Opinión
En mi calidad de presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales me he visto en la obligación de cumplir mi rol sindical, y a pesar de la pandemia, visitar a los/as funcionarios/as que cumplen sus labores en los distintos servicios estratégicos del país. Jefes y jefas de hogar que al no ser población de riesgo, asisten diariamente a sus trabajos en sistemas de turnos o en jornadas laborales especiales.
Esto en un contexto de crisis sanitaria que los sitúa en un estado emocional muy distante de la normalidad. Preocupados y temerosos de contagiarse y llegar a sus casas, los/as trabajadoras/es del Estado fuimos sorprendidos con las declaraciones del Ministro de Hacienda, Ignacio Briones y el director de la Dipres, Matías Acevedo, cuando solicitaron que los trabajadoras/res públicos, “vuelvan a sus oficinas a trabajar”, responsabilizándonos de la demora en la entrega del bono COVID19 por falta de personal. Por cierto también lamentamos que el gobierno, empecinado en promover las “bondades” del mercado y la propiedad privada, intente enemistar la función pública y el rol del Estado, con la ciudadanía.
Como todo ser humano, los funcionarios públicos tenemos el derecho fundamental a la vida, y amparados por la constitución, los trabajadoras/es más vulnerables de nuestro sector: embarazadas, enfermos crónicos y mayores de 65 años tuvieron la obligación de cumplir sus funciones desde sus hogares de manera remota, cubriendo los costos fijos de un trabajo diseñado dentro de una oficina, para cargarlos a sus economías familiares: con computadores propios, banda ancha, electricidad, agua, teléfonos celulares y utensilios necesarios para el desempeño de su función de forma inédita y circunstancial que altera el trabajo como lo conocemos. Ninguna regalía, menos cuando se nos solicitan robustos informes diarios y tareas que van más allá de nuestras jornadas laborales. Peor para las mujeres trabajadoras quienes además de enviar los informes y tareas, se ven obligadas a cumplir en sus casas múltiples labores educacionales, de crianza, alimentación y sostén financiero diariamente.
Los que no están en teletrabajo, realizan trabajo presencial, por turnos considerando el acatamiento de las cuarentenas parciales decretadas por el Gobierno. No traten de hacer creer a la opinión pública que los funcionarias/os públicos estamos en nuestras casas sin hacer nada; tenemos férreos controles de cumplimiento.
En este recorrido me enfrenté a condiciones laborales que en tiempos de pandemia, van contra la vida: funcionarias/os sin mascarillas, sin guantes, o mascarillas con más de 10 horas de uso, lo que las hace absolutamente vulnerables. Tan sólo un ejemplo: visitando a los trabajadores del Servicio de Aduanas del Aeropuerto de Santiago, constaté que no tienen overoles protectores de ropa. Después de hacer largos turnos laborales se van a sus casas con la misma vestimenta, besan a sus hijos y seres queridos; habiendo pasado todo el día en un recinto de transito con una sanitización asumida por iniciativa de los Servicios Públicos del recinto aeroportuario, supliendo la responsabilidad del concesionario privado @CL del Aeropuerto.
Entonces Ministro, ¿de qué vuelta a las labores nos habla usted? El atraso del Bono COVID19 no ha sido por falta de personal trabajando, sino porque su gobierno ha puesto el ojo donde no debe ir el paso, y han aprovechado el repliegue forzado del movimiento social, que exigía cambios estructurales, para imponer una política estatal de recortes presupuestarios, limitando las posibilidades de los Servicios públicos para poder apoyar a la ciudadanía frente una inédita crisis sanitaria que afecta a todos los habitantes de Chile. Por el contrario, respecto al sector empresarial, han anunciado una inyección de U$ 3.000 (Tres mil millones de dólares) al Fondo de Garantía de Pequeñas Empresas (FOGAPE), supuestamente para que la Banca apoye con préstamos a “pequeñas empresas”. Sin embargo, el gobierno amplía el ámbito de aplicación para que este fondo sea utilizado por empresas de ventas anuales de hasta un millón de UF (Doscientos ochenta mil millones de pesos), en circunstancias que el límite original era de 350 mil UF (Las medianas empresas son aquellas que tienen entre 25.00 a 100.000 UF de ventas anuales). Este préstamo COVID19 costo cero, que se otorgará a empresas que la banca evaluará, parece ser un negocio redondo para las financieras y el gran capital.
En general en Chile no hay una cadena productiva que vincule a las grandes y pequeñas empresas. Las grandes son exportadoras de materias primas, solo 14 por ciento se manufactura en Chile.
Efectivamente los paquetes COVID19 del gobierno no están llegando. Ni a los más vulnerables, ni trabajadoras/res, ni a quienes lo necesitan, y eso no es responsabilidad de los funcionarias/os públicos del Estado, es consecuencia de la férrea defensa que hacen del mercado y el gran capital que amparan.
Nosotros como siempre, y en cada crisis, al pie del cañón, con integridad, defendiendo los derechos de la ciudadanía. Señor Ministro, proteja y defienda a los trabajadoras/es públicos y privados: los que efectivamente dinamizamos la economía. Ahí debe poner la mirada y el paso, para que llegue la ayuda y avanzar en justicia.
