Opinión
Desde la sociedad civil queremos que en Chile la migración sea ordenada, segura y regular, tal cual lo ha anunciado el Presidente de la República ya desde abril de 2018. Para lograr lo anterior, necesitamos una nueva ley de migraciones, pues lo que hoy en día las rige, es un cuerpo normativo hecho en dictadura, obsoleto y que no responde a las necesidades actuales en materia de movilidad humana.
Ahora bien, una nueva ley que tenga ese propósito, debe contener normas que sean capaces de poner –verdaderamente– en práctica esos fines, y es allí donde necesitamos normas jurídicas que se hagan cargo de la migración tal y como es y no como el ideal que algunos sueñan.
La migración es un fenómeno natural, en crecimiento y que no va a detenerse. En nuestro país, los flujos migratorios responden a una migración Sur-Sur (de personas en países en vías de desarrollo a otros de similares características) y mayoritariamente intrarregional. Frente a ello, normas restrictivas que obliguen a absurdos no van a funcionar. Lo hemos dicho antes a propósito de las visas consulares, lo repetimos y el tiempo nos ha dado la razón: las visas consulares para altos flujos migratorios no sirven y, en vez de fomentar la regularidad migratoria, provocan el efecto contrario, un aumento de ingresos irregulares desesperados al país.
Hoy tenemos una ley de migración que obliga a un empleador a esperar al menos 8 meses a su trabajador para que pueda presentarse a trabajar, desde que se firma el contrato. En la práctica eso no ocurre y las personas, que necesitan cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias, trabajan igual con empleadores que necesitan que el trabajo se haga efectivamente. Así, tampoco funcionará el no permitir el cambio de categoría migratoria dentro del país como regla general, pues sea con el estatuto que sea que se ingrese, las personas que tengan un ofrecimiento laboral o motivos amorosos/familiares, se quedarán igual, a como dé lugar. Mejor es, entonces, dar las opciones para que, cuando ello ocurra, la persona extranjera pueda tener su documentación en orden y no quedarse en la clandestinidad.
Tener una visa de búsqueda laboral entregable en la frontera permitirá que todas aquellas personas que vengan a Chile a buscar un trabajo, en pos de conseguir mejores oportunidades de vida, puedan sincerar sus intenciones y hacer esta búsqueda en la regularidad y legalidad. Permitirá tener la documentación necesaria para buscar un trabajo en igualdad de condiciones que las personas chilenas, sin tener que hacerlo desde las sombras, donde lo común es tener que aceptar condiciones laborales precarias y con sueldos por debajo de la norma y del mercado.
¿Y por qué hacer de esta una visa fronteriza y no consular? Bueno, porque las visas consulares frente a altos flujos migratorios, como dijimos, no sirven. Los consulados no dan abasto y, aunque lo hicieran, quienes lo necesiten viajarán igual e intentarán ingresar de todas maneras.
Desde la sociedad civil también queremos reglas, pero reglas cumplibles que efectivamente favorezcan a todos y todas. Normas que estén sustentadas en la realidad y no en ideas sin fundamentos adecuados al contexto. Normas que permitan al Estado tener conocimiento de las personas que habitan su territorio y, sobre todo, que respeten, promuevan y protejan los Derechos Humanos de las personas migrantes.
