MERCADOS|OPINIÓN
Tras la llegada de la pandemia y la instalación masiva del teletrabajo en el mundo, se nos invita a reflexionar sobre una posible aceleración de una reconfiguración del trabajo. Ha quedado en evidencia cómo una serie de labores, que antes de la pandemia se realizaban de manera presencial, podrían realizarse perfectamente a distancia. En Chile esta modalidad se ha incorporado en su mayoría en trabajos del sector privado, pero aún lejos de constituirse como regla general.
Según autores cómo Jeremy Rifki y André Gorz, este proceso proviene desde antes de la pandemia. El mundo había comenzado una transición paulatina hacia un capitalismo cognitivo, es decir, como plantea Negri, se constituye un sistema con mayor importancia en el “valor saber” que en el “valor trabajo” tradicionalmente concebido (medido por el tiempo de labor). Ejemplo de ello es la creciente cantidad de trabajadores que producen bienes inmateriales, como por ejemplo los trabajadores de la cultura de producción teatral, televisiva, musical o cinematográfica.
Argumentos que se sostienen en la tesis del “fin del trabajo”. Sus defensores plantean que el pleno empleo ya se ha vuelto inaccesible. Frente a ello ha surgido la idea de la asignación universal, desacoplando el ingreso del empleo a fin de garantizar recursos mínimos para las personas. Por otro lado, plantean que cada vez más el trabajo humano será sustituido por la tecnología. Para los “cognitivistas” esta es una buena noticia, pues es una manera de superar la explotación capitalista de los seres humanos por otros seres humanos.
Ante dicha tesis, cabría preguntarse si la tecnología finalmente reemplazará el trabajo humano y, en segundo lugar, si la crisis sanitaria acelerará tal proceso. Una de las voces críticas del “fin del trabajo”, Michel Husson, sostiene que el desarrollo tecnológico no es reductor de empleo humano, ya que las máquinas deben diseñarse, montarse y mantenerse, lo que implica incorporar trabajo humano. Por tanto, no significa que habrá menos trabajo, sino de una incorporación de nuevos trabajos.
Frente a este debate, surgen dos posibilidades, que exista una aceleración del reemplazo de operarios por nuevas tecnologías, aumentando definitivamente el trabajo cognitivo o bien un reemplazo masivo tras la incorporación de nuevos trabajos dependientes de humanos (con uso de tecnología). Ante cualquiera de las dos opciones se prende una alarma: las dificultades de reinserción laboral de los viejos empleos existentes antes de la pandemia.
Frente a esta posibilidad, es necesario reabrir el debate sobre la renta básica universal, la cual deviene de un derecho a un monto mensual que supere la línea de la pobreza. Según el sociólogo Olin Wright, esta renta “se otorga de modo incondicional contra la realización de cualquier tipo de trabajo o cualquier otra contribución, y es universal, esto es, lo reciben todos, los ricos y los pobres por igual. Los pagos son individuales y no a las familias”.
A su vez, este ingreso generará la eliminación de una serie de transferencias redistribuitivas, como por ejemplo “los pagos sociales, los subsidios familiares, el seguro de desempleo, las pensiones sufragadas con impuestos”, dado que el ingreso básico será suficiente para proporcionar a todos una subsistencia decente. A su vez, el ingreso básico universal generaría la eliminación de la pobreza, el contrato de trabajo se aproximaría a un servicio voluntario, las relaciones de poder entre trabajadores y capitalistas se hacen menos desiguales, aumenta la posibilidad de que la gente forme asociaciones cooperativas para producir bienes y servicios que satisfagan necesidades al margen del mercado
En Chile, este debate ha sido difícil de instalar, pues los neoliberales han socializado la idea que los derechos sociales generan sujetos pasivos y, por tanto, que la recepción de este tipo de “beneficios” generaría una masa de holgazanes. Esta visión del ser humano es llevada el extremo a través de una serie de políticas que dejan las personas con marginales iniciativas de protección social. Esto ha generado la explosión del malestar social expresada en las protestas de octubre, pero por sobre todo el descontento tras la crisis económica producida durante la pandemia.
Esto ha profundizado el divorcio entre política y sociedad, pues devela una desconexión de las elites con la realidad político-social. Mientras tanto, se evidencia una serie de políticas en beneficio de los grandes empresarios, siendo estos, con sus prácticas monopólicas, quienes han cerrado las puertas del éxito para las grandes mayorías. Estamos ante un ciudadano que actúa solo como individuo desprotegido y un empresariado que actúa en colectivo, como grupo, como clase.
Frente a esta realidad, iniciativas como la renta básica universal se hacen urgentes de instalar y debatir, pues no sólo generaría una mejor distribución de la riqueza, sino también estrecharía las relaciones desiguales de poder entre empresarios y trabajadores.
