Opinión
Ciertamente, el Coronavirus no hace distinción entre ricos y pobres: contagia por igual. Y también es verdad que, en esta oportunidad, las comunas del sector oriente de la capital, con mayor nivel de ingresos, registran más contagios, probablemente por el privilegio de los más ricos de poder viajar a Europa o Asia en las vacaciones o por negocios. Aunque esto podría deberse, además, a una menor detección de casos en comunas como Estación Central, donde las personas no van al médico a menos que estén muy mal.
Sin embargo, mientras el virus trata y tratará a todos y todas por igual, nuestro sistema de salud no lo hace. Sin medidas decididas por parte de la autoridad, la preocupante escasez de insumos que se vislumbra (ver El Mostrador del 3 de abril), golpeará con más fuerza a los sectores más vulnerables, perpetuando la discriminación estructural que caracteriza el sector salud en Chile y que ha sido diagnosticada reiteradamente en instancias como el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP. En pocas palabras, mientras no se centralice la respuesta sanitaria con criterios transversales a nivel nacional, la prevención y el cuidado serán mejor en las comunas ricas que en las pobres.
La declaración del estado de catástrofe entrega a las autoridades facultades para regular nuestros dos sistemas de salud – el privado y el público –, de tal forma que ante la crisis respondan como uno solo. Ya se han tomado médicas rápidas, como el ingreso de bonificación del test a la canasta básica de FONASA (indispensable para tener la cobertura de las Isapre) o la distribución central de las camas de cuidado intensivo (respiración mecánica), cuya implementación debe ser fiscalizada. Pero las autoridades deben hacerse cargo también de otros problemas graves, entre ellos la falta de abastecimiento de insumos básicos de higiene, la persistente mentalidad de que cada centro y hospital “se la arregle solo”, y la protección de los y las trabajadores de la salud.
Ante estas urgencias, es preocupante que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señale que los municipios pueden hacer mucho más contratando una mayor cantidad de profesionales y personal sanitario: ¿con qué dinero, si los presupuestos del sector se cubren a partir de un per cápita que se calcula por comuna? La atención y la presión sobre el servicio salud primaria en comunas con más ingresos ciertamente no es la misma que en sectores populares.
La discriminación estructural en el sistema de salud de Chile quedará de manifiesto si la salud pública se ve obligada a dar prioridad a pacientes de COVID-19, desatendiendo otros casos urgentes o graves. El efecto sería una discriminación indirecta, prohibida por el derecho internacional: sólo quien tiene los recursos para atenderse en el sistema privado podría acceder a exámenes o tratamiento de enfermedades como el cáncer. El triage de gravedad se debe realizar sobre todos los casos que se presentan, no sólo los relacionados al Coronavirus. La transparencia requiere que las autoridades informen sobre la cantidad de casos urgentes que no se pudieron atender, por ejemplo, por no disponer de salas o equipos de operación, y cuáles son los criterios con que se rechaza el diagnóstico o tratamiento de un caso no-COVID-19.
En las próximas semanas, Chile tendrá que adoptar, adicionalmente, un protocolo sobre los criterios más concretos que apliquen para tratar a pacientes de COVID-19 y cómo priorizarlos en relación con otros casos de riesgo vital como los descritos en el párrafo anterior. Criterios distintos a los estrictamente médicos (probabilidades de supervivencia y eficacia del tratamiento, por ejemplo) contravendrían la prohibición de discriminar en las garantías de salud. Una exclusión ex ante (general y automática) de ciertos grupos de personas del acceso a respiración mecánica, por ejemplo, sería contraria a esta prohibición.La crisis es una oportunidad.
Dado que es nos amenaza a todos y todas, podría ayudarnos a aprender, finalmente, a abordar la discriminación estructural que impide que gocemos de acceso igualitario a salud de la misma calidad, tanto quienes habitan en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea como mis vecinos y vecinas de Estación Central. Cualquier exclusión o dificultad de acceso hacia las personas y grupos menos favorecidos en Chile (de tez más oscura, origen social menos prestigioso o –la de mayor incidencia en el país– un bolsillo más flaco) contravendría las obligaciones que el Estado ha contraído internacionalmente.
Cierto, no todo será posible. Los recursos son limitados y eso se muestra incluso en países con los mejores y equitativos sistemas de salud del mundo. Habrá quienes morirán. Pero las obligaciones internacionales – y la dignidad de las personas – nos obligan a distribuir la escasez de manera justa, transparente y preocupándonos por todas las patologías con posible riesgo vital, no solamente COVID-19. Permitir que sea el mercado el que haga esa distribución o no crear mecanismos adicionales de solidaridad entre comunas ricas y comunas pobres sería una negligencia grave.
