Opinión
El resurgimiento de las emblemáticas ollas comunes en las comunas más vulnerables de la Región Metropolitana durante la cuarentena, es un grito desesperado de aquellos que han llegado a pasar hambre al verse imposibilitados de salir diariamente a ganarse el pan en la informalidad o precariedad de sus empleos, y la evidencia inequívoca de que el Estado llegó tarde a satisfacer una necesidad tan básica como el Derecho a la Alimentación.
Esta estrategia de subsistencia que tuvo su origen en el marco de la crisis del salitre de los años treinta y su auge durante la dictadura como una forma de organización de los sectores populares para enfrentar la falta de alimento y la desnutrición, es una respuesta urgente, comunitaria y solidaria frente a una situación que no se veía en Chile desde hacía años y que reaparece en medio de una triple crisis: sanitaria, económica y social.
Lo que se ha venido en llamar Pandemia social producto del coronavirus no es más que la expresión agudizada de la desigualdad del ingreso enquistada en Chile, que está generando que sean los trabajadores quienes paguen el costo de la crisis, con un desempleo de 15,6% en Santiago (469 mil personas) según una encuesta del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la peor cifra en 35 años; y de un 9% a nivel nacional en el último trimestre, de acuerdo al INE.
Dada la estrepitosa caída de 14% del Imacec de abril (una magnitud de la cual no se tenía registro desde la creación del índice) y la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI) de una contracción de la economía chilena de 4,5% este año, es esperable que el desempleo aumente, por lo que urgen medidas de shock para ir en ayuda de los estratos más vulnerables que se quedarán sin empleo, especialmente de esos 2 millones y medio de personas que viven en la informalidad en nuestro país.
Para complicar aún más el poder adquisitivo de las familias, el valor de la canasta básica de alimentos durante abril se encareció 1,2% (el más alto desde junio de 2016), duplicando la inflación total de dicho mes y afectando principalmente al primer quintil de la población. El Centro de Estudios de Economía y Negocios (CEEN) de la Universidad del Desarrollo, calculó que el 20% de los hogares de menores ingresos experimentaron un 1% de alza en alimentos y bebidas no alcohólicas.
A inicios de la pandemia la Cepal ya nos alertaba en su Panorama Social de América Latina que la mitad de los hogares de menores ingresos en Chile accedía sólo al 2,1% de la riqueza, mientras el 1% más rico concentraba el 26,5% de ella. Cifras que empeorarán con la recesión producto de la paralización de la economía, con una proyección de aumento de la pobreza de 9,8% en 2019 a un rango entre 11,9% y 13,7% en 2020, según el organismo internacional. En definitiva y tal como en crisis económicas anteriores, los pobres se vuelven más pobres y los estratos medios se empobrecen, mientras el ingreso de las 10 familias más ricas a nivel regional está subiendo durante la pandemia.
Por ello no es posible separar la protesta de pobladores que han salido a las calles en plena cuarentena exigiendo recursos para poder alimentarse, de lo que es el reclamo por el cambio de modelo económico que se viene instalando hace varios años en nuestro país y que estalló el año pasado con la revuelta popular.
Más que cajas con mercadería que fueron adquiridas a través de compras públicas a una gran empresa mayorista y que implican una complicada logística con las municipalidades (lo que complejiza y demora su entrega a las familias); bajos bonos por una única vez sólo para quienes tienen cargas familiares; o Ingresos Familiares de Emergencia tan bajos (sólo $65.000 por persona) que no alcanzan a cubrir siquiera la línea de la pobreza (además de tener una injustificable lógica decreciente en los meses de entrega), lo que se requiere es discutir mecanismos de redistribución del ingreso que tengan efectos permanentes y que constituyan un Nuevo Pacto Social por la Equidad y la Igualdad.
Transferencias monetarias directas
La Renta Básica Universal (RBU) es una propuesta de economía política que desde hace un tiempo se discute en sectores progresistas a nivel mundial, como una garantía de ingresos que pagaría el Estado a todos los ciudadanos sólo por el hecho de serlo, que se constituye en una herramienta redistributiva de la riqueza a través de transferencias monetarias directas. Una suerte de Ingreso Universal Incondicional de Cobertura, independiente de las condiciones de empleo o nivel de ingresos de las personas.
Frente a la recesión global que se aproxima, la RBU comienza a aparecer como una alternativa para enfrentar el aumento del desempleo y la pobreza en algunos países como España, por ejemplo, pero acotada en el tiempo mientras dure la pandemia y dirigida al segmento más vulnerable (en vez de la idea inicial de alcance universal).
La propia Cepal ha propuesto para la región latinoamericana que los Estados impulsen un Ingreso Básico de Emergencia para que los ciudadanos y ciudadanas tengan un ingreso de supervivencia para enfrentar la crisis económica, que considera podría ser el primer paso hacia un Ingreso Básico Universal. Cepal calcula que dicha medida de emergencia tendría un costo de 2% del PIB si se aplica por seis meses, cifra que no considera muy alta si se contrasta con el 6,8% del PIB que alcanza la evasión de impuestos en promedio en la región.
Dado que se trata de una transferencia directa de recursos, una Renta/Ingreso Básica de Emergencia permitiría a las familias adquirir alimentos y víveres para subsistir durante la cuarentena, dada su imposibilidad de salir a trabajar. A la vez, actuaría como estabilizador económico automático, incrementando la demanda de bienes y servicios, y dinamizando las economías locales al comprar los productos en los almacenes de barrio. En definitiva, la Renta Básica de Emergencia genera -a la vez- un círculo virtuoso de protección para las familias y un estímulo económico al mercado, acelerando la recuperación post pandemia.
Margen para aumentar Gasto Público
Los múltiples paquetes de medidas impulsadas por el Ejecutivo en estas semanas, en principio, alcanzan un gasto público de alrededor de un 7% del PIB; sin embargo, al distinguir el gasto efectivo de medidas que sólo son postergación de pagos por parte de las empresas, el incremento sólo sería el 3,5% del PIB. A esa cifra se llega si se estima la proyección de la deuda pública chilena al 2021: ésta sólo aumentaría de 32,2 puntos del PIB antes del incremento del gasto, a 35,7% considerando la ayuda fiscal. En consecuencia, Chile aún cuenta con un margen de maniobra para endeudarse y es urgente que lo haga para proteger a las familias frente al galopante aumento del desempleo y la constatación de que la informalidad probablemente es mayor a la habitualmente estimada, alcanzando a dos millones y medio de personas.
Al llegar con las canastas básicas de alimentos al 70% del 40% más vulnerable -como corrigió a la baja la autoridad de Desarrollo Social-, el gobierno sigue aplicando una lógica de focalización propia de políticas sociales de la década de los noventa, cuando lo que se requiere son medidas de shock ante un escenario sin precedentes.
Ante situaciones excepcionales, las respuestas estatales también deben serlo, dada la gravedad de la coyuntura que enfrentamos. Éste es el momento de echar mano a recursos que se han acumulado en ciclos económicos alzistas y a la disciplina fiscal ejercida durante años por Hacienda. Es tiempo de superar dogmatismos neoliberales y de usar mecanismos como el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) para incrementar el Gasto Público -como sugiere la Propuesta Económica del Colegio Médico-, que acumula US$12.000 millones y que fue creado, justamente, para enfrentar ciclos económicos adversos como el actual. Si no es ahora, cuándo.
Dado que la crisis sanitaria tiene un carácter que se podría considerar estacional (incluso con un comportamiento de la curva relativamente estimable de acuerdo a la experiencia asiática y europea), que generará costos transitorios y que Cepal proyecta una rápida recuperación económica en 2021, Chile debe movilizar recursos fiscales, incrementar el Gasto Público y aplicar medidas contracíclicas que estimulen la economía a nivel local ahora, para que el crecimiento negativo se extienda lo menos posible en el tiempo.
Así como a nivel sanitario la estrategia de asumir inicialmente los costos de paralizar la economía a través de cuarentenas obligatorias aplicadas tempranamente (a la inversa de la apuesta dinámica), tiene más probabilidades de contener los contagios cuando hay pocos casos de coronavirus (como lo hizo exitosamente Nueva Zelanda); a nivel económico, pareciera más eficaz incrementar el gasto fiscal en esta etapa para disminuir el riesgo de caída en la pobreza de amplios sectores de la población, que luego tener que gastar mucho más para contrarrestar sus efectos sociales cuando ya se haya incrementado.
Son tiempos de urgencia en que está en juego la vida humana (tanto por el coronavirus como por el hambre), por lo que parte del financiamiento de las medidas de shock que las personas y las pequeñas y medianas empresas necesitan también puede provenir de nuevos impuestos a los sectores que concentran la riqueza.
Varios parlamentarios están proponiendo un proyecto de ley que grave con un impuesto transitorio al 2,5% del patrimonio de los chilenos súper ricos, que se cobraría por una sola vez y que podría recaudar unos US$6 mil millones para enfrentar la crisis económica y sanitaria. Dada la estructura desigual de la sociedad chilena fomentada por el modelo económico neoliberal e incrementada por la pandemia, tal vez el 1% de los propios multimillonarios (varios de los cuales incluso están rankeados por la revista Forbes) debiera aportar de manera permanente con un impuesto a la riqueza como una forma de invertir en “paz social”.
Recordemos que Chile enfrenta la crisis sanitaria y económica en medio de una revuelta social latente, lo que hace aún más urgente una fuerte intervención estatal, con un rol activo que supere dogmatismos económicos de austeridad y contrarreste el ciclo a la baja de la economía con mayor inyección de recursos, para cumplir con su obligación de proteger la salud y la vida de habitantes del territorio que hoy están pasando hambre.-
