La crisis de la odontología en Chile

Chile no sonríe hace tiempo, mucho antes de usar mascarilla por la crisis sanitaria, esto es reflejo de la desigualdad en nuestro país. No poder sonreír, o sonreír con vergüenza, quizás, es una de las demostraciones más crueles de inequidad. Quienes somos los indicados en recuperar y devolver la sonrisa, tampoco podemos hacernos cargo de ello. Incluso muchas veces tampoco podemos sonreír.

La crisis que enfrenta nuestro país, desde el levantamiento social de octubre y la crisis sanitaria, abre la puerta a desafíos claves. Las profundas inequidades sociales se vieron evidenciadas desde el movimiento social, en forma de estallido. Por otro lado, la pandemia por el SARS-CoV-2 (COVID-19), ha agudizado las crisis sociales, económicas y sanitarias en todo el mundo, en especial en los países en vías de desarrollo.

Chile no está ajeno a ello. Esta crisis sanitaria ha evidenciado aún más fuerte la carencia de instituciones y voces que se hagan cargo de las demandas, muy justificadas, de redistribución económica, precarización laboral, falta de seguridad social, etc. La realidad odontológica actual no es ajena a estas discusiones, está dentro de estas.

Para plantear los argumentos de la precarización laboral actual en la odontología, debemos mirar los ámbitos de educación y salud, que se vinculan directamente. Además, por la falta o vacíos en la legislación actual en estas materias.

Debido al modelo educativo de libre enseñanza en nuestro país, se puede acceder a la formación de escuelas de odontología, sin mayor regulación, existiendo hasta la fecha 34 corporaciones de educación superior, donde solamente 16 cuentan con la acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Se espera que este número aumente con la implementación de la ley de acreditación nacional obligatoria.

La gran cantidad de escuelas de odontología conduce a la saturación de profesionales cirujanos dentistas en relación con los requerimientos del país. Según el consejo nacional de educación, al año 2019 se matricularon en primer año de odontología 2.183 alumnos, totalizando 14.311 matriculados en la carrera a nivel nacional.

El número de dentistas inscritos en el registro nacional de prestadores individuales hasta el 31 de diciembre del 2019, es de 26.377, de los cuales 18.077 son cirujanos dentistas generales y 8.300 con al menos una especialidad. La OMS recomienda 1 dentista cada 2.000 habitantes, actualmente Chile posee una relación de 1 cada 710, triplicando la relación dentista/paciente recomendada por la OMS.

Históricamente en Chile existía un déficit dentista/paciente. Al mirar esa realidad, se puso énfasis en el último tiempo en que estudiar odontología era una profesión muy rentable, más allá de la vocación. Esta propaganda, sumada al aumento explosivo de instituciones que imparten la carrera y al número masivo en la matrícula, ha aumentado enormemente el número de profesionales. Paradójicamente, las necesidades de salud oral en la población siguen siendo insatisfechas, y se siguen perpetuando las inequidades y la mala salud oral de nuestros pacientes.

Estudiar odontología involucra una inversión importante de dinero: aranceles que bordean los 4 a 8 millones de pesos, matrículas, insumos, financiar tratamientos de pacientes para poder aprobar. Todo esto conlleva endeudamiento, a través de créditos: Fondo Solidario, Crédito con Aval del Estado, Corfo y otros para financiar al menos 6 años de estudios.

Al momento del egreso, el ahora cirujano dentista, exestudiante, posee en sus hombros la mochila de una gran deuda. Además, debe enfrentar la gran competencia laboral. El grado de empleabilidad ha disminuido, bordeando solo el 70% y el ingreso líquido promedio se encuentra muy lejos de los ingresos del 5% o 3% más rico del país. Es por todo lo anterior, que se aceptan trabajos sin seguridad social, muchas veces sin relación contractual, por el porcentaje de trabajo que sea, aceptando hasta el 10% del valor de la prestación, realizando diagnósticos gratuitos. Esto quiere decir que el paciente puede pagar, por ejemplo, $20.000 por una prestación y el profesional recibirá $2.000.

Todo esto en manos de clínicas privadas, donde al profesional para su contrata se le exige la creación de una “Sociedad Médica”, sobre la base de una Sociedad por Acciones (SpA) o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), dejando un vacío legal y aceptando que no hay una relación directa con el empleador, sino una “prestación de servicio externa” que en la realidad no es así.

Podría argumentarse que esta modalidad permite una mayor libertad al profesional en sus finanzas. Sin embargo, esto genera la falta de imposiciones en salud y materia de pensiones, así como otras garantías laborales. Una muestra más de la precariedad laboral.

Por otra parte, ante situaciones de denuncia y abuso laboral, al no presentarse una relación directa, no se cuenta con un organismo fiscalizador directo. La Dirección del Trabajo está imposibilitada de llevar adelante el proceso, debido a la falta de pruebas que comprueben esta relación laboral. Solo es factible la “mediación por voluntad de ambas partes”.

Lo anteriormente expuesto hace necesario el cambio de rumbo, y desde diferentes veredas. Una de estas es el área legislativa, fomentando la presencia de proyectos de ley que disminuyan la precarización en el ámbito privado.

La exigencia a los megaprestadores y otros privados en la contratación de sus equipos de salud, se hace necesaria, debido a que existe una relación de subordinación, desempeñándose con un régimen de horarios y días establecidos, el uso de los recursos físicos e insumos para poder entregar las prestaciones, así como el cumplimiento de metas. Otro aspecto, además, de la contrata directa es establecer un sueldo base en relación con las horas de trabajo, tal como existe en el sector público. Esto proveería al funcionario no solo mayor estabilidad económica, sino que se garantizaría también el compromiso con el empleador, la continuación laboral y, con ello, la continuidad en los tratamientos de los pacientes (además de evitar las sobreindicaciones de tratamientos).

Hoy se ha abierto el debate de la primera línea en la salud. Los odontólogos también somos parte de ella, no solo por nuestro quehacer diario, sino también en pandemia, ayudando a nuestros equipos de salud en todas las labores necesarias, así como también enfrentando los tratamientos dentales bajo esta nueva realidad.

Siendo parte de esta primera línea, y haciendo eco de las demandas de todo el sector salud, debemos hacer hincapié en que no basta con declaraciones de buenas intenciones y aplausos. Como profesionales de la salud, entendemos el rol del mundo clínico privado en nuestro país, sin embargo, se hace absolutamente necesario implementar un enfoque de salud ocupacional en los lugares de trabajo, con resguardo de los derechos laborales.

Aumentar la fiscalización sobre el vínculo laboral, profundizar la implementación de políticas de protección a trabajadores a honorarios, seguridad social, y que se asegure la protección financiera de todos los trabajadores, son mínimos a garantizar para quienes tienen el rol fundamental de cuidar a la población. Estas eventuales modificaciones beneficiarían a todos los funcionarios de salud que trabajan en estas condiciones.