Opinión
Un espectáculo bastante lamentable estamos presenciando después de la formidable manifestación de voluntad del pueblo de Chile a favor de una nueva Constitución. Los partidos se reparten los cupos a candidatos constituyentes, organizados en las alianzas ordinarias, como si se tratase de una repartija de poder común y corriente, dando lugar a una previsible y nefasta dispersión. No hay mayor interés tampoco en entregar espacios a candidatos independientes que les sean cercanos en las ideas. Grupos de independientes, por su parte, se organizan para disputar el espacio, pero replican los mismos vicios. Muestran rostros, pero no muestran ningún programa constituyente coherente. A la hora de votar, quisiéramos hacerlo por las ideas de un candidato, no por su rostro más o menos agraciado o por su condición de independiente o militante.
El vacío programático, que es criticable en cualquier elección, lo es doblemente en una elección de constituyentes, no de meros administradores temporales de espacios de poder. Contribuirá sin duda a esta falta de relevancia de los programas constituyentes el que la elección de los mismos se haya fijado precisamente para la misma fecha en que se elegirán los administradores comunales y los nuevos administradores regionales. No es un buen contexto para la discusión constituyente, la que debiese concentrar la atención del país, pues tendrá consecuencias que se proyectarán posiblemente por décadas.
La elección de constituyentes no debiese ser entendida como un trámite para repartir cuotas de poder entre grupos o entre personas. El más importante debate constituyente, ciudadano, abierto y participativo, debiese darse durante la elección de los constituyentes, no después. La Convención Constitucional debiese ser el momento de síntesis de ese debate y de las preferencias adoptadas por la ciudadanía al votar por candidatos con un determinado programa constituyente.
Pero como de lo que se trata es de aportar al debate y no solo lamentarse de la menesterosidad actual, quiero plantear lo que, a mí modesto entender, es uno de los desafíos constituyentes fundamentales: la refundación militar de Chile.
Históricamente, los militares, unidos o al servicio de sectores de la elite, han constituido el Estado de Chile. Han operado como un poder fáctico económico-militar que no se ha sometido a la institucionalidad, sino que la ha configurado y reconfigurado cuando ha considerado necesario, actuando, en los hechos, como el gran poder constituyente originario.
Ocurrió así con las tres principales constituciones. La de 1833, fruto de la victoria en Lircay del ejército conservador mercenario financiado por Portales, el que destruye la institucionalidad liberal que se había recién levantado. También ocurrió así con la Constitución de 1925. Alessandri nombra a dedo una comisión consultiva para que elaborase el proyecto de Constitución, pero sus mismos designados se le rebelan y no quieren aprobar el proyecto que el Presidente prefería. Interviene entonces el comandante en Jefe del Ejército, general Mariano Navarrete, quien sin pudor alguno señala que el Ejército respaldaba el proyecto de Alessandri y que la comisión no podía demorar más su aprobación, y así ocurrió. La historia de la Constitución de 1980 impuesta por la dictadura militar está más fresca, así que no creemos necesario recordarla.
Llegamos así al año 2020 y nos encontramos con unas Fuerzas Armadas y una policía militarizada en proceso de profunda descomposición moral, azotadas por la corrupción desde sus más altos mandos. En cuanto a sus capacidades operativas, cuando el país las ha necesitado, como el 27F, su respuesta fue más que lamentable. Arrastran también el estigma de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, respecto de las cuales nunca han pedido perdón y ni siquiera han contribuido a una mínima reparación, consistente en decir la verdad acerca del paradero de los detenidos desaparecidos.
Es más, siguen rindiendo culto al golpismo y a los jerarcas de la dictadura. Toda la falta de reeducación en materia de respeto a los derechos humanos, en lo cual obviamente cabe una responsabilidad a las autoridades democráticas que nada significativo hicieron al respecto, se proyecta en las sistemáticas nuevas violaciones a los derechos fundamentales cometidas durante el último período.
Dado el cuadro anterior, se impone que en el marco del próximo proceso constituyente se proceda a una profunda refundación de lo militar. Ha llegado la hora de que el pueblo soberano reemplace a las antiguas Fuerzas Armadas y policía militarizada y se dé unas nuevas fuerzas de defensa y policía que comiencen a ser formadas en el respeto irrestricto al poder democrático y a los derechos humanos, que lleven la polivalencia en su ADN y, por tanto, sean un instrumento ante eventuales amenazas bélicas, pero al mismo tiempo una herramienta que contribuya a la seguridad del país en relación con todo tipo de amenazas, como las muy previsibles derivadas de la crisis climática. Finalmente, unas fuerzas de defensa y policía que rompan cultural y definitivamente con aquellas que protagonizaron atrocidades contra su propio pueblo.
Lo dicho es particularmente pertinente si la Nueva constitución declara la Plurinacionalidad. No puede ser el mismo ejército que diezmó y sometió a una de esas nacionalidades el que siga siendo el ejército del Estado Plurinacional. Su reemplazo sellaría el reencuentro, también, con la nación mapuche.
Naturalmente, en esas nuevas fuerzas tendrán un lugar todos los militares y policías honestos que componen las actuales y que firmen un compromiso expreso de condena a las atrocidades cometidas por las antiguas instituciones y de aportar al futuro para que nunca más algo similar se repita. Todo ello sería sin duda un cumplimiento de la obligación del Estado de Chile, conforme a la normativa internacional sobre derechos humanos, de establecer garantías efectivas de no repetición, como forma de reparación a la memoria de las víctimas, a sus familias y como consolidación de un Estado plenamente respetuoso de la dignidad de todas las personas.
Las nuevas Fuerza de Defensa Terrestre, Fuerza de Defensa Aérea, Fuerza de Defensa Naval y Policía Nacional, podrían quedar consignadas ya con esos nombres en la nueva Constitución si se reúne el quórum de dos tercios en favor de ese proyecto. En caso contrario, si la propuesta consigue al menos el apoyo de un tercio de los constituyentes, se podrá vetar la continuidad constitucional de las actuales instituciones para luego, en el futuro órgano legislativo, sin quórums calificados de blindaje, derogar las actuales leyes orgánicas de FFAA y Carabineros y reemplazarlas por las de las nuevas instituciones.
