Opinión
A principios de julio una flota de aproximadamente 260 embarcaciones pesqueras, en su mayoría chinas, llegaba al Océano Pacífico frente al territorio continental de Ecuador, situándose en el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Insular, la cual rodea la Reserva Marina de las Islas Galápagos. Dicha flota ha sido calificada como una “ciudad flotante” y sus faenas pesqueras indiscriminadas en esta zona de alta riqueza ecosistémica constituyen una situación que, indudablemente, es reflejo de la insuficiencia de los actuales instrumentos de gobernanza y, en consecuencia, la falta de mecanismos eficaces para asegurar la protección marina a nivel regional. Frente a esta problemática urge cooperación internacional para crear nuevos instrumentos o modificar los existentes.
La importancia de esta zona resulta evidente y recae tanto en su particular diversidad biológica como en el hecho de albergar numerosas especies endémicas, precisamente, debido a esto fue declarada como Hope Spot, es decir, lugares especiales que son catalogados científicamente como críticos para la salud del océano por la organización internacional Mission Blue, la cual tiene como cometido la protección marina.
Esta riqueza ecosistémica se traduce en que el Santuario Marino Darwin y Wolf, ubicado en Galápagos, es el hogar de la mayor biomasa de tiburones del mundo y, por tanto, como señala, en una entrevista a Deutsche Welle, el exdirector del Parque Nacional Galápagos y voluntario del frente insular de la Reserva Marina de Galápagos, Jorge Carrión: “Galápagos representa un centro de producción de biodiversidad para la región, no solamente para Ecuador”. Todo lo anterior, en virtud de los denominados corredores biológicos que son vías migratorias de fauna marina y constituyen verdaderas “autopistas marinas”.
Sin embargo, durante el último tiempo la riqueza ecosistémica de esta zona se ha visto bajo constante amenaza debido a la sobreexplotación por parte de las industrias pesqueras que año tras año vienen a las áreas circundantes a la ZEE Insular a realizar prácticas extractivas, siendo, lamentablemente, no una situación aislada, sino que habitual y constante.
Ecuador ha intentado solucionar este problema a través de las relaciones diplomáticas sin éxito y, en este sentido, deja mucho que desear la actitud del gobierno que se mantiene empecinado en esta estrategia que, a todas luces, es infructífera, prueba de lo cual son las declaraciones del canciller ecuatoriano Luis Gallegos, quien el día 23 de julio mencionó que “la Cancillería ecuatoriana hizo gestiones tanto en Beijing como en Quito para hacer conocer a las autoridades chinas que el Ecuador hace respetar sus derechos marítimos sin diferencia de banderas”, reiterando que “esos derechos no se violan”. Cabe mencionar que, a la fecha, la presencia de las embarcaciones aún se mantiene.
Además, señaló que “la Cancillería está empleando todos los recursos que brinda el derecho internacional, disponiéndose a emprender consultas con los países ribereños del Pacífico, en especial Costa Rica, Panamá Colombia y Perú, para avanzar en soluciones conjuntas e intensificar las acciones diplomáticas encaminadas al combate de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.
Respecto a los recursos o instrumentos internacionales, una posible solución, que ha sido planteada por muchos, es la ampliación de la ZEE Insular a 350 millas marítimas, bajo el artículo 76 nº 5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), empero, surge la interrogante sobre su efectividad. A nuestro parecer es una solución parcial, no siendo idónea para una protección eficaz de la diversidad marina del área circundante a la ZEE Insular, ya que solo protegería parte de ella.
Este instrumento jurídico, que es el principal en cuanto a gobernanza marina, regula la conservación y administración de los recursos vivos en alta mar, en sus artículos 116 a 120, sin embargo, se encuentra desactualizado y, en consecuencia, no responde a los actuales desafíos y necesidades que se requieren para una buena gobernanza marina, como, por ejemplo, el fenómeno de cambio climático. Fiel reflejo de su insuficiencia ha sido la dictación e implementación de una serie de protocolos en pos de una finalidad protectora sobre los ecosistemas marinos, pero persistiendo aún la falta de eficacia. Por todo lo anterior, resulta que los actuales recursos que brinda el derecho internacional son insuficientes.
En lo concerniente a soluciones conjuntas y acciones diplomáticas, la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), órgano que reúne a los países ribereños de Sudamérica, sostuvo una asamblea extraordinaria el 5 de agosto para tratar la situación, emitiendo una resolución para tal efecto, en la cual instó a la cooperación regional a través de diversas acciones.
Algunos puntos relevantes de dicha resolución y que merecen atención corresponden a los siguientes: por un lado, el llamado a dar prioridad en el Plan Estratégico de la CPPS 2021-2030 al desarrollo de un plan de trabajo sobre pesca sustentable, que incluya la promoción de espacios de intercambio de experiencias y fortalezca las competencias regionales para mejorar la aplicación del enfoque ecosistémico en pesquerías y contribuya a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14. Este objetivo alude, justamente, a conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Por otro, fortalecer el intercambio de información entre los Estados en el marco de las organizaciones regionales de ordenación pesquera sobre la ubicación de embarcaciones y dispositivos agregadores de peces y fomentar la utilización de sistemas de rastreo satelital de libre acceso, como, por ejemplo, Global Fishing Watch, a fin de incrementar la transparencia en la actividad pesquera.
Por último, cabe destacar el reconocimiento por parte de la CPPS a la importancia de las negociaciones realizadas en el marco de las Naciones Unidas para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional. Dicho instrumento corresponde al Convenio sobre la biodiversidad más allá de las fronteras nacionales (BBNJ), que tiene su origen en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de 2012 (Río+20), instancia en que los estados se comprometieron a trabajar en su elaboración.
Este convenio resulta especialmente relevante para la región, producto de su posición privilegiada en el Pacífico, en el cual hay diversos corredores marinos y corrientes, caracterizándose por el dinamismo en las interacciones ecosistémicas, debido a su vastedad. A diferencia de lo que ocurre en otros países y continentes que se ubican en mares como, por ejemplo, el Mediterráneo, que si bien tiene salida al Océano Atlántico, no posee una amplitud comparable.
La situación de Galápagos no dista mucho de lo que ocurre en el contexto nacional, podríamos decir que su símil es el Archipiélago de Humboldt, el cual se encuentra amenazado por la eventual instalación del megaproyecto minero portuario Dominga y que ha dado lugar a una disputa judicial entre la empresa minera y las comunidades costeras en torno a su construcción. Actualmente, este sector es muy importante, ya que provee de sustento económico a sus habitantes que dedican sus actividades principalmente a la acuicultura, al turismo y a la pesca artesanal.
Una noticia que resulta promisoria es la incorporación de nuestro país a la Global Ocean Alliance, alianza encabezada por Reino Unido y que pretende hacer un llamado a aumentar la ambición en cuanto a conservación del océano, con el objetivo de asegurar que para el 2030 al menos el 30% del océano se encuentre bajo algún sistema o tipo de área marina protegida. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirma lo siguiente: “Chile ha desarrollado grandes avances en esta materia, señalando que poseemos el 42% de nuestra zona económica exclusiva bajo protección, lo cual nos posiciona entre los países que lideran la protección del océano”. No obstante, el próximo paso es resguardar aquellas áreas ubicadas en alta mar y el Convenio sobre la diversidad más allá de las fronteras nacionales es el instrumento idóneo para tal fin.
En suma, no basta con la ambición, sino que se requieren también acciones concretas y eficaces para la salvaguarda de los mares, lo que se logra a través de cooperación, ya que estas situaciones no representan un problema local sino regional. Nosotros reconocemos fronteras, no así la vida marina.
