Opinión
Crédito foto: Marcelo Pérez
Hoy se cumple un año de ese 18 de octubre que cambió a nuestro país. Una fecha que desencadenó una serie de eventos que terminó por convocar, una semana después, la marcha más grande de la historia de Chile y que, el 15 de noviembre, culminó con un acuerdo para dar inicio -al menos oficialmente- a un proceso político que nos permitirá tener, por primera vez en la historia de nuestro país, una Constitución redactada de forma democrática y con una ciudadanía participante.
La vocación democrática de nuestro pueblo movilizó a miles en Santiago y en todas las regiones, convocando a un millón de chilenos y chilenas en la marcha más grande del país. La ciudadanía protestó con rabia por los abusos históricos, y también por las violaciones a los derechos humanos evidenciadas en videos y fotografías que comenzaron a circular a la velocidad de las redes sociales durante las inquietantes noches que siguieron a ese 18 de octubre. Luego de días de movilizaciones, el mundo político respondió buscando una salida institucional. Esa respuesta -sin duda tardía- ante un malestar social que pudo ser resuelto años antes, pudo dar un cauce pacífico al momento social.
Los y las chilenas entendimos que esa energía social no podía diluirse, sino que debía volcarse hacia una campaña para aprobar la idea de darnos una nueva Constitución y por el medio más democrático, como lo es una Convención Constitucional. Comenzó a discutirse entonces, el carácter de esa Convención, la necesidad urgente de tener paridad entre hombres y mujeres, que existan formas de participación para los y las independientes y de cómo abrir el espacio para la autorepresentación de los pueblos originarios.
Si bien existen distintas interpretaciones de los hechos que ocurrieron desde el 18 de octubre, no puede haber distintas interpretaciones sobre el papel del Estado en la represión de la manifestación social de aquellos días. Distintos actores nacionales e internacionales, alertaron y ratificaron lo que veíamos con horror: Chile entraba de nuevo en una ola de violaciones a los DD.HH, que hizo revivir la dolorosa historia de la dictadura de Pinochet.
Durante los meses siguientes fueron muchos los informes nacionales e internacionales que dieron cuenta de esas violaciones de derechos en Chile, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de DD.HH, y también órganos nacionales como el INDH, la Defensoría de la Niñez, las Comisiones de DD.HH del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas.
Nuestro compromiso con la verdad, nos obliga a procurar que lo ocurrido quede grabado en la memoria, para el conocimiento de las generaciones venideras. Necesitamos convocar una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, que reconozca y repare todo el daño realizado y producido a las víctimas de la represión que comenzó en octubre del año pasado, quienes vieron coartados sus proyectos de vida y fueron afectados en su dignidad por ejercer el legítimo derecho a la protesta social. Por esto, es que hemos propuesto una Mesa de Trabajo, integrada por la Presidenta y el Vicepresidente del Senado y la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, cuyo propósito sea contribuir a establecer verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones a los DD.HH ocurridas durante el estallido social iniciado a partir del 18 de octubre del 2019.
No aceptaremos que exista impunidad.
