Opinión
Desde el inicio de la emergencia sanitaria hemos recibido desde el Ejecutivo una serie de mensajes que intentan llevar tranquilidad y seguridad a las personas. A partir de ellos, el Gobierno de Sebastián Piñera ha colocado en la agenda pública la necesidad de proteger el empleo, dar viabilidad económica a las pymes y finalmente asegurar ingresos a las familias.
El Senado, particularmente, ha estado atento a este llamado, y ha aprobado a lo menos tres iniciativas que irían en esta línea, no sin debate, y expresando la insuficiencia de las mismas, pero asumiendo que solo el Gobierno es quien puede proponer iniciativas en estas materias.
Hemos dado cuenta de las desviaciones de la Ley de Protección al Empleo, que termina siendo utilizada por grandes empresas, y que de igual manera han desvinculado a un gran número de trabajadores, según nos demuestran las más de 11.500 cartas de despido que registra la Dirección del Trabajo solo en el mes de abril de este año.
Aún debemos conocer el impacto que dejará el Ingreso Familiar de Emergencia, que comienza a entregarse a fines de mayo. Sin embargo y tal como lo hicimos saber en la discusión legislativa, no estamos de acuerdo con los montos, ni mucho menos con la cobertura del instrumento, pues a pesar de las macrocifras dadas a conocer por el Ejecutivo, sabemos que dejará fuera del beneficio a un número importante de familias chilenas que también necesitan protección.
En esta mirada crítica, nos preocupa también, lo que ocurre con las pymes y el comercio. El Gobierno ha dado cuenta de una cantidad de más de 20 mil operaciones del denominado Crédito COVID, por un monto que superaría los mil millones de pesos, colocadas principalmente en estos sectores económicos. Pero han sido los propios representantes de estos gremios los que señalan no estar de acuerdo con las cifras.
Las experiencias que hemos conocido de los emprendedores, de los representantes del turismo, de los comerciantes y en general de las mipymes de la Región de Valparaíso es que a ellos la banca, simplemente, no les presta dinero. A veces es un “No califica”, y en otras situaciones, definitivamente son ignorados.
Algo está pasando con los instrumentos del Estado que hace que aquellos que sirven de sustento y fundamento para su aprobación, no están recibiendo el beneficio que tanto se les ha prometido. Algo falla en la focalización, en los requisitos que se les exigen a negocios que no pueden dar pruebas de gran solvencia, pues es precisamente su precariedad económica lo que las obliga a solicitar créditos y el apoyo del Estado.
Creemos que nuestro sistema económico por sí solo discrimina negativamente a aquellos que realmente necesitan de ayuda; que la banca, al verse en la libertad de aprobar o denegar apoyos económicos, prefiere siempre privilegiar a grandes clientes, antes que asumir un riesgo que para ellos no existe, pues estas operaciones cuentan precisamente con garantía fiscal.
El Gobierno no ha extremado sus cuidados, y no ha ejercido debidamente sus facultades de fiscalización, dejando una vez más al mercado una tarea para la cual la raíz ideológica de nuestra actual Constitución jamás consideró.
El Presidente Piñera, en su último discurso al país, ha reconocido y aceptado lo que hemos denunciado desde hace un tiempo, que medidas como el Fogape no están llegando ni ayudando a las mipymes, abriéndose a la posibilidad de otros instrumentos vía Sercotec u otros organismos estatales, que ayuden a quienes no están bancarizados, para no seguir dependiendo de la buena voluntad de los bancos.
Es urgente hacernos cargo de las enormes dificultades que no solo hoy, sino también en el futuro inmediato vivirán las chilenas y los chilenos. No podremos controlar esta crisis sanitaria, ni aun menos superar las dificultades económicas que se avecinan, si no aseguramos a las familias ni a quienes sustentan gran parte del empleo nacional, políticas e instrumentos que realmente les beneficien y protejan.
