Opinión
En período de pandemia y crisis llama mucho la atención cómo aún personas siguen pensando que el desarrollo y el bien social se debe a magia o, para los más creyentes, por obra del Espíritu Santo.
Muchos expertos han dicho que esta es la peor crisis económica a nivel mundial después de la II Guerra mundial. El número de personas muertas sobrepasa los 200 mil y en nivel de desempleo sobrepasará en muchos países el 20%.
Aún así se puede observar gente que sigue insistiendo y criticando el uso del agua para generar alimentos en forma intensiva, como si los alimentos crecieran en la góndola de los supermercados sin esfuerzo alguno. En estos momentos de crisis mundial la agricultura debiera estar considerada Actividad Humanitaria y sus insumos debieran estar asegurados, mediante la inversión necesaria para evitar cualquier falta.
En estos momentos podemos hablar de respiradores artificiales para que el área de salud no colapse, pero llevamos hablando de falta de infraestructura hídrica a nivel nacional por más de 50 años y no nos damos cuenta aún que el agua es el verdadero “repirador artificial” para la agricultura y que ella alimenta a la población mundial, no los supermercados.
Chile ha convivido con una sequía de más de 12 años y muy pocos países han tenido este nivel de problemas. Un país que tuvo una sequía similar (10 años) fue Australia, donde pasaron de una administración pública a una administración de derechos de agua y a la implementación de la demonización misma de la cual hemos sido también objeto en Chile, como es el “mercado del agua”, que en nuestro caso, mediante el Código de Aguas y la Constitución, se ha asegurado tranquilidad para el desarrollo de inversiones que permitan el cuidado de este recurso.
Australia pasó de una administración 100% pública a una administración privada con organizaciones de usuarios (los mismos usuarios poniéndose de acuerdo) supervisados por la autoridad, con derechos de agua privados y con una capacidad compradora por parte del Estado, además de reservas propias que dicho Estado dejó en sus manos. Esto suena muy profesional y clásico de países desarrollados, pues bien, Chile así lo tiene considerado en sus leyes y en la Constitución, y con multas para aquellos que tienen derechos y no los usan, o sea, existe la posibilidad de desarrollar un mercado natural del recurso hídrico y regulado por el Estado, el cual ha sido ninguneado, considerado poco humano, etc., etc. Porque todos los países pueden hablar de comprar respiradores artificiales y tener un mercado de respiradores y no considerar un mercado del agua, para que se generen inversiones y mejoras en eficiencia como todos piden, ¿pero nadie está dispuesto a financiar?
Hay voces que critican y cuestionan a personas e instituciones, pero las soluciones que dan es que el Estado se haga cargo de todo, cosa que es imposible, más aún ineficiente, ya que la agilidad que tienen los privados es inmensamente superior a un Estado estructurado y con normas aún mayores que en el área privada, pues administran las platas de todos los chilenos, sin embargo, puede ser un tremendo colaborador para que acciones privadas permitan avanzar.
Es así como el Gobierno se ha hecho parte del problema creando la Mesa del Agua, también criticada por ser poco participativa, y que considera a los gremios dentro de los participantes, dejando un poco de lado la academia y a expertos en el uso del recurso. Pues bien, si esta Mesa no existiera, es poco probable que las diferentes industrias pudieran llegar a acuerdo para avanzar en temas más ralentizados. Estamos de acuerdo en que podría ser más participativa, pero si los tomadores de decisiones no estuvieran involucrados sería imposible avanzar.
Una crítica que se puede hacer es que Chile lleva, al igual que otros países, trabajando del orden de dos décadas para solucionar el problema del agua, sin plazos, sin presupuesto, lo que hace muy difícil avanzar a velocidades de países que sí resolvieron el problema con infraestructura y gestión, pero sí tratando de resolver las demandas por medio de la modificación de las normas, como es la Constitución y el Código de Aguas, debilitando la propiedad privada, que nada tiene que ver con el derecho de agua, sino más bien con la propiedad privada.
El solo hecho de querer expropiar un derecho de agua sin pago alguno o limitar el derecho de agua por plazos (aunque el Estado con la actual legislación puede expropiar previo pago de las afectaciones), debilita la acción de cualquier agricultor que siente el riesgo que le quiten su verdadero “respirador artificial”. Un vez que se permita actuar frente al agua de esta manera, ¿por qué no pensar que puede pasar lo mismo con las empresas para terminar con la casa propia o los terrenos privados? El límite está muy cercano.
Con todo lo anterior, creo que se debiera respetar o a lo menos que sea un poco más difícil criticar y dar soluciones populistas en donde se tengan puros derechos, pero no obligaciones, cuestionando a los privados, al mercado, considerándolo el diablo mismo y a las industrias de subsistencia, como es la agricultura, motor de empleo y alimentación de la humanidad.
