Opinión
La ley que impide el corte de servicios básicos fue aprobada por el Congreso, sin embargo desde La Moneda anunciaron, desde el inicio, que no lo promulgarían y aplicarían el derecho a veto presidencial, hecho que se cumplió y que se tramita al día de hoy en la cámara de diputados. Sin una propuesta alternativa, el Gobierno abre nuevamente un conflicto con la oposición, y también con los ciudadanos, especialmente con los más vulnerables, quienes necesitan la seguridad de que no sufrirán el corte de los servicios básicos esenciales.
Esto resulta incomprensible ante la urgencia ciudadana de evitar los cortes de servicios básicos en tiempos de pandemia. Esta ley tenía un sentido humanitario y excepcional, no es posible que en medio de una crisis sanitaria de la envergadura como la que enfrenta Chile y el mundo, se permita el corte del suministro de servicios básicos, esenciales e irreemplazables para la vida de las personas, como el agua y la electricidad, considerados como un “derecho humano” por los organismos internacionales.
Sin embargo, hay que reconocer que no resolvía el problema del alto costo de los servicios y la falta de apoyo del Estado. Era una medida que postergaba el pago y garantizaba el acceso a estos servicios, por los sectores más vulnerables, en tiempos de la crisis sanitaria que enfrentamos. No es una condonación, ya que posteriormente deberá repartirse lo postergado en doce meses, lo cual significará un aumento en las cuentas de los usuarios, durante el periodo más difícil de la crisis sanitaria, social y económica.
Para reducir el alto costo de estos servicios y el impacto que tienen en el presupuesto familiar, Conadecus ha propuesto medidas concretas para bajar su alto costo, siguiendo la tendencia aplicada en otros países.
En primer lugar, consideramos necesario ampliar el beneficio del subsidio al consumo de agua potable por hogar hoy existente, éste considera un subsidio equivalente a 15m3 al 20% más vulnerable y consideramos necesario ampliarlo al 60% más vulnerable, sin embargo el subsidio actualmente vigente, es muy acotado, no es de aplicación automática y debe solicitarse al municipio respectivo, quien evalúa su aplicación. En segundo lugar, las personas no pueden tener deudas insolutas, el hecho de ser administrado por los municipios parece más un favor del alcalde de turno que un derecho.
En tercer lugar, creemos imperioso implementar un subsidio al consumo eléctrico escalonado equivalente a 150kwh para el 20% más vulnerable, 125kwh para el 40% y 100kwh para el 60%, este subsidio es equivalente más o menos en términos de rebaja al subsidio de agua potable aproximadamente $15.000 que le correspondería al 20% más vulnerable por hogar.
En Colombia existe un subsidio en los servicios básicos escalonado según el grado de vulnerabilidad de los hogares, su financiamiento lo cancelan los dos quintiles de mayores ingresos y los industriales con un aumento en sus tarifas, provocando un efecto redistributivo y solidario, esto forma un fondo para financiar el subsidio y un impacto menor en el gasto fiscal.
En Chile el consumo eléctrico, por parte de los consumidores regulados, es bastante menor en relación a lo que consumen en el sector industrial y comercial, además este sector opera con tarifas no reguladas y libres, y tienen la posibilidad de negociar las tarifas por su alto consumo.
La ley establece que cualquier consumidor con consumos superiores a 500kwh puede cambiarse a consumidor libre, tiene además el incentivo de rebajar el IVA, en cambio los consumidores residenciales pagan lo establecido en la fijación tarifaria y sufren la revisión de la tarifa cada seis meses, por ejemplo la variación del dólar o los insumos para producir la energía, la equidad tarifaria no existe en estos servicios.
Por ejemplo, en Portugal se rebajó el IVA a todos los servicios básicos, tenían un IVA del 23% y lo rebajaron al 6%, lo cual permitió una rebaja directa del 17% en la cuenta final de los servicios básicos y un alivio importante en el presupuesto familiar.
Proponemos que en Chile se implemente una rebaja del IVA, del actual 19% y bajarlo al 4%, a todos los servicios básicos, tales como el agua, la electricidad, el gas de red, telefonía e internet, esto permitiría una rebaja importante en el presupuesto familiar, especialmente de los sectores más vulnerables.
Consideramos que esta propuesta es totalmente aplicable, sin embargo los hijos de Milton Friedman, enquistados en todos los gobiernos desde el retorno de la democracia se han opuesto, por los riesgos de evasión. Además, permitiría una justicia tributaria, y se podría corregir esta anormalidad en la recaudación tributaria, donde el mayor ingreso por recaudación de impuestos del Estado proviene del IVA.
El Congreso tiene que pronunciarse y es de esperar que prime el sentido común y la urgencia para aliviar el bolsillo de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, dejando de lado el dogmatismo e ideologismo de los economistas.
La ciudadanía está primero y muy pronto llegará el momento de evaluar el desempeño del Gobierno y los congresistas.
