Opinión
Hace 30 años ratificamos la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez y aún continuamos pagando por nuestras propias negligencias políticas y públicas, mirando cómo los indicadores de maltrato infantil nos golpean en la cara.
Hemos naturalizado la violencia y el abuso como forma de relacionarnos. Y sólo nos damos cuenta cuando surgen casos mediáticos como los de Ámbar, Lissette, Luis o el de los mil sesenta y tres niños, niñas y adolescentes que han fallecido entre el 2005 y 2019 y, que al igual que Ámbar, participaban en programas de la Red Sename, aquel servicio creado en 1979, en plena dictadura, como parte del engranaje neoliberal.
Por las invisibles niñas y niños del Sename y por todas las infancias y juventudes de Chile – mapuches, inmigrantes, pobres y privilegiados – estamos frente al imperativo ético de construir una nueva constitución que ponga en el centro la dignidad de la niñez.
La creación de una nueva constitución se trata de una oportunidad para fortalecer nuestra democracia que, junto a la paridad de género y la participación indígena, reconozca los derechos de la niñez y la importante influencia adolescente en la agenda pública.
La situación de la niñez está inherentemente ligada a todas las aspiraciones que acompañan a los adultos: se vincula con los problemas de educación, salud, trabajo y seguridad social, entre otros.
Así, la creación de una nueva constitución nos pone dos desafíos ineludibles: un proceso constituyente que visibilice la voz de la niñez y la creación de una carta fundamental que les entregue reconocimiento.
Para lo primero no podemos olvidar que las instituciones políticas están organizadas desde y para el mundo adulto. Por lo mismo, la discusión no parte ni termina en el voto. El estallido social fue iniciado por estudiantes secundarios; el estallido tuvo y tiene rostro de niñez.
Sería conveniente entonces habilitar espacios que permitan a niños y adolescentes participar de modo significativo en el proceso constituyente, de acuerdo con sus propios términos e intereses, sin quedar subordinados a las relaciones adultas de poder. Si no lo hacemos, les estaremos diciendo que la calle es el único lugar que les queda.
Si el nuevo pacto social se hace de espalda a los niños y jóvenes estará destinado al fracaso, puesto que perpetuará las desigualdades y abusos que vivieron sus padres y madres.
Para lo segundo, la actual constitución no garantiza los derechos de la infancia y adolescencia en Chile. El problema tiene como base entender a niños y niñas como propiedad u objetos y no como personas o sujetos de derechos. El problema tiene como base la inexistencia de un sistema integral de prevención nacional y territorial que garantice el interés superior del niño por sobre cualquier otro interés, ya sea político, judicial o económico. Nos han dicho que es muy caro; que debilitará el deber de obediencia de los hijos a los padres, de los estudiantes a sus profesores, de los niños al Estado o que retrasará la división del Sename.
Chile lleva años entrampado en el avance de una ley que garantice la protección de la niñez, mientras que Noruega, el mejor país para ser niño en el mundo – según la revista Lancet y la UNICEF – cuenta con una Constitución Política que reconoce su derecho a ser respetado, escuchado y protegido.
Asegurar que todos los niños puedan florecer y llevar una vida feliz y significativa, ahora y en el futuro, nos permitirá avanzar a un Estado donde en Chile cada vida sea digna de ser vivida.
