MERCADOS|OPINIÓN
En una reciente columna, el exMinistro Valdés señala que “Chile necesita aumentar su carga tributaria en varios puntos de PIB”, indicando que esto no es algo inalcanzable, poniendo como ejemplo algunos países, entre ellos Nueva Zelanda, que recaudaba 35% del PIB cuando tenía el ingreso per cápita de Chile. En nuestro país esta cifra llega apenas a 21%.
Existe un consenso transversal en nuestra profesión respecto de la necesaria progresividad de la estructura tributaria, es decir, que los que tienen más, paguen una tasa mayor de impuestos. En esta línea, una medida recomendada por organismos reconocidos internacionalmente en la materia es el impuesto a los altos patrimonios, el cual, bien diseñado, ha demostrado ser efectivo, pudiendo ser incluso más eficaz que el impuesto a la renta en reducir la desigualdad. Este tributo además ayuda a reducir la evasión, por cuanto permite a las agencias fiscalizadoras tener mayor información de los contribuyentes.
Para lograr este 35% del PIB sin duda se requiere de medidas adicionales. Algunas fueron propuestas por la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (AFIICH) en la Comisión de Hacienda del Senado e incluyen: fortalecer las facultades del SII y Aduanas; combatir la evasión y elusión; colocar royalties efectivos a las materias primas; aplicar un impuesto a las ganancias en bolsa (hoy inexistente); y mantener el sistema integrado solo para las pequeñas empresas.
La desafiante meta que nos propone el exministro requiere de aun mayores esfuerzos. Será necesario establecer fuertes y elevadas sanciones para quienes no cumplan con sus deberes tributarios, estudiar y proponer otros mecanismos recaudatorios progresivos y otorgar un mayor grado de autonomía para el SII y Aduanas.
El aumento de los recursos fiscales no es un capricho. Es un medio para financiar, entre otras, las profundas reformas a nuestros sistemas de salud, educación y pensiones, tal como señalan los investigadores de Espacio Público. Un gasto fiscal que potencie la inversión en bienes públicos y sociales, logrando disminuir la desigualdad, tiene efectos positivos en el crecimiento, tema de gran relevancia para el grueso de nuestras y nuestros colegas.
Indudablemente para esto se necesita asegurar un manejo estatal eficiente de los nuevos recursos, lo cual requiere un monitoreo y fiscalización por parte de la sociedad civil (trabajadores, organizaciones sociales, empresarios) muy estricto. Esto último puede constituir las bases para un pacto social similar a lo que se logró en los países escandinavos, que marcó el inicio de su gran despegue económico y social.
