Opinión
La evidencia con la que contamos hasta el momento sobre el coronavirus nos aporta dos consideraciones relevantes: en primer lugar, sabemos que la forma más eficaz de aplanar la curva de propagación del contagio es limitar la movilidad de las personas – especialmente reveladora es la simulación matemática publicada por The Washington Post al respecto – y, en segundo lugar, hemos comprobado la importancia de concebir la salud pública como un derecho universal que, como ha declarado recientemente Emmanuel Macron, debe “estar fuera de las leyes del mercado”. A pesar de que la evidencia es contundente, Chile ha reaccionado con una pasividad preocupante ante el avance exponencial del virus. Medidas necesarias como el cierre de centros educacionales, fronteras o centros comerciales han sido confusas y tardías. Lo mismo ha ocurrido con el acceso a pruebas de detección de la enfermedad o con la discusión acerca de los mecanismos para evitar la especulación y el acaparamiento de mercancías. Si la evidencia es elocuente, ¿Por qué el gobierno chileno actúa de manera tan reactiva y errática? Existen múltiples respuestas a esta pregunta. Sin embargo, la orientación ideológica del oficialismo puede acercarnos al origen del problema: un gobierno que abraza una política económica de corte neoliberal tendrá siempre una tensión entre política y economía o, en otras palabras, tendrá un dilema entre intervención y libre mercado. Podemos revisar cada medida o cada propuesta y esa tensión se develará: ¿Por qué no se actúa rápidamente para controlar el precio de bienes de primera necesidad? Porque la doctrina rechaza la intervención política del mercado. Es más, el presidente de la CPC ya ha advertido sobre los riesgos de un “mercado negro” en caso de fijación de precios. ¿Por qué no se limita centralizadamente la movilidad de las personas? Porque esto afecta al consumo y al empleo y, por consiguiente, al crecimiento económico. ¿Por qué no existe una reacción pública contundente para solucionar la falta de acceso a insumos y a pruebas rápidas de coronavirus? Porque la salud pública no tiene la capacidad suficiente y la salud privada está sometida a la lógica de la oferta y la demanda. En fin, parece ser que detrás de la pasividad del gobierno existe siempre un motivo económico.
Ahora bien, parece razonable que un gobierno intente sostener la economía al tiempo que combate el despliegue de una pandemia altamente contagiosa. Este doble objetivo, en sí mismo, no es problemático, pero en Chile devela una compleja encrucijada: como hemos dicho, la evidencia muestra que para aplanar significativamente la curva de propagación del coronavirus es necesario restringir fuertemente la movilidad y recurrir al sistema público de salud. Sin embargo, limitar la movilidad se traduce en un fuerte impacto en el trabajo y Chile posee una altísima tasa de empleo informal (un 40% de los(as) trabajadores(as), según la OIT) con personas sin capacidad de ahorro debido a su alto endeudamiento. Una cuarentena total implicaría que muchas personas perdieran el sustento diario. Por otra parte, recurrir al sistema público es complejo considerando la falta de insumos y el colapso habitual que enfrentan sus centros en el periodo invernal. Por lo tanto, una pandemia hace prever un colapso aún mayor. En base a estas dos últimas constataciones, podemos completar la encrucijada: la precariedad del empleo y la debilidad del sistema público de salud no son fruto del azar: son consecuencia de un modelo de desarrollo que, siguiendo al pie da la letra los dictados del Consenso de Washington – ¡una política económica que ha sido rechazada incluso por el FMI! –, ha aumentado sostenidamente la informalidad del empleo, ha reducido el gasto público y ha privatizado derechos básicos.
Chile, entonces, no actúa según las recomendaciones de la evidencia y los(as) expertos(as) porque, en las condiciones actuales, no puede. Nuestro modelo de desarrollo nos impide tomar medidas drásticas que afecten la economía (como una cuarentena total) porque los resultados serían catastróficos para las personas – y para el empresariado –, pero tampoco tiene la posibilidad de recurrir confiadamente al sistema público para afrontar las consecuencias de no tomar esas medidas, pues la salud ha sido sistemáticamente debilitada durante casi de 5 décadas.
Si bien no parece haber salida para esta aporía neoliberal – como anuncia apocalípticamente Tomás Pérez-Acle, biólogo computacional, «dado nuestro precario sistema de salud, el 3.8% de muertos de Italia nos parecerá un edén» –, es posible hacer algo. Lo que se requiere para superar esta crisis es hacer de la salud pública la prioridad absoluta. China es un ejemplo en esto. Las tres principales medidas del gobierno de Xi Jinping para enfrentar la pandemia son: limitación extrema de la movilidad, construcción de centros especializados para tratar a contagiados(as) y fuerte inversión en detección temprana de la enfermedad. Los enormes costos económicos del combate contra el COVID-19 se verán después. La pregunta es, ¿está el gobierno de Chile dispuesto a asumir el golpe y anteponer la vida humana a otras consideraciones?
