Opinión
“Un niño hacinado con riesgo de ser abusado sexualmente en su hogar, tiene que tener la posibilidad de poder ir a la escuela”, bajo ese argumento el ministro Raúl Figueroa en el programa “Aquí somos todos” de Canal 13, justifica la vuelta a clases en medio de la pandemia mundial por COVID-19. Está frase que pareciese inofensiva, y que pretende ocultarse bajo el argumento del aumento de deserción escolar, refleja una realidad desconocida para el ministerio de educación.
Estas irresponsables palabras son el reflejo de la desconexión del ministro de educación con la realidad de los colegios chilenos, espacios por donde miles de estudiantes viven su cotidianidad, pero que oculta bajo risas falsas y sillas frías los silencios familiares, las manipulaciones, los sufrimientos de niños, niñas y adolescentes, se lleva la niñez con la devastación de un secreto que no se puede revelar. Es efectivo que cientos de menores de edad en etapa escolar sufren violencia sexual en sus casas, pero eso no se evita precisamente con la vuelta a clases, debido a que no solo ocurre en sus hogares, sino que en varios sectores en donde se relacionan, incluyendo los establecimientos educacionales, SENAME y la misma calle.
El contacto con el agresor no se evitará precisamente con la vuelta a clases, debido a que los niños, niñas y adolescentes pueden sufrir abusos sexuales en cualquier horario del día, el abusador los espera después del colegio, aprovecha cada instante en donde se encuentra a solas, se mete en sus camas mientras duermen, los manipulan y los amenazan. Suele ser de su familia, un cercano cauteloso que se protege con la relación que tiene con la víctima, y sin escrúpulos daña irrevocablemente la vida.
Por otro lado, estas declaraciones permiten visualizar la estigmatización a los sectores más vulnerados en donde se desenvuelven los niños y niñas, justificando que el abuso sexual solo se da en sectores donde ocurre hacinamiento, y que estos no sucede en los sectores más privilegiados de Chile, que a su parecer no peligran de sufrir violencia sexual.
Bajo estos elementos, nace la interrogante ¿Cómo evitamos una agresión sexual?, la respuesta es compleja y tiene diversas aristas, no se puede solucionar con una formula simplista, pero existen acciones que pueden ayudarnos a desentramar esta pregunta. Por un lado se vuelve a poner sobre el tapete la necesidad de una educación sexual integral, con el motivo de identificar abusos sexuales, internalizar el consentimiento a temprana edad y reconocer la necesidad de denunciar a tiempo la agresión sexual. Además, es necesario poder tener un sistema judicial que saque al abusador de la casa y no a la víctima, que proteja a quien denuncia y que no produzca doble victimización, agilizando a su vez el proceso legal. Finalmente, la necesidad del acompañamiento psicológico efectivo, donde se le entreguen herramientas para enfrentar el futuro sin consecuencias psicopatológicas graves.
Estás sugerencias entregadas por diversos organismos nacionales e internacionales, pareciesen ser secundarias para un sector que sustento su discurso de campaña en “los niños primero”, y que ha vulnerado la infancia constantemente, quienes nuevamente dejan ver su desconexión con la realidad, y arriesgan la salud de todos y todas, aparentando un triunfo inexistente frente a la pandemia que vivimos.
Es un deber del Estado proteger la niñez, evitar el abuso sexual infantil y erradicar cualquier vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes, el papel del Ministerio de Educación es fundamental en el logro de estos objetivos, y es imprescindible su comunicación efectiva con las comunidades educativas, quienes conocen de mejor manera la realidad. Las palabras del Ministro de Educación son lamentables, pero no erráticas, ya que expresa su pensamiento y su poco compromiso con la defensa de la niñez y la prevención de la vulneración y protección de la infancia. Es necesario tener un Estado que no solo se preocupe por la vulneración de derechos, sino que sea capaz de resolver estás problemáticas con acciones concretas, y que establezca una prioridad en los derechos de los niños y niñas en Chile.
