumento para superar la dimensión política de la crisis que sacude al país.

Esta vez sí: el pueblo tiene la palabra.