Opinión
Las crisis son útiles porque a la vez que ponen en evidencia las falencias de los sistemas también permiten generar mejoras para estos mismos, esta pandemia no es diferente y nos ha puesto frente a frente a la precaria protección que nos brinda nuestro sistema de seguridad social. Los ciudadanos establecemos un convenio con el Estado, aportamos con nuestros impuestos y nuestro trabajo, respetamos las leyes y elegimos representantes con el acuerdo explícito de recibir de este, protección. El Estado está para proteger a sus ciudadanos, a todos sus ciudadanos, no como un favor o un acto de generosidad, sino como un deber y este deber es en las crisis en donde se pone a prueba.
La seguridad social se define como “un conjunto de programas existentes que tienen por objeto proteger el ingreso de los trabajadores frente al desempleo, a las enfermedades, a los accidentes, a la incapacidad laboral durante la vejez y a sus dependientes frente a la invalidez o muerte del jefe de hogar, y finalmente, a mejorar los niveles de consumo de los menores y mayores en situación de pobreza e indigencia”. En situaciones normales podríamos decir que basta con que el Estado “administre” lo ya existente, haciendo pequeñas modificaciones según necesidad – sé que esto es mucho más complejo, pero ya habrá tiempo para desarrollarlo -; sin embargo, frente a contingencias como las que estamos viviendo, de la administración el Estado debe pasar a la acción y generación, esto es, a asumir la responsabilidad política que le cabe y dar respuesta a los estados de necesidad entendiendo que no puede basarse solamente en lo que hay, sino generar las herramientas de urgencia que la situación requiere. Es aquí donde el principio básico de la seguridad social debe hacerse patente, que se define “en cuanto cada cual aporta al sistema de seguridad social según su capacidad contributiva y recibe prestaciones de acuerdo con sus necesidades, lo cual constituye una herramienta indispensable a efectos de cumplir con el objetivo esencial de la seguridad social: la redistribución de la riqueza con justicia social. La solidaridad implica la del sano con el enfermo, la del joven con el anciano (intergeneracional u horizontal), pero también entre las personas de diferentes ingresos, de los que más tienen a los que menos tienen (intrageneracional o vertical), incluso solidaridad geográfica entre regiones con más recursos y otras más pobres” y esto es especialmente importante cuando decimos “de acuerdo con sus necesidades”, pues pasa de si lo que aportaste al sistema resulta suficiente en cantidad para cubrirlas.
Todo tiene un valor y alguien debe cubrirlo pero es en situaciones urgentes en donde el Estado debe hacerse responsable de cubrir las contingencias, debe responder al deber contraído en su génesis y darle al “pueblo” el sustento necesario y comprometido; es por lo mismo que no resulta razonable que frente a la contingencia de la incapacidad de generar recursos – y no digo cesantía, porque el tema tiene más que ver con no poder trabajar, más que no tener trabajo – como primera opción se obligue a los trabajadores a echar mano de los propios ahorros, permitiéndose que sus derechos laborales se vean flexibilizados a un punto que podría considerarse vulneración. Parte central del argumento del Gobierno tiene que ver con proteger a las empresas que no podrían generar ingresos por lo que no estarían en condiciones de cumplir con sus obligaciones – laborales – y como emblema de esto se pone a la micro y pequeña empresa. En efecto, una empresa pequeña, con apenas un par de decenas de trabajadores se verá complicada, pero ¿qué pasa con las grandes empresas que han sido las primeras en aprovechar las flexibilidades impulsadas por el Gobierno? No deja de ser interesante que grandes cadenas como Starbucks hayan decidido acogerse a la medida de “suspender” relación laboral o que LATAM ruegue por ayuda estatal debido – mediado por acuerdos de rebajas salariales con sus trabajadores – a que durante un par de meses han visto reducidas sus ventas. No se pone en duda esta situación, pero lo que llama a la reflexión es que son empresas que han generado utilidades enormes a través de los años, en la práctica trasnacionales con negocios de miles de millones de dólares, y en las que parece que todas esas utilidades se han desvanecido, la “ganancia” hoy se alza en su más absoluta esencia, que implica que para los dueños de estas empresas lo “ganado” es mío y si la empresa tiene problemas no tiene por qué tocarse – la intocable “separación de patrimonios” defendida a rajatabla por el mercado -, lo que lleva a un punto aún más complejo que tiene que ver con en qué medida estas empresas están afectando sus márgenes de utilidad para enfrentar la crisis, o sea, pido ayuda porque estoy vendiendo menos, pero ese “vender menos” implica que también estoy “ganando menos”, que he bajado el porcentaje de utilidad esperado en cada venta, o solo se refiere a la venta neta. Lamentablemente sobre esto es poco puede hacer el Estado con la normativa jurídica actual, en efecto no podrían afectar los patrimonios de los dueños de las empresas para un “rescate” porque estos ya tienen su gravamen particular, entonces cuando la empresa muestra números rojos, independiente de la ganancia de periodos anteriores – ya retiradas -, estos son reales y debe actuarse con base en ellos. Así es que cuando Starbucks habla de crisis y decide enviar a sus trabajadores a depender del seguro de cesantía es verdad, más allá de que en el trimestre anterior haya generado millones de utilidad.
Hoy se ha optado por asumir como “cesantes” a los trabajadores “flexibilizados” y utilizar la herramienta del seguro de cesantía, esto puede ser práctico para el Gobierno pues le permite utilizar recursos presentes en el mercado para enfrentar la contingencia, generando bajo nivel de deuda y evitando inyectar recursos nuevos, o al menos inyectarlos en menor medida; sin embargo esto genera varias situaciones: primero, como alternativa concreta, solo beneficia a quienes cuentan con un contrato vigente, dejando a los trabajadores informales, por cuenta propia o sin empleo sin la opción; segundo, obliga a los trabajadores a acogerse a un beneficio que implica la utilización de los fondos propios, ahorros para cesantía, y a aceptar una merma en su remuneración (el seguro parte con un pago decreciente del 70% del sueldo); y tercero, deja en una nebulosa qué sucederá cuando, una vez superada la pandemia, el trabajador quede sin empleo y al intentar utilizar el beneficio no cumpla con los requisitos para este. De forma muy confusa el Gobierno ha intentado explicar que esto no debería suceder, que pasada la emergencia los trabajadores podrían volver a utilizar el seguro, confusa porque no han aclarado la forma en que esto se haría, la ley tiene sus formas y deben cumplirse, y porque tampoco se ha dejado claro de dónde provendrían estos recursos.
Pero hay otro ámbito que es necesario analizar y tiene que ver con cuál es la posición del Gobierno – y digo Gobierno en cuanto administrador actual del aparato del Estado – que parece más interesado en proteger a la gran empresa – el último paquete de medidas que a apunta a la Pymes aun ni siquiera es presentado como propuesta al parlamento -, con un enfoque macroeconómico, que en tomar medidas que apunten de manera directa y valiente para responder a las necesidades de la economía interna. Se observa una tozudez en mostrar un país ordenado y seguro para la inversión extranjera, se esfuerza por mantener el sueño del “jaguar” de Latinoamérica o del “oasis” del que hablaba Piñera una semana antes del estallido social, negándose a reconocer los problemas estructurales que la crisis nos ha mostrado, tales como el enorme porcentaje de población no cubierta por el actual sistema de seguridad social – de la mano con el aumento sostenido que ha tenido el trabajo por cuenta propia y el sub empleo que de manera técnicamente reprochable se insiste en llamar “emprendimiento”, esto señalado por el mismo Banco Central en donde en un estudio del año 2018 dice que “aproximadamente dos tercios del empleo creado entre el 2014 y el 2017 corresponden al sector informal de la economía, sector que sirvió como amortiguador del desempleo entre el 2014 y el 2016, periodo en que el empleo formal sufrió una gran contracción” (pág. 112, https://si2.bcentral.cl/public/pdf/revista-economia/2018/ago/rec_v21_n2_agosto2018_pp108-127.pdf) -; o a la disminución de los ingresos de los trabajadores, cosa que ha sido ampliamente denunciada por la Fundación SOL, entre otras (aquí un muy interesante estudio realizado por ellos el 2019 http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2019/08/Los-Verdaderos-Salarios-ESI-2018-1.pdf), lo que ha llevado a una ampliación directa de la brecha de ingresos entre quienes ganan más y menos en nuestro país. Junto con esto, además han quedado demostradas las limitaciones normativas que el Estado tiene para enfrentar la crisis y que le impone la misma Constitución, impidiendo la intervención de empresas estratégicas, como podrían ser las energéticas, o la imposición de medidas de control sobre el mercado que afecten a la producción o regulación de precios, en la práctica ha limitado su rol a negociar con los actores, apelando a la buena voluntad, negándose por principios a tomar acciones drásticas, por no enfrentar posibles consecuencias económicas a largo plazo o políticas en el corto. Otro elemento que incide fuertemente en establecer políticas que entreguen beneficios “gratuitos” es la arraigada creencia en gran parte de la población – muy frecuente en personas de derecha – de que lo que se da “gratis” no se valora y “malenseña”, esto podría discutirse largamente pero no viene al caso, lo que sí es importante es que en este caso, en situación de crisis por pandemia, que el Estado asuma, por ejemplo, los sueldos de los trabajadores o que entregue beneficios amplios a las empresas o que derive recursos directos a población que no calificaría con los instrumentos actuales – clase media con trabajo por cuenta propia – no es estar regalando, es, por un lado, invertir en desarrollo humano, que necesariamente redundará en desarrollo de la nación, y, por otro, responder a la responsabilidad contraída con los ciudadanos, reconociendo una situación que se escapa de toda normalidad. En ningún caso se podría pretender que eso se transformara en algo permanente, eso es claro, son medidas de respuesta a una emergencia y que se circunscriben a ella.
Chile es un país que ha gozado varios años de bonanza económica y tiene una buena imagen internacional, por lo que cuenta con la posibilidad de conseguir recursos en el extranjero, como bonos soberanos, Chile puede endeudarse y eso no significa un gasto, sino una inversión a futuro, pues con ello podría emprender una profunda reforma al sistema social y económico nacional, por un lado invirtiendo en un sistema de seguridad social de verdad, ampliando las herramientas que permitan reaccionar a emergencias futuras, pero también realizar una reflexión profunda del actual estado de la sociedad y desarrollar las reformas reales que se necesitan y que la población exige con cada vez más fuerza. Podría ser, por ejemplo, que los salvatajes que las grandes empresas solicitan sean a cambio de participación en la propiedad, intervenir la banca y fijar nuevas políticas de crédito a las Pymes, que la defensa del empleo parta por la mantención de los ingresos – una forma de entender que el empobrecimiento de la población es el empobrecimiento del país – y que las medidas de subsidio apunten a las empresas directamente, de tal forma que puedan asumir íntegramente sus deberes con los trabajadores – pudiendo así, además, enfocarse en los que no se encuentran con trabajo formal -, el primero de los cuales es la remuneración, e incluso intervenir a las administradoras de fondos de pensiones para dar respuesta al enorme problema que hoy significan los montos de las pensiones… pero en realidad esto es solo una elucubración, pues para hacerlo no solo se requeriría la disposición manifiesta del actual Gobierno, que no existe, sino además afectar a los grandes grupos económicos del país que, como una economía pequeña y altamente concentrada, son pocos y muy poderosos y, por sobre todo, pasar por sobre una Constitución y sucesivos cuerpos legales elaborados a la medida de los grandes capitales – por parlamentarios contratados para ese efecto – durante más de 30 años, que impiden cualquier cambio profundo.
En resumen, la posición actual del Gobierno es gastar lo menos posible en bienestar, derivando el gasto hasta el límite de lo soportable a los recursos de los propios trabajadores – el límite podría ser los recursos de pensiones, de lo cual queda la duda de si se hace por no afectar a estas o por no generar conflictos con las AFPs, ciertamente unos de los grupos económicos más poderosos del país -, y atraer la mayor cantidad de inversión del exterior, asegurándoles el máximo de utilidad – no por nada Chile recibió una inversión extranjera récord en los primeros meses del año y en plena pandemia (https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/chile-recibe-record-de-inversion-extranjera-en-los-primeros-meses-del/2020-04-07/173002.html) -, pareciendo asumir como un riesgo más el empeoramiento de la calidad de vida de la población. No es posible construir una sociedad saludable cuando la empatía por los estados de necesidad debe primero filtrarse por criterios económicos, diseñados por y para favorecer a determinados sectores, eso no es justo, no es ético y tampoco es inteligente.
