Opinión
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, en 15 minutos de intervención en el seminario CEP (Más allá de Santiago) del 9 de julio, nos entrega una clara visión de la urgente necesidad de fortalecer los gobiernos regionales que serán electos a mediados de 2021.
Lo hace con la propiedad que le otorga conocer en detalle los vicios e ineficiencias del actual sistema centralizado de gobierno, incluyendo la corrupción, titular sensacionalista de un medio de comunicación radial que no hace justicia al sentido de la exposición del contralor (aunque esta haya sido realizada en un espacio intelectual tradicionalmente crítico a la descentralización). Por el contrario, Bermúdez advierte la necesidad de que el gobierno nacional acelere el proceso de descentralización administrativa para que los nuevos gobiernos regionales electos sean fortalecidos y no reproduzcan en la esfera regional los vicios del nivel nacional.
El contralor identifica tres grandes riesgos, que deben ser resueltos para conseguir legitimar estas nuevas instituciones políticas, de manera de cumplir con su promesa de contribuir decisivamente al desarrollo equitativo de las regiones y sus comunas.
El primero se refiere a la eficiencia del uso de los recursos públicos, tema ya advertido por diferentes instituciones internacionales de cooperación al desarrollo (como Banco Mundial, BID, OCDE y CEPAL) las que sostienen que los gobiernos nacionales en América Latina gastan mal, cosechando hoy fuertes cuestionamientos a su legitimidad, lo que probablemente se acelerará en los difíciles tiempos del financiamiento público pospandemia.
En dicho escenario, mayores recursos autónomos sin capacidades institucionales y profesionales representarían un peligro de despilfarro, de clientelismo y prebendalismo, que se evidencia en la tendencia de muchos gobiernos latinoamericanos al gasto corriente (especialmente salarios) y en sus dificultades para mantener una inversión pública eficiente. El gasto público inteligente y sostenible, que pregona el BID, es un objetivo esencial de los gobiernos regionales democráticos que se iniciarán en 2021. Sin él, la legitimidad de la descentralización política se erosiona enormemente.
La segunda condición del contralor dice relación con la capacidad de coordinación entre los niveles de gobierno para asegurar el cumplimiento de metas de desarrollo. La opinión pública nacional ha vivenciado el mal desempeño de las intendencias regionales en el combate a la pandemia, dado que hasta ahora han sido concebidas como simples ejecutores de las políticas nacionales, con escaso respeto por las particularidades del territorio, lo que se torna especialmente grave en las emergencias. Así, los médicos de Antofagasta ven subir los contagios y las muertes en su región escuchando un discurso nacional sobre control de la epidemia (en Santiago, no en Chile). Y los médicos de La Araucanía (que asumieron por sí mismos y exitosamente la batalla sanitaria local) no son reconocidos en su éxito.
Ciertamente se requiere disponer de un modelo de gobernanza multinivel claro y consensuado, con mecanismos de resolución de conflictos de competencias, como OCDE y la Unión Europea han enfatizado recientemente, para enfrentar el periodo pospandemia.
Sin embargo, la gobernanza es un tema que excede el ámbito administrativo, porque esta supone una visión política que le dé sentido de pertinencia. Un actual modelo centralista de administración no tiene interés en que cada región posea su proyecto político territorial, a pesar de que la heterogeneidad del país lo hace evidente, tal como hace más de una década viene siendo advertido por OCDE. Más aún, la carencia de un modelo de desarrollo nacional, en que se inserten los modelos regionales, se ha hecho insostenible a raíz de las crisis social, sanitaria y económica que enfrenta el país.
Así, los rectores de las principales universidades nacionales y diversos líderes han entendido el urgente clamor nacional de «repensar» el país en sus diferentes ámbitos y espacios. Un nuevo proyecto de desarrollo nacional deberá ser construido colectivamente, y, sin dudas, a esta tarea contribuirán los diferentes proyectos regionales de los gobernadores que sean electos. Chile, finalmente, tendrá un proyecto-país que servirá de marco de acción de largo plazo a los diferentes actores del desarrollo y mejorará y dará sustancia a la articulación entre los gobiernos territoriales.
La tercera señal del contralor se refiere a la potencial corrupción que podría generarse en un escenario de autoridades regionales con más recursos, pocas capacidades institucionales y escasos recursos humanos calificados. Se trata de una advertencia plenamente justificada para todos los niveles del Estado, dada la experiencia de escándalos de corrupción nacionales que han asolado a Chile durante la década pasada y que afecta el respeto de la población por instituciones nacionales otrora respetadas, como Carabineros, Congreso e Iglesias.
Bermúdez sostuvo que es imperioso que el actual gobierno acelere el proceso de fortalecimiento de esta nueva institucionalidad regional, a fin de hacerla nacer con la legitimidad y eficiencia que los ciudadanos de las regiones y el país esperan. En particular, el contralor considera fundamental y urgente mejorar las capacidades institucionales y profesionales de los nuevos gobiernos regionales. Será, pues, necesario realizar un gran esfuerzo por revertir un proceso histórico de concentración de recursos humanos calificados en Santiago, que convertía a las regiones en simples nodos ejecutores de políticas públicas miopes diseñadas desde los escritorios de las ocho manzanas de la capital, fenómeno que generaba, precisamente, elevada ineficiencia y descoordinación de la gestión pública.
Sin embargo, como ya sostuvo la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, en octubre de 2014, el fortalecimiento de las capacidades regionales no es una tarea solo del Gobierno nacional. Por cierto, las universidades estatales regionales pueden y tienen el deber de cumplir un importante rol en este proceso de construir regiones inteligentes, especialmente utilizando la Ley 21.094 de junio de 2018, que permite el «fortalecimiento de la investigación e incidencia en la elaboración e implementación de políticas públicas», mediante la creación o fortalecimiento de centros de investigación.
La Contraloría General de la República puede ser un buen aliado de la descentralización, contribuyendo con exigencias que eleven el estándar de cumplimiento administrativo de las entidades regionales. Sin embargo, ello no sustituye el rol de rendición de cuentas que la ciudadanía regional debe ejercer sobre sus nuevos representantes. Si queremos profundizar la democratización de Chile, no basta con llevarla a los niveles subnacionales intermedios y establecer salvaguardas administrativas, es preciso dotarla de nuevas prácticas, más participativas.
Pero, por sobre todo, se requiere que la mayor autonomía y estabilidad que nace con la creación de la institucionalidad de los gobiernos regionales democráticos sea complementada con «inteligencia territorial». Si no somos capaces de construir «regiones inteligentes» (entendidas estas como aquellas con capacidad de potenciar su capital humano y articular sus agentes de desarrollo en torno a un proyecto político estratégico regional de largo plazo), las promesas de la descentralización difícilmente se cumplirán.
Como nos enseñó hace casi dos décadas Sergio Boisier, el desarrollo es como la inteligencia. Una emergencia sistémica que nace en entornos territoriales con elevados niveles de sinergia cognitiva, es decir, de interacción, aprendizaje e innovación entre actores e instituciones asociadas a la generación, procesamiento, aplicación y difusión del conocimiento regionalmente relevante. La descentralización, con los debidos resguardos como aporta Bermúdez, es un medio necesario para asegurar la construcción de esos entornos. Pero resultará insuficiente si la propia sociedad regional no despierta oportunamente a sus desafíos.
