MERCADOS|OPINIÓN
La semana pasada el Gobierno llegó a un acuerdo con algunos partidos de la otrora Concertación para un plan de apoyo a las familias más desprotegidas por un monto de alrededor de US$12 mil millones. Para algunos podrían usarse fondos soberanos –depósitos del Gobierno en instituciones financieras internacionales–; otros, en cambio, prefieren usar deuda, considerando que las tasas de interés están particularmente bajas en este momento. El proyecto está en discusión en el Parlamento, por lo que aún podría cambiar en cualquier sentido.
Sin embargo, si se recuerdan otros eventos similares, este tipo de mecanismos termina con que es la sociedad en su conjunto –particularmente los sectores medios y bajos– la que termina pagando los costos.
Ramón López y Gino Sturla, investigadores de la Universidad de Chile, presentan una alternativa diferente para financiar y enfrentar la situación actual. “Los niveles de desigualdad y sobre todo concentración de la riqueza en Chile son abismales, tal vez entre los más altos del mundo, lo cual pone en valor impuestos a la riqueza que tienen el potencial de corregir esta desigualdad en sus raíces más profundas”, afirman los autores. Además, cabe destacar que la carga tributaria del país es una de las más bajas en la OECD y, más aun, el sistema tributario del país ha tratado los ingresos provenientes del capital de una manera extraordinariamente preferente, prácticamente evitando la aplicación de royalties sobre las rentas económicas.
Las ganancias de capital prácticamente no están sujetas a impuesto. Los autores consideran que el costo fiscal necesario para socorrer a las familias más necesitadas será de US$15 mil millones (casi un 6% del PIB), pero, a diferencia de la propuesta gubernamental y de algunos economistas de la antigua Concertación, se propone que una parte significativa de ese financiamiento provenga de una contribución de los sectores más ricos de la población. López y Sturla, con lucidez indican que «no basta con vagas promesas de que en el futuro vamos a promover una reforma tributaria que nadie sabe cuándo ni cómo se va a implementar. Por esto es necesario que ahora se busque un pacto social que contemple una contribución inmediata y significativa de los super ricos para financiar los costos sociales de la crisis. Además, ese pacto social debe contemplar un detallado compromiso de aplicar, en un plazo de no más de 2 años, un importante programa de reformas estructurales destinadas a satisfacer las demandas sociales pendientes desde el estallido social del año pasado”.
Ya no es tiempo de discursos vacuos; la realidad muestra que en EE.UU. el 0,1% de la población adulta concentra un 20% de la riqueza privada total (Saez y Zucman, 2019); en Chile, señalan López y Sturla, el 0.1% concentra un 34%. El grado de concentración de la riqueza se confirma con otro estudio de la Universidad del Desarrollo (2019) que concluye que los 33 grupos económicos más importantes del país tienen un patrimonio bursátil de US$ 61.222 millones y un total de activos equivalente a US$ 347.397 millones (más que el PIB total anual de Chile). Los indicadores financieros de las principales empresas controladas por estos grupos reflejan que la relación entre patrimonio y activos es de un 45%. Así, el patrimonio bursátil corresponde a un 40% del patrimonio total de los super ricos.
Como se sabe, Chile tiene bajos niveles de impuesto a la renta, casi no aplica royalties y la mayor parte de las ganancias de capital están exentas de todo impuesto. En general, la legislación chilena trata los ingresos de capital de manera mucho más favorable que la mayoría de los países que tienen impuestos patrimoniales.
Esto hace que los impuestos patrimoniales en Chile sean más necesarios que en países que tienen impuestos a los flujos de ingresos mucho mayores y que tratan a los ingresos provenientes del capital de una manera bastante menos favorable que en nuestro país, enfatizan López y Sturla.
El estudio evaluó dos esquemas impositivos que, en todo caso, afectarían apenas a 9.063 personas en Chile: i) dos tasas (1.5% y 3.5%) y ii) una tasa única de 2.5%; ambos con un monto exento de US$ 5 millones. La recaudación efectiva estimada correspondería a US$ 5.410 millones para el caso de dos tasas y de US$ 5.013 millones para el caso de una tasa única. Los montos totales están en torno a 2 puntos porcentuales del PIB del país y permitirían financiar más de un tercio de un plan masivo de apoyo a los hogares del país y las pequeñas empresas, los cuales han sido afectados profundamente con la crisis social experimentada desde octubre del año 2019 y la actual crisis sanitaria.
Un impuesto como el que se propone en el trabajo de López y Sturla permitiría reducir la necesidad de endeudamiento del país y evitar así un descenso agudo en las clasificaciones de riesgo y los costos futuros del endeudamiento, considerando que el mercado internacional de capitales no ofrecerá, luego de la pandemia, las mismas condiciones previas.
Cabe consignar que países como Italia y España están asignando recursos por alrededor de 10% del PIB para la reactivación pospandemia, es decir, el doble de lo que hoy se discute en Chile. En consecuencia, esta propuesta complementa y no elimina usar los fondos soberanos y el gasto fiscal que se requiere y otras medidas que se están estudiando, como la posibilidad de que el Banco Central compre bonos gubernamentales en situaciones de crisis como la actual. Esto –prohibido hasta ahora– podría también aliviar a empresas y familias en sus necesidades actuales.
