Opinión
El Ministerio de Educación ha anunciado que el 1 de marzo se dará inicio al año escolar 2021, pese al contexto de pandemia global en que aún no contamos con una vacuna. Esto nos plantea un dilema por los derechos de niños, niñas y adolescentes que están en juego: por una parte, el derecho a la Educación, a la integridad psíquica, a la igualdad y no discriminación; y por otra, por supuesto, el derecho a la vida e integridad física de nuestras niñas y niños, ante el riesgo que podría traer un sistema de clases presenciales en que ellos podrían ser vectores y amplificar los contagios del COVID-19.
Para analizar estas tensiones entre derechos es preciso considerar algunos elementos: primero, que esta crisis sanitaria internacional ha dejado al descubierto las enormes diferencias en la calidad de la educación en el país y ha amplificado las brechas existentes en el escenario de las clases online. Un estudio realizado por CIDENI y Data Voz sobre brechas digitales, concluyó que existen enormes diferencias en la capacidad de los establecimientos para continuar el servicio educativo a distancia. Asimismo, niños y niñas provenientes de sectores de menores ingresos han tenido enormes dificultades de acceso a la educación online. Muchos solo podían entrar desde sus teléfonos con planes de datos limitados, mientras quienes provienen de sectores más acomodados cuentan con computadores, espacios adecuados para el aprendizaje y planes de internet de mejor calidad.
Dicho eso, la asistencia de niñas y niños a los colegios tiene beneficios que van más allá de la transferencia de conocimientos: la convivencia y socialización, la posibilidad de juego y recreación. También posibilita que el colegio actúe como un ente protector ante eventual violencia o maltrato que sufran en sus hogares, situaciones que, en el espacio escolar, pueden ser identificadas y denunciadas por profesores o directores.
En Europa, la OMS declaró su apoyo a mantener los colegios abiertos, a fin de “asegurar la enseñanza para nuestros hijos”, ya que “los confinamientos masivos deben ser una medida de último recurso, pues provocan muchos efectos secundarios”.
A la luz de lo expuesto, la presencialidad en la educación es virtuosa en sí. Pero ¿cómo se resuelve la situación de la exposición al riesgo? ¿Cuál es el rol que deben asumir los padres en este contexto y cuál es el rol del Estado? La respuesta es que la solución debe poner los derechos de niños, niñas y adolescentes como foco esencial y el interés superior de ellas y ellos como principio, lo que implica que se garantice el disfrute pleno de todos sus derechos, entre estos, el derecho a la educación.
Los padres tienen la obligación de proteger y garantizar el ejercicio de derechos de sus hijos, pero no son sus dueños; estos son sujetos de derecho. Por consiguiente, no deben obstaculizar el derecho a la educación, sobre todo cuando esto conlleva la afectación de otros derechos, como el desarrollo integral, participación, salud, nivel de vida adecuado, recreación, etc. Por supuesto, habrá excepciones que justifiquen la no asistencia presencial.
Todo esto supone que el Estado cumpla su rol no solo en proveer educación, por cierto de calidad, sino que también considere como esencial la seguridad, es decir, que adopte todas las medidas y construcción de protocolos, asegurando a las familias que los niños y niñas estarán efectivamente protegidos. Y, al mismo tiempo, asegure, a quienes excepcionalmente no puedan asistir, una educación online que garantice los mismos aprendizajes con metodologías especificas a través de las aulas virtuales.
Es cierto que esta pandemia nos sorprendió y hubo que improvisar soluciones, pero esto no podrá ser una justificación para el nuevo año escolar. Es necesario recoger la experiencia de este año y escuchar a niños y niñas, quienes además pueden aportar muchísimo a través de su opinión, lo que además constituye el ejercicio del derecho a participar, a ser oídos en todas aquellas medidas que les afecten. No podemos permitir que esta pandemia prive a nuestros niños y niñas de la educación de calidad y sobre todo a aquellos más vulnerables, que este año quedaron excluidos del sistema.
