Opinión
El apoyo público a las grandes empresas tiene el propósito de evitar su quiebra y la pérdida de capacidad instalada, lo que retardaría una recuperación, que ya se avizora lenta. No tiene el objetivo de rescatar a los actuales dueños. De hecho, ella deberá ser costosa para estos últimos, pero menos costosa que la quiebra, cuyos costos sociales serían mayores que los costos a sus dueños.
El Ministerio de Hacienda ha informado su intención de apoyar a las grandes empresas (aquellas que venden más de un millón de UF anuales) sobre la base de un análisis “caso a caso”. Aquí se propone una forma sencilla, efectiva y no sujeta a discrecionalidades para ayudar a dichas empresas. Si la empresa es una sociedad anónima que transa en bolsa, una manera fácil de determinar su solvencia es examinando sus FECUs (Ficha Estadística Codificada Uniforme) antes del estallido social, que afectó los resultados de las compañías a partir del último trimestre de 2019. Para empresas que no cotizan en bolsa, las FECUs pueden ser reemplazadas por los estados financieros auditados entregados al Servicio de Impuestos Internos (SII) que demuestren su solvencia previa a octubre de 2019.
Un segundo punto es identificar el mecanismo de ayuda a las grandes empresas. La indefinición del mecanismo solo conlleva incertidumbre y aumenta la probabilidad de quiebra. Para las empresas que transan en bolsa, ellas podrían emitir bonos con vencimientos de 5 a 10 años garantizados por el Estado que contengan una cláusula que las obligue a emitir acciones preferentes por cualquier saldo insoluto al vencimiento de los bonos. El precio de estas acciones sería el de mercado al momento de emitirse los bonos. Esto hace costosa la ayuda de los controladores, porque diluye su control de la empresa significativamente.
Aquellas que no estén en condiciones de emitir bonos, aun con la garantía pública, deberían tener acceso a préstamos de largo plazo con una porción de su monto garantizada por el Fogape, tal como se ha dispuesto para empresas con ventas de hasta un millón de UF (aproximadamente US$ 35 millones). Para que aquellas con ventas mayores al millón de UF no absorban recursos que ahora están destinados a empresas más pequeñas, sería conveniente abrir una ventanilla especial durante el período que dure la pandemia para ellas, con su propio financiamiento.
Finalmente, por razones éticas, como una condición necesaria para recibir cualquier ayuda estatal, las empresas deben abstenerse de distribuir dividendos. De otro modo, la ayuda estaría siendo entregada a quienes menos la necesitan. Para ello, se necesitará una modificación legal que les permita no distribuir dividendos durante el período que dura el apoyo público, ya que la legislación vigente obliga a las empresas a distribuir 30% de sus utilidades.
