En las laderas de los cerros de Huechuraba constantemente se levantan unas que otras chozas y, en el mejor de los casos, un par de mediaguas. Tras la pandemia, tales acciones se han visto acrecentadas. El día sábado recién pasado, antes que cayera la noche, se incendió una mediagua en las faldas del Cerro Las Canteras. El amago se ocasionó debido a una parrilla mal apagada, pero pudo haber sido también por un sinnúmero de otros accidentes, pues la precariedad con las cuales se levantan estas construcciones están a la vista. Gracias a la acción de la comunidad y bomberos se logró contener el avance de las llamas. Sin embargo, ante la nula acción del Gobierno local y la urgencia de una solución habitacional, al día siguiente, domingo por la tarde, un centenar de familias se trasladó nuevamente al cerro en la búsqueda de un lugar donde vivir.
A un par de kilómetros por la ladera del cerro, a los pies del Cerro Polanco, se observan cinco grúas de construcción donde la Constructora EBCO construye 210 departamentos en el camino viejo La Pirámide, a orillas del bosque nativo de la comuna. Unos metros hacia el poniente, otros 665 nuevos departamentos se levantan en los bordes de Ciudad Empresarial. De las cuatro hectáreas en las cuales se emplaza el proyecto, ninguna contempla vivienda social. Ambos proyectos inmobiliarios son para familias ABC1. Al finalizar la construcción es muy probable que, tal como ocurrió con el explosivo crecimiento de Pedro Fontova, el Serviu deberá generar acciones de mitigación ante el impacto de la creciente ola de un desigual y desregulado desarrollo inmobiliario.
Mientras algunos llegan, otros y otras se ven obligadas a abandonar sus raíces o hacer sus vidas en el patio trasero y, en los casos más extremos, ocupar un sitio de forma ilegal. Al observar los flujos inmigratorios intrametropolitanos de la comuna, la Casen del año 2002 ya reflejaba que las nuevas y los nuevos habitantes provienen en un 49,9% de familias y sectores del Cono Oriente; 3,7 del Centro; y un 21% del Pericentro. En 30 años, se impone el negocio inmobiliario, mientras cuatro mil familias viven de allegadas en Huechuraba, según cifras del municipio, pues hace más de una década que no existen soluciones habitacionales para las pobladoras y los pobladores del ex Conchalí.
El paisaje de Huechuraba es evidencia de una ciudad desigual en disputa. Puesto que, a pesar de su composición a mediados del siglo pasado primordialmente de sectores populares, herencia de las tomas de terreno, loteos de sitio y compras colectivas, la fisionomía local cambió. Desde los años 90 en adelante, la comuna se focalizó en familias y sectores de altos ingresos, expresión de las transformaciones neoliberales llevadas a cabo en el marco de la dictadura, donde el suelo urbano se consideró como un bien no escaso, para así dar rienda suelta a la especulación económica de la ciudad. Esto trajo consigo que la composición de Huechuraba en la actualidad esté marcada por tres sectores: Casco Histórico, Bajo; Pedro Fontova, medio alto; y Ciudad empresarial, Alto (BCN, 2008).
La elitización de Huechuraba es fruto del negocio inmobiliario, la ausencia del Estado y las facilidades que desde la vuelta a la democracia ha generado el municipio a través del Plan Regulador en desmedro de las pobladoras y los pobladores, pues los precios inalcanzables de las viviendas y la ausencia de soluciones habitacionales en la comuna, han llevado a la migración forzada de población nativa. En consecuencia, la segregación urbana que les ha tocado sufrir a aquellos hijos e hijas de quienes poblaron el siglo pasado la comuna, condenados a la nueva periferia, en zonas sin servicios básicos y equipamiento, aniquilando la vida comunitaria que habían forjado en sus territorios.
El “Índice de Acceso a la Vivienda” (PIR por sus siglas en inglés) dado a conocer por la Cámara Chilena de Construcción el año pasado, da cuenta de que el acceso a la vivienda es “severamente no alcanzable”. Y es que, considerando el valor promedio de un inmueble de 3.089 UF ($89.220.143,02), junto con el ingreso promedio de un hogar de 33,8UF ($913.000), se debería destinar 7,6 años de los ingresos enteros del hogar para poder financiar el sueño de la casa propia en Chile. Ahora bien, si consideramos que el ingreso mediano en el país es de $401 mil, es decir, que el 50% de la fuerza laboral percibe tal sueldo, aun si trabajaran dos personas por núcleo familiar no alcanzarían el ingreso promedio por hogar. Peor aún, en tales sectores en donde el nivel educacional y económico es bajo, el empleo informal está a la orden del día y las mujeres están subordinadas a las labores domésticas sin ingresos formales. Así es como la posibilidad de acceder a una vivienda es aún más severamente no alcanzable.
Los desalojos de estos terrenos son inminentes y mientras se decida hacer frente a través de la acción represiva del Estado, dotando la resolución de conflictos en Carabineros de Chile y compañía, se podrá disipar la acción pero no detenerla, puesto que, mientras en Huechuraba se continúe privilegiando al negocio inmobiliario en desmedro de una política comunal de vivienda pensada desde las urgencias de la población nativa, a las pobladoras y los pobladores no les quedará otra opción que recurrir a su memoria histórica y nuevamente correr los cercos de la ciudad a través de acciones directas.