Opinión
El impuesto a las emisiones fijas, también conocido como impuesto verde, tuvo su origen en 2014 como parte de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet. Por esos días, se presentaba como un instrumento económico que apoyaría la gestión ambiental y contribuiría a la reducción de la contaminación local y global, específicamente en el caso local a través del reconocimiento del daño de las emisiones que generan los procesos industriales, utilizando ponderadores, según sea la realidad de cada zona donde se genera la emisión.
Sin embargo, la aplicación efectiva del impuesto verde comenzó recién en 2017, con su entrada en vigencia, y cumplidos tres años de ello, durante abril de este año se han dado a conocer las cifras de su recaudación, lo que permite evaluar y preguntarnos por el real impacto que ha tenido este gravamen y saber qué tan cerca o lejos está de lo que se espera de este tipo de instrumentos.
En abril de 2018 ingresó por primera vez a las arcas fiscales un total de US$ 181 millones provenientes de este impuesto. De ese monto, el 95% del total fue pagado por centrales termoeléctricas, de las cuales el 68% provino de centrales térmicas a carbón. En los períodos siguientes la situación no ha sido distinta, ya que en las cifras entregadas durante este mes, correspondientes al año 2019, como tercer año de vigencia del tributo, se aprecia una recaudación de US$ 185,6 millones, destacando una vez más entre las empresas que más debieron tributar por este concepto las del sector de generación eléctrica, específicamente la industria termoeléctrica, que explica el 94% de la recaudación (US$175,2 millones). Esto, a pesar de que podría interpretarse como una recaudación positiva, demuestra lo contrario: por una parte, refleja lo importante que sigue siendo este tipo de generación para nuestra matriz eléctrica y, por otro, lo contaminante que es.
Es importante recordar que un gravamen como el impuesto verde debe cumplir dos objetivos: el de recaudación, como todo impuesto, y también el de corregir una externalidad negativa como la contaminación generada por los que están afectos a él, esto por su condición de “verde”. Por ello es importante que el monto del impuesto a pagar sea significativamente alto para las empresas contaminantes, pues de esa forma podrá incentivar la reducción de emisiones y con ello estimular la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud de las personas y el uso de tecnologías limpias.
El fin del impuesto verde no debiese ser la recaudación sino incentivar a las empresas a contaminar menos. Lamentablemente esto último no se ha cumplido: según el jefe de la sección de calidad del aire y emisiones atmosféricas de la SMA, Juan Pablo Rodríguez, entre varios factores, y dado que la mayor parte de la recaudación de este tributo corresponde a las centrales termoeléctricas, la tecnología de abatimiento para disminuir emisiones no está tan desarrollada. Es decir, pareciera ser que las empresas estarían prefiriendo pagar el impuesto a usar tecnología menos contaminante.
Otro aspecto que se ha criticado del impuesto verde es su sistema de recaudación, ya que aun siendo de carácter territorial, en nuestro país todos los tributos se juntan y acumulan en las arcas nacionales. De esta forma, la no distribución de la recaudación a nivel local implica que las comunidades afectadas por la contaminación atmosférica actúan como meros financistas de las arcas nacionales, aun cuando el ideal sería que los montos se redistribuyeran parcialmente en las comunas que están impactadas por dichos contaminantes, permitiendo, por ejemplo, generar acciones para la mitigación de los impactos en la salud de las personas.
Dada la promulgación de la denominada modernización tributaria durante este año, el impuesto verde experimentó algunas modificaciones que entrarán a regir a partir del año 2023, aunque dentro de estas no se contempló el aumento del valor de este gravamen (5 dólares por tonelada de CO2). De esta forma, tendremos que esperar varios años más para ver qué tanto estos cambios aportarán a la recaudación total, ya que si bien ahora se aumentarán las industrias que estarán afectas, las empresas tendrán la posibilidad de compensar sus emisiones y así no pagar el impuesto.
Desde Fundación Terram nos preocupa que este gravamen no esté cumpliendo su propósito original, esto es, incentivar a las empresas a contaminar menos, motivadas por alivianar su carga tributaria, y que para ellas sea más rentable implementar en sus procesos productivos tecnologías que permitan la reducción de sus emisiones, transición que es urgente en vista de una disminución real de las emisiones y contaminantes que hoy contribuyen al calentamiento global e impactan en la salud de la población y de los ecosistemas.
