Opinión
El 3 de agosto de 2016 fue un día histórico para las comunidades chilenas residentes en el exterior. Ese día se promulgó la ley 20.960, la cual reforma la Constitución Política de la República para garantizar por primera vez el derecho a voto en elecciones presidenciales y plebiscitos nacionales a ciudadanas y ciudadanos residiendo en el extranjero. Esta había sido una demanda histórica por la que se movilizaron chilenos y chilenas alrededor del mundo desde el regreso de la democracia. Y es que el voto constituye un paso necesario para el reconocimiento de nuestros compatriotas en el exterior como parte de la comunidad nacional. Darle ese derecho al 5,5% de la población chilena antes excluida por ley, representa sin duda un importante avance para la consolidación de una democracia más robusta e inclusiva.
Sin embargo, ¿cuánto sirve que un derecho sea consagrado en la ley, si se convierte en letra muerta debido a la incapacidad del Estado de asegurar su ejercicio? Este justamente es el caso que observamos hoy, cuando miles de compatriotas se ven sin posibilidad de ejercer su derecho a voto en el plebiscito nacional del próximo 25 de octubre. Lo anterior ocurre porque, en contraste con otros países, el Estado chileno no tiene mecanismos que permitan ejercer el derecho a voto desde el extranjero sin tener que viajar grandes distancias para inscribir o cambiar su domicilio electoral y luego para votar, y asumir individualmente los costos que ello implica. Esta situación se ha vuelto aún más compleja en el contexto de la pandemia, en que resulta simplemente imposible para muchas personas ejercer su derecho constitucional al voto.
Mientras que en territorio chileno la inscripción es automática, basada en la última residencia declarada por el individuo, en el extranjero no lo es. Actualmente, quienes viven en el exterior deben acudir a su consulado más cercano, muchas veces ubicado en una ciudad distante o incluso en otro país, sólo para obtener la clave única necesaria para cambiar su domicilio electoral. Quienes no nacieron en Chile además deben ir hasta el consulado para demostrar que han vivido en Chile al menos un año e inscribirse en el registro electoral. Este trámite genera desigualdad ante la ley entre compatriotas que residen en territorio nacional y quienes viven en el extranjero. Dicha desigualdad podría ser corregida si el Estado implementase mecanismos seguros para inscribir o actualizar el domicilio electoral en línea, evitando que los individuos deban asumir los altos costos de un viaje.
La crisis sanitaria del COVID-19 ha profundizado estas desigualdades. Se ha restringido como nunca antes la posibilidad de desplazarnos y realizar actividades que en el pasado considerábamos triviales, incluso dentro de la misma localidad de residencia. De forma similar a nuestros compatriotas en Chile, quienes vivimos en el extranjero nos hemos visto afectados por las restricciones de movimiento que implican medidas sanitarias como las cuarentenas—desde prohibiciones totales a salir del hogar a la obligación de cumplir con 14 días de cuarentena al entrar y salir de una determinada región. Además, en muchos de los países donde vivimos la crisis económica cobra fuerza con crecientes niveles de desempleo, que hacen impresentable exigir a individuos que gasten valiosos recursos para viajar a cambiar su domicilio electoral. A modo de ejemplo, hay compatriotas que debían desplazarse de Islandia a Noruega para hacer dicho trámite, asumiendo individualmente los costos económicos y los impuestos por las restricciones de cuarentena. Aún en los casos en que viajar está permitido, el requisito de presentarse en persona para cambiar de domicilio electoral expone al contagio a familias completas, contraviniendo todas las recomendaciones que han hecho organizaciones de salud a lo largo y ancho del mundo. Este es el caso, por solo mencionar uno, de compatriotas en Escocia que debían viajar ocho horas a Londres para hacer dicho trámite, en momentos en que esta ciudad era el centro de la pandemia.
Aún en los casos de grandes ciudades que cuentan con un consulado, nos encontramos con que muchos de estos consulados han cerrado durante semanas e incluso meses, al no ser considerados servicios esenciales, como fue el caso del consulado de San Francisco, en Estados Unidos, entre muchos otros. Al no ofrecer una solución alternativa para obtener la clave única que permitiera cambiar el domicilio electoral, estos consulados simplemente no cumplieron con su obligación de asegurar la posibilidad de ejercer el derecho constitucional al voto a sus conciudadanos.
Al percatarnos de esta situación, un grupo de residentes en el extranjero comenzamos a hacer gestiones para buscar una solución para quienes, en contra de su voluntad, se han visto imposibilitados de participar en el plebiscito nacional, comunicándonos con diferentes consulados, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Servicio Electoral. Ante estas gestiones, el Registro Civil generó, por unos pocos días de mayo, una opción para obtener la clave única en línea a través de una clave de activación que enviarían por email a la persona solicitante. Como medida de seguridad razonable, se pedía una copia de su carnet de identidad, una foto del rostro de la persona junto a su carnet, un documento acreditando estar en el extranjero como timbre en el pasaporte o una cuenta de luz, y nombre y lugar de nacimiento de los padres. El problema fue que esta opción no se difundió apropiadamente por medios institucionales y fue suspendida alrededor de diez días antes del 6 de junio—fecha establecida por SERVEL como límite para hacer el cambio de domicilio electoral. Al continuar llegándole solicitudes de clave de activación, el Registro Civil respondió los emails indicando que estaba buscando una alternativa más segura para otorgar la clave única, mientras que en otros casos simplemente no respondió. La promesa de una alternativa nunca se concretó. Desde el Servicio Electoral tampoco asumieron responsabilidad por esta situación, indicando que era exclusivamente del Registro Civil.
Lamentablemente, los problemas no se acaban con la inscripción. Las desigualdades se verán replicadas nuevamente al momento de votar. Quienes lograron cambiar su domicilio electoral deberán en muchos casos costear otro viaje para ir a la urna. Este es el caso de cinco mil chilenas y chilenos que viven en Islas Canarias, que deberán volar tres horas a Madrid para votar. ¿Qué diríamos si quienes viven en sectores aislados de la Región de Aysén tuviesen que viajar ocho horas para ir a votar a Puerto Aysén o a Coyhaique? Sería, sin dudas, un escándalo.
Estas restricciones además se verán profundizadas si los efectos de la pandemia siguen latentes. Será difícil votar, en Chile y en el exterior, para quienes tienen el virus o estuvieron en contacto con alguien que lo tuvo. Se deben generar soluciones para votar en tiempos de pandemia en Chile que consideren también a quienes vivimos afuera. Varios países con altos números de compatriotas, como EEUU, Brasil y Suecia, tienen hoy de las tasas más altas de nuevos casos de contagio per cápita, por lo que es muy probable que en octubre continúen con restricciones de viajes. En estos países, gran parte de las chilenas y chilenos deben viajar largas distancias para acceder a un consulado. Por ejemplo, integrantes de la comunidad chilena en Columbus, Ohio, quienes participaron activamente en cabildos para discutir la nueva constitución, tendrían que tomar un bus por 10 horas y pasar por tres estados si quisieran efectivamente votar.
Si otros países han encontrado soluciones para asegurar el derecho a voto de quienes viven en regiones aisladas en el extranjero, no hay razón para que Chile no encuentre una. Hay países que permiten en algunos casos el voto electrónico o por correo postal, o como en el caso de Francia, delegar el voto por poder a una tercera persona. Lo claro es que el sistema actual, aún sin pandemia, pone a quienes vivimos en el extranjero en una tremenda desigualdad ante el Estado, convirtiéndonos en ciudadanas y ciudadanos de segunda clase al violar, en la práctica, nuestro derecho humano y constitucional al voto.
Dados todos los obstáculos mencionados, un grupo de chilenas y chilenos en el exterior nos hemos organizado y presentado un recurso de protección para quienes vieron su legítimo derecho al voto violado por la imposibilidad de acceder a una clave única. Esperamos que los juzgados exijan al Servicio Electoral, Registro Civil y Consulados chilenos encontrar una solución para todas las personas afectadas. Con o sin orden judicial, se hace urgente que estos organismos abran un periodo adicional para hacer el cambio de domicilio electoral en el extranjero. El periodo excepcional debiera incluir opciones que aseguren que la falta de movilidad, riesgo de enfermedad, costos de viaje, o cierre de consulados, no sean factores que limiten el derecho a voto. Asimismo, el congreso tiene la tarea urgente de crear leyes para que el derecho a voto en el exterior se garantice, especialmente considerando las restricciones generadas por la pandemia. Si la situación que describimos se repite en octubre, no será posible presentar un recurso de protección después de la votación, por lo que debemos anticiparnos.
Para un proceso tan importante como el decidir en torno a la creación de una nueva Carta Fundamental, todos los poderes del Estado deben trabajar en conjunto para asegurar que a ningún chileno o chilena se le viole el derecho constitucional al voto universal.
