Opinión
El ministro Briones anunció medidas de apoyo a grandes empresas y beneficios tributarios. Una rebaja del impuesto a las pymes del 25% al 12,5%, la aplicación de la depreciación instantánea completa (rige actualmente solo para el 50% de inversión en activos fijos), la cual tiene una merma tributaria, pero favorecería la inversión de empresas más grandes intensivas en capital y con mayores niveles de activos fijos. Se establece además un colateral estatal (Fogape Plus) del 60% para créditos a grandes empresas y se exige remunerar la garantía estatal en función del riesgo.
También se menciona la posibilidad de introducir ahorros tributarios para accionistas (incentivos al capital en relación con los incentivos que ya tiene la deuda por deducción de gastos financieros en el estado de resultados). Este sistema (“allowances for capital equity”, ACE), implantado en algunos países europeos y también ya en desuso en algunos de ellos, busca generar que los accionistas y/o dueños del capital tengan mayores rentabilidades y más incentivos a la inversión (en el margen más capital y menos deuda en la estructura de financiamiento de las empresas).
Para esto se consideran costos de capital nocionales (por ejemplo, la tasa de retorno normal del sector industrial en el que se encuentra la firma, la tasa de interés de un papel de largo plazo del Banco Central u otro), los cuales reducen la base a tributar, elevando la rentabilidad de invertir a través de estos aportes de capital, lo cual es especialmente valido para empresas en bolsa y de alto patrimonio bursátil. Un aspecto para considerar es que la base gravable se estrecharía con estos beneficios tributarios para el capital, y habría que incrementar la tasa corporativa (esto no debe estar en el proyecto) para mantener la recaudación actual, sobre todo con la mayor presión fiscal que se deriva de los actuales y futuros planes fiscales.
El ministro plantea todas estas rebajas tributarias en conjunto con la aprobación del fondo extrapresupuestario en discusión (su rango fluctúa entre 10 mil a 12 mil millones de dólares), el que se gastará gradualmente de acuerdo con la magnitud de los efectos adversos de la pandemia para proteger los ingresos de las familias, de las empresas y posteriormente para reactivar la economía (versión Briones y versión Colegio Médico-transversal se parecen bastante). El financiamiento del fondo vendrá de recursos soberanos y de mayor deuda pública, mientras las potenciales rebajas tributarias, de no darse los supuestos incluso conservadores, podrían acrecentar la presión sobre las ya menguadas finanzas públicas.
Un riesgo que acecha y que podría complejizar la actual modelación de deuda pública y de déficit fiscal, es un nuevo 18-O pospandemia con demandas sociales aún insatisfechas y que el sistema político debería procesar para “no caer en default” como en octubre pasado. Si esto ocurre con un debilitamiento de la actividad, en el empleo, y con un menor dinamismo tributario y mayor déficit fiscal (aún mayor), las perspectivas de una rápida recuperación para la economía chilena no se cumplirían. Y volver a los equilibrios fiscales será cosa del pasado.
