Opinión
Una vez más queda pospuesta la votación en Sala del Senado por escaños reservados para pueblos indígenas. El atraso en la materia no es casual y responde tanto a la intención de bloquear y recortar la iniciativa por parte de sectores de la derecha, como al monopolio paternalista que la centroizquierda (representada en los senadores De Urresti, Huenchumilla y Araya) ha hecho con respecto a la propuesta.
Aprobada en la comisión de Constitución el 30 de octubre, la iniciativa apenas se impuso por 3 votos a 2 y contempla hasta ahora 24 escaños reservados que se añadirían a los 155 de la Convención Constitucional. La fecha de discusión en Sala (se necesita el respaldo de 26 senadores para que sea ley) se ha pospuesto ya al menos por segunda vez y tiene en horizonte el día martes 17 de noviembre. Mientras más se atrasa la votación, más desigual se vuelve el camino para cualquier persona de pueblos originarios que se esté planteando seriamente participar de la instancia constituyente, pues van quedando menos de dos meses (11 de enero 2021) para la consecución de firmas y presentación de candidaturas.
Las razones para la dilación son múltiples, pero una de ellas está pesando más que otras: después del aplastante triunfo del Apruebo a finales de octubre, la cuestión de los constituyentes –para los partidos– se ha transformado en un sordo e impertinente cálculo electoral. Es un hecho que 24 escaños adicionales representarían un séptimo (13% aprox.) de todos los votos de la futura asamblea, lo que a la hora de deliberar cuestiones fundamentales de la nueva Constitución podría representar un punto decisivo, convirtiendo a los y las constituyentes indígenas en protagonistas inesperados.
La derecha –aún muy golpeada por su ambivalente postura en el plebiscito– ve con incertidumbre esta fórmula supernumeraria de cupos y, mediante su rechazo a los escaños, trata desesperadamente de proyectar un porcentaje de constituyentes afín a sus ideas. Esto le permitiría mantener un poder de veto sobre los contenidos de la nueva Carta Magna; los 23 escaños indígenas y un escaño para el pueblo afrodescendiente sin duda que le desordenan el naipe. Por eso, iniciativas que no prosperarán –como la sugerencia de Van Rysselberghe por cupos para las iglesia– apuntan a mantener el poder del sector, buscando aliados conservadores. Ahora bien, si la derecha rechaza en Sala el día 17 (claramente la aprobación mínima de 3-2 en la comisión marca esa tendencia), su coalición gana tiempo y reduce la incidencia y peso de constituyentes de pueblos originarios.
En cuanto a la centroizquierda, esta convenientemente solo reactivó la discusión de escaños una vez que tuvo los resultados del plebiscito a la vista. En la semana posterior al 25 de octubre, el diagnóstico triunfalista de la oposición es que la ciudadanía les había dado una suerte de señal, que ellos como partidos –y no la sociedad civil o las organizaciones de base– estaban llamados a responder. Confiados en que aprobar cupos supernumerarios era aumentar sus posibilidades de obtención de asientos en la nueva Constitución, retomaron un proyecto que no se habían molestado para dejarlo dormir por diez meses.
Aún más, con premura y cierta arrogancia, descartaron indicaciones y alternativas sobre la reforma que sí habían surgido de colectividades indígenas, tales como la propuesta de Identidad Territorial Lafkenche (ITL), que apuntaba a macrozonas y no a un único distrito nacional. Lo verdaderamente grave es que, para asegurar una victoria en el Senado, los representantes de la vieja Concertación ya están dispuestos a reducir los números de cupos, pues el mismo Huenchumilla, al día siguiente de la estrecha votación en la comisión, pedía “una señal” a las organizaciones indígenas sobre cuanto o en qué números se podía ceder o negociar. Curioso, pues pedía esto luego de que su sector monopolizara la cuestión de escaños y dejara de escuchar otras ideas y propuestas.
Un número menor a 24 asientos en la constituyente, supone una nueva muestra de paternalismo y tutelaje por parte de los partidos, además de una relegación de cualquier forma de poder y participación indígena: obtener los cupos pero en número insuficiente, se transforma casi en un mero símbolo, aun cuando se trate de presentar con optimismo el resultado como un “triunfo histórico” o cualquier epíteto similar. Digo esto responsablemente, porque cuando comience la constituyente y se definan comisiones y alianzas, un número menor (12 o 15), como quieren algunos en la derecha, convierte a los actores indígenas en un gueto que solo se podrá hacer cargo medianamente de los asuntos relativos a los propios pueblos. Mantener en cambio la proporcionalidad (24 escaños) da la oportunidad inédita, de llevar contenidos y demandas en todas las cuestiones relativas al territorio y de la convivencia entre naciones.
Los escaños no son igual a la autodeterminación o la autonomía, pero pueden ser sin duda un paso para, por una vez, aumentar el poder político de las naciones indígenas y comenzar a revertir la larga tutela, colonización y derechos de segunda categoría que fueron impuestos con el Estado.
