Opinión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las instituciones más respetadas de la OEA por su historia de lucha en defensa de los Derechos Humanos de las miles y miles de personas de nuestro continente que, de una u otra manera, han visto vulnerados sus derechos, o los de sus cercanos, y no han tenido respuesta ni reparación de las instituciones en su país. Hay otras, como el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, exiguamente apoyado y casi desconocido; o la Comisión Interamericana de la Mujer, que tuvo alguna vez una época de oro.
Pero nada tan destacado por «amenazante» o «salvador», dependiendo de dónde se mire, como la Comisión.
El papel de la CIDH es acoger para su examen aquellos casos de vulneraciones de DDHH que considera admisibles, para luego dirigirlos en forma de recomendaciones a los estados para su satisfacción, o transmitirlos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su procesamiento judicial. Siempre ha contado para esto con el apoyo del secretario general… hasta ahora.
Las relaciones con la estructura ejecutiva y política de la OEA se han ido diseñando paulatinamente, de manera de asegurar la autonomía de acción e independencia de parecer de la Comisión, lo que no es obstáculo para que pueda haber diferencias (a veces críticas) con la Secretaría General o con el Consejo Permanente constituido por los representantes de los Estados.
Es el caso de la renovación del contrato del Secretario Ejecutivo (SE) de la Comisión, Paulo Abrao, acordado por los comisionados en uso de sus facultades, al vencer este en enero pasado, y cursado para su ejecución al secretario general, Luis Almagro. Recién el 10 de agosto el Sr. Almagro dio a conocer que no lo haría, basando tal decisión en el informe interno y confidencial de la Defensora (Ombudsperson) que había sido emitido a fines de 2019 y que la Comisión ya había examinado con ella. Cabe señalar que estos informes no solo son confidenciales sino anónimos, apuntando a posibles irregularidades generales, pero sin identificar casos específicos.
Con este incidente –a todas luces un grave impasse– que se suma a las muchas diferencias que se han ido produciendo con el Sr. Almagro respecto de temas como el nivel y flujo de recursos financieros, la gestión de recursos humanos, y otros que atañen a la independencia y funcionamiento de la Comisión, hay dos cuestiones graves en juego.
Primero, se compromete seriamente la autonomía e independencia de la Comisión para ejercer sus funciones y, en este caso, la de elegir al o la SE que mejor se acomode a las competencias requeridas, sin interferencias. Y, segundo, el cuestionamiento de la idoneidad de un profesional que ha venido sirviendo los intereses de la Comisión y los de las miles de víctimas de violaciones a sus derechos, incluidos los de los propios defensores de los Derechos Humanos en la región, con base en un documento que la Comisión ya había dado por conocido y discutido apropiadamente.
El punto primero parece haberse saldado por el propio Almagro al declarar, el 28 de agosto recién pasado, que no tiene intenciones ni interés de interferir en el nombramiento por la Comisión de su SE, reconociendo la prerrogativa de esta para hacerlo. Respecto del segundo, la Comisión al recibir el 10 de agosto un, al parecer, nuevo o quizás revisado informe de la Ombudsperson, decidió allanarse y “aceptar la recomendación… de sostener diálogos con su Oficina para dar seguimiento a sus recomendaciones”, señalando que los comisionados desean asegurar las investigaciones administrativas necesarias, con pleno respeto a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la debida diligencia.
Curiosa, por decir lo menos, la sucesión de hechos que lleva a una nueva crisis en la relación de la CIDH con el SG/OEA. Hace evocar muy fuertemente el episodio que fuera denunciado por el Foro Permanente de Política Exterior (FPPE) el 30 de abril de 2019, como un intento de debilitamiento, cuando los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Colombia presentaron una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Argentina se retiró desde el cambio de su gobierno), cuestionando principios básicos, normas y actuación de las instituciones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y planteando que se lleven adelante modificaciones.
También es curioso que esto ocurra justamente cuando el gobierno de Trump ha decidido quebrar la tradición de 60 años de una dirección latinoamericana del Banco Interamericano de Desarrollo para nombrar a su candidato.
Dos crisis desatadas en dos importantes órganos del sistema Interamericano, que inducen a pensar que la administración Trump necesita posicionar gentes de su entera confianza en instituciones clave. Una (el BID) que trabaja por el desarrollo de los países de economías más débiles de América Latina y el Caribe; y otra (la CIDH) que se ha instalado en el imaginario latinoamericano como la gran defensora de los Derechos Humanos de los que exigen al Estado, y a los gobiernos de turno, mejores condiciones de vida.
Durante la década de los 80, cuando las dictaduras militares sumergieron en una noche negra a nuestra región, la CIDH pudo mantener su independencia en su lucha por los Derechos Humanos de miles de gentes violados sistemáticamente. ¿Qué puede, hoy, ser peor que en aquellos tiempos para que Almagro resuelva terminar con la autonomía de un organismo que ha brillado en la oscuridad durante tantos años?
Podemos esperar aguas aun más turbulentas respecto de las instituciones multilaterales que sirven los intereses de nuestra región al agudizarse la campaña presidencial en EE.UU. y, por cierto, de resultar elegido para un segundo mandato el Sr. Donald Trump.
