Opinión
Para saber y contar, hay que hacerlo de manera pulcra y responsable. Toda tergiversación, voluntaria o inadvertida, dolosa o producto de la incompetencia funcionaria en materia estadística, trae aparejada la misma responsabilidad política. Ese es el caso del COVID-19 y que hoy se investiga incluso por parte del Ministerio Público.
A seis meses de gestión de la pandemia sanitaria que nos aqueja, las cifras finales de muertos no sirven para demostrar que hubo eficiencia en la política gubernamental. El mensaje brutal es que Chile tiene casi tres veces más muertos que China: 15.869 versus 6.800 de China. Pero en proporción representa solo el 1,3 % de la población del gigante asiático. Si China hubiera aplicado la política PMP (Piñera, Mañalich, Paris), a esta hora tendría varios millones de muertos, y seguro habrían desaparecido varios ministros.
Al momento de mirar los últimos datos oficiales, y usando los mismos conceptos aplicados por el Minsal sobre el COVID-19 (Informe N°48 de DEIS), que cubre exactos 6 meses desde el primer caso el 3 de marzo, tenemos que: hospitalizados son 40.366; muertos en hospitalización son 8.395; muertos no hospitalizados son 3.390* con PCR positivo y muertos probables por COVID son 4.084**. En total, esos guarismos oficiales suman los 15.869 muertos mencionados más arriba.
El Gobierno, a través de sus cifras oficiales, debería informar cuántos de los casi 16 mil fallecidos con y sin PCR positivo pasaron por un centro de salud, público o privado, a contar del 3 de marzo último. El dato es clave, porque un indicador del éxito de la estrategia sanitaria sería demostrar que esos 15.869 murieron pese a la atención recibida y luego de todas las prestaciones en cada caso.
Sin embargo, si se miraN con atención los datos resumidos arriba, es posible advertir que casi la mitad no fueron hospitalizados, y el Minsal no nos dice por qué, porque las opciones son amplias e ilustran, cada una de ellas, distintas opciones de responsabilidades públicas y privadas.
Con la información supuestamente centralizada que se tiene, la autoridad debe aclarar cuántos de los fallecidos fueron efectivamente atendidos, cuántos hospitalizaron y cuántos devolvieron a sus casas. Pero, por el momento, la autoridad solo se limita a publicar las cifras de los hospitalizados. Si fuera el caso y reconociera que cerca de la mitad de los fallecidos fueron a un centro de salud y los enviaron de regreso a casa, inevitablemente habría motivos para una investigación y la adjudicación de responsabilidades.
Profundizando a partir de los datos que nos entrega, sin informar sobre “personas consultando en un mesón de salud” sino solo respecto de las hospitalizadas, es que se llega a estimar que del total de 40 mil 366 hospitalizados desde el 3 de marzo, 8 mil 395 fallecieron, mientras que 3 mil 390 (un 28,76% de los muertos por COVID-19, es decir, con PCR confirmado) no habrían estado en un centro de salud desde marzo a la fecha***.
Si a ellos se agregan los fallecidos por causa probable COVID, que alcanzan los 4 mil 38 casos, que tampoco habrían concurrido directamente por COVID-19 a un Centro de Salud, tendríamos que el 46,9% de los fallecidos o nunca pasó por un centro de salud y, si lo hizo, no fue llevado a una residencia sanitaria ni menos hospitalizado por la pandemia, que dicho sea de paso ha acaparado prácticamente toda la atención de salud de las autoridades.
Es básico que el DEIS diga cuántas son las personas que concurrieron a un centro de salud, con demanda de atención por sintomatología u otra causa, y luego fallecieron fuera del sistema hospitalario. Hacerlo sobre los hospitalizados es una manera de presentar información que no da cuenta técnicamente de la realidad de la pandemia, sino que –pareciera–, se acomoda a la presión política de tener “buenas noticias”.
Trabajar solo con los hospitalizados y con los confirmados intrasistema le da al Minsal una mejor imagen de resultados. Tres de cada diez hospitalizados murieron, mientras que con los casos probables son ya casi 5 de cada 10 que no recibieron atención médica o la atención que debían recibir.
Lo que resulta importante decir para profundizar este análisis hacia el futuro es que los datos existen. Cada Centro de Salud registra con huella digital a los que asisten y hay fichas de diagnóstico****. Si 4 mil 38 chilenos fueron mal diagnosticados debe haber responsables de sus muertes. Si 3 mil 390 chilenos, habiendo sido diagnosticados con PCR positivo, no llegaron a ser llevados a una residencia sanitaria, debe haber responsables de la omisión de prestación de salud.
Hay mucho dato que debería estar sobre la mesa disponible para la opinión pública, sin necesidad de tener que hacer dobles indagatorias. Sobre todo si la insistencia de las autoridades en demostrarse como “planificadoras exitosas” es afirmar que nunca se coparon al 100% las camas UCI ni UTI, como tampoco las residencias sanitarias.
Queda la peor de las dudas de si el cálculo de camas y hospitalizaciones se hizo desde la oferta y no desde las necesidades de la gente y, previendo que no había capacidad para hospitalizar al país real, prefirieron apretar la demanda y que sobraran camas y residencias. Ello pondría, a los más de 7 mil chilenos y chilenas que habrían muerto sin atención, como una falla de estimación de mercado para el Gobierno. Esto, porque en el Chile de hoy la salud es solo un negocio y no un derecho.
* Dato deducido informe DEIS número 48.
**Caso probable: persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra “indeterminada” a SARS-CoV-2 o bien personas en contacto estrecho con un caso confirmado que desarrollan al menos un síntoma compatible con COVID-19.
***Los PCR no se toman necesariamente en centros de salud.
**** La vigilancia de enfermedades transmisibles corresponde al Código Sanitario y tiene declaración obligatoria y su vigilancia obligatoria, lo que es aplicable al COVID-19, y ser notificado de inmediato por el médico tratante.
