Opinión
No sabemos cuándo terminará la pandemia, pero si sabemos que nuestra sociedad y territorios serán distintos. En efecto, la pobreza, el desempleo y la desigualdad marcarán los próximos años y representarán un exigente desafío en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas, esto considerando variables que a veces se obvian, como por ejemplo: el ámbito territorial, relevando lo subnacional (comunal, provincial o regional); la gobernanza multiactor, entendiendo las multiciplicidad de actores políticos e instituciones públicas, privadas productivas, universidades y organizaciones sociales que deben participar y pactar para el desarrollo sustentable y el crecimiento justo; la internacionalización, donde la globalización demanda una activa colaboración también local y no sólo el enfoque central tradicional; el gobierno abierto y la transparencia, con información relevante accesible, mejorando precisamente el acceso remoto y la conectividad, particularmente tras las lecciones que la pandemia nos ha dejado.
La gestión pública durante el estallido social y luego en el contexto de Covid-19 mostró en ocasiones una desconexión entre los intereses comunales expresados por los alcaldes y alcaldesas y la priorización y toma de decisiones del nivel central. En ese proceso los intendentes, de acuerdo al actual mandato legal, no pudieron asumir la representación y por tanto el liderazgo del territorio (con las exepciones de Bio Bio y Magallanes) debilitándose su rol, aún más con los recortes presupuestarios de que fueron objeto recientemente los gobiernos regionales.
Durante la pandemia, la postura del gobierno frente a las acciones de las autoridades locales ha tenido un carácter confrontacional y de resistencia a la colaboración, produciendo un desgaste en un ambiente que requiere de cooperación para superar esta crisis. Es por ello que la próxima elección municipal y, especialmente la elección de gobernadores/as regionales generan una oportunidad para una relación más colaborativa y efectiva, aun más en el contexto de cambio constitucional.
En efecto, el proceso constituyente en marcha es un espacio propicio para la innovación político-administrativa de la descentralización, entendida como un proceso que debe considerar los intereses territoriales. En este sentido, además de la apertura a rentas regionales y a autonomías presupuestarias para los gobiernos regionales, será necesaria la generación de instancias formales y legales de coordinación entre el Gobernador Regional y el Delegado Presidencial, que involucren al gabinete regional, esto es el trabajo coordinado con los secretarios regionales ministeriales y directores regionales de servicios públicos. En este plano, el liderazgo y experiencia de quienes asuman como gobernadores regionales será fundamental, como así también la disposición del Estado central para contribuir efectivamente con el proceso descentralizador.
La colaboración y cooperación entre ambas autoridades, Gobernador y Delegado, incorporando en esta relación formal a los alcaldes y ministerios, será clave y virtuosa como contraposición a una relación de entorpecimiento de la gestión de uno u otro.
Este proceso tiene una oportunidad adicional para las comunidades regionales y una responsabilidad legal para las candidatas y candidatos: la obligación de proponer un programa de trabajo que de sustento a una mirada de futuro. En ese desafío las universidades con vocación pública y compromiso regional están preparadas para apoyar técnicamente este mandato, para que la descentralización efectiva pueda contribuir también en el nuevo pacto político y social que se expresará en la próxima Constitución.
