Opinión
Quedan tan solo unas cuantas semanas para el plebiscito que pondrá en marcha el cambio de constitución y que, a su vez, será el puntapié a la carrera por los contenidos que tendrá nuestro nuevo pacto social, todo un acontecimiento político en un país acostumbrado a que las cosas no cambien sustantivamente.
Al día de hoy, parece existir un consenso en la centroizquierda respecto a mínimos democráticos y derechos sociales que permitirán abordar la principal proclama del estallido, la dignidad. Sin embargo, también reconocemos preocupantes vacíos en el debate los cuales podrían limitar el potencial transformador del cambio constitucional.
Uno de los principales vacíos tiene relación con cómo se configurarán los espacios del poder local, como son las actuales municipalidades y si éstas, pasarán a ser gobierno locales con capacidad de transformación e incidencia ciudadana, dejando de ser solo el brazo ejecutor de la política social del Estado. En este sentido, se abre una gama de posibilidades de cambio y oportunidades de transformación para los territorios.
Por una parte, asumiendo la necesidad de cambios profundos en el país, la dialéctica “gobernar y transformar” implica un desafío central, puesto que “gobernar” no implica necesariamente transformar y, por su parte, transformar no es posible solo gobernando. Es más, el sentido “transformar y gobernar” considera un cuestionamiento profundo a las dinámicas en el poder y del poder, de los cuales el autoritarismo, las relaciones asimétricas y la ausencia de protagonismo ciudadano en la toma de decisiones, son las expresiones más comunes en el ejercicio de gobierno local, y que son replicadas en diversas comunas por alcaldes y alcaldesas.
En segundo lugar, es necesario avanzar en la descentralización y desconcentración del poder político hacia la ciudad, lo cual se traduce necesariamente en un proceso de profundización y radicalización de la democracia, lo cual en palabras simples significa constituir una institucionalidad a nivel de gobierno local con una participación ciudadana vinculante y deliberativa en la toma de decisiones y en la gestión local. Por tanto, un proceso progresivo de inclusión de los actores y las actorías históricamente excluidas de la política.
Lo anterior, es posible por medio de la utilización de los mecanismos existentes en la Ley de Participación Ciudadana, reconociendo la necesidad que los instrumentos formales cuenten con un carácter vinculante. La Ley señala que los instrumentos dependen de la voluntad política de las autoridades locales y el Concejo Municipal.
Hablamos de plebiscitos comunales sobre intereses respecto a la comuna y la región; de participación ciudadana en la elaboración de planes de desarrollo locales; de inclusión y participación protagónica en los instrumentos de planificación comunal.
Es así, por tanto, como el proceso constituyente debe poner en el centro del debate y las posibilidades de cambio, en los ejercicios democráticos locales y la diversidad socio cultural que se expresa en la gestión local.
Los Cabildos, asambleas territoriales o temáticas, las organizaciones socio comunitarias, sociales y de la sociedad civil serán -y deben serlo- protagonistas en la proyección y/o planificación de los planes de un gobierno local participativo. Para ello, deben estar correctamente garantizados y sellados en nuestra nueva Constitución.
Finalmente, en atención al rol que tendrán que jugar de aquí en adelante los gobiernos locales, las municipalidades deberán contar con competencias y visiones integrales en cuanto al desarrollo económico y social de la comuna. Dicho de otra forma, los desafíos de reactivación y recomposición económica que emergen a partir de la pandemia del COVID-19, se deben acompañar en competencias y financiamiento para materializarlo.
En el plano de la reactivación, promover economías locales de alto impacto en el empleo, fomentando que sean cadenas de mayor valor agregado desde una perspectiva feminista. Es decir, una reactivación económica que no deje a nadie atrás.
En el plano de la recomposición, permitir a los municipios proyectar en sus instrumentos las estructuras productivas que aporten a dar una salida al neoliberalismo. También, actualizar lo que existe en la promoción del medio ambiente y transición ecológica, desde una perspectiva de desarrollo sostenible que disminuya los impactos ambientales de los proyectos que se ejecutan en las comunas.
Sin lugar a dudas, los desafíos son múltiples y no se agotan con lo que expresamos aquí, pero lo importante yace en debatir la lucha que alcaldes y alcaldesas han impulsado no sólo en Chile, sino que a lo largo y ancho del planeta: pasar de ser municipalidades administradoras a verdaderos gobiernos locales.
