Opinión
Intervención lumínica realizada por Delight Lab en Quintero Puchuncaví
Hace no mucho tiempo, el Presidente Sebastián Piñera se comprometió ante la ONU a un nuevo trato con las zonas de sacrificio. Posiblemente sensibilizado por su viaje a terreno en medio de la crisis de intoxicaciones masivas en el año 2018, trascendió un año después en la prensa que el Mandatario estaba evaluando cerrar la fundición de Ventanas.
A pesar de que Chile lideró la negociación del primer tratado regional de América Latina sobre transparencia, participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental, el Gobierno de Piñera se da el gusto de rechazarlo, argumentando que “no es bueno para Chile”. Con esto, el Presidente le pone fin a la poca credibilidad que el discurso de liderazgo ambiental de su Gobierno intentó instalar por medio de la presidencia de la COP25. Lo cierto es que Escazú no solo es muy bueno para Chile: es un paso indispensable para caminar hacia la paz social en las zonas de sacrificio.
La semana pasada, el Estado formuló cargos importantes en contra de la ENAP por su presunta violación a la Ley Ambiental y eventual participación en las intoxicaciones de más de 1.700 personas en el año 2018, antecedente que se suma a la investigación criminal en curso. Tristemente, al día de hoy, no se sabe con certeza qué enfermó a todas estas personas. Como si fuese poco, a seis años del derrame en el mar de 37.800 litros de petróleo del buque “Mimosa”, el municipio y los pescadores siguen a la espera de acciones y de una indemnización, y no hay certeza sobre el costo para el país del daño ambiental causado y menos sobre el avance en la recuperación ambiental. Queda en evidencia que necesitamos fortalecer el Estado frente a este tipo de situaciones.
Es por ello que el rechazo de Escazú nos obliga como parlamentarios a avanzar en la tramitación del Proyecto de Ley que moderniza los Delitos Ambientales, de la cual soy coautora, y que establece penas de cárcel para los ejecutivos, empresarios y consultores ambientales que oculten información ambiental relevante. Asimismo, se protegerá a los trabajadores denunciantes de los delitos ambientales en sus respectivas empresas.
Pero lo que ocurre en Quintero, Puchuncaví y Concón trasciende la contingencia. La injusticia ambiental ocurre a diario en estas comunas, con varamientos de carbón en la playa de Ventanas casi a diario y aún cuando el Gobierno saca a relucir un plan de descontaminación y busca hacer creer que en un plazo de doce años la zona estaría descontaminada, las comunidades alegan que falta más regulación, porque en las zonas de sacrificio todo está contaminado: el aire, el agua, el suelo, e incluso la sangre de la población, que contiene metales pesados por la combustión del carbón que allí ocurre en las centrales termoeléctricas.
Esto sucede porque la regulación ambiental chilena sobre la calidad del medio ambiente es insuficiente, laxa, y en muchos casos, inexistente.
A pesar de que el Presidente reconoció públicamente que existe arsénico en el agua de las zonas de sacrificio, aún no tenemos una regulación al respecto y la que existía fue derogada meses luego de su dictación, sin que los ciudadanos puedan hacer mucho al respecto. La regulación de contaminantes como el dióxido de azufre, que puede dañar pulmones en minutos, está muy por debajo de los estándares de la Organización de la Salud, pues permite que se vulnere el máximo permitido cerca de 400 veces antes de que la autoridad dicte un plan más estricto para descontaminar y cuidar la salud de la población. Actualmente no existe una regulación ambiental para evitar contaminación de los suelos ni de las aguas marítimas.
El tratado de Escazú dice relación con la participación ciudadana en la toma de decisión de asuntos ambientales. Es decir, se trata de empoderar a la ciudadanía para que exija el respeto a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es por esto que en el marco de la discusión del Proyecto de Ley de Cambio Climático hemos propuesto que los ciudadanos puedan exigirle a la autoridad la dictación de regulación ambiental y que esta no demore más de cuatro años en su realización.
Pero no basta con poder exigirle al Ministerio del Medio Ambiente más regulación, porque este no tiene suficiente potestad para dictarla por sí mismo. En Chile, mucha regulación ambiental se ve bloqueada sistemáticamente por otros ministerios sectoriales que participan en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, máxima instancia de Gobierno que busca “concordar” la política pública ambiental.
La ciudadanía hoy no puede hacer verdaderamente responsables a las autoridades por sus opiniones o dichos: solo pueden leer las actas que se levantan a puertas cerradas y que no siempre reflejan lo que ahí se discute. ¿Por qué no puede la ciudadanía revisar los debates en materia ambiental que definen el futuro de su salud, de la misma forma que pudieron presenciar el debate del retiro del 10% de las AFP por la televisión o por internet?
Por eso, hemos propuesto, en el Proyecto de Ley de Cambio Climático, que las sesiones de este órgano deban ser televisadas. Si el Gobierno de Piñera no nos da algo tan básico como lo es Escazú, desde el Parlamento es nuestro deber exigir más transparencia en las decisiones ambientales.
El Gobierno de Piñera dirá que tenemos un grandioso sistema de información ambiental, referente en Latinoamérica. Pero lo que no dirá es que, tristemente, no se han dado a conocer a la población de forma clara y franca los resultados del estudio internacional que encargó el Gobierno para dilucidar cuáles fueron los tóxicos que contaminaron a la población en las zonas de sacrificio.
Ha trascendido por la prensa que el informe indica que Concón tiene niveles de contaminación superiores, incluso a los de Quintero y Puchuncaví, con altos niveles de compuestos de alta toxicidad como el benceno, tolueno y cloroformo. Desde luego, hemos oficiado para conocer los resultados del estudio, pero esto nos lleva a lo mismo de siempre: en Chile no hay suficiente transparencia en la información ambiental y por eso es necesario Escazú.
No firmar este tratado manifiesta que el Gobierno reconoce, implícitamente, que su liderazgo ambiental no es tal. No solo se ahonda más el bochorno internacional que sufrió el país con la COP25, sino que además el rechazo a Escazú refleja la profunda miseria en el trato que el Gobierno les da a las cerca de cien mil personas que viven en la zona de sacrificio de la Región de Valparaíso.
