Opinión
La discusión del presupuesto 2021 ha llevado un trámite difícil en los últimos días. De acuerdo a la ley, su aprobación debe estar lista el 30 de este mes y aún hay materias sin consenso y, cuya aprobación preocupa de sobremanera a los Rectores del CRUCH. Producto de la compleja situación social y económica que enfrenta nuestro país a raíz de la pandemia, el presupuesto de la nación viene con distintas reasignaciones y reducciones respecto del presupuesto 2020, particularmente en la partida de educación superior.
El consejo de rectores, desde la presentación del presupuesto por parte del ejecutivo, ha planteado su total desacuerdo con la propuesta. A pesar que las cifras globales mostraban un aumento del 2% respecto del año pasado, lo concreto es que cuando se desglosan las partidas, en promedio el AFD cae 5%; el fondo basal, el aporte educación superior regional y el programa PACE, cada uno disminuye un 15%. Incluso hay partidas que desaparecen, como es el caso del Fondo de Desarrollo Institucional de las universidades no estatales del CRUCH.
Entendemos que todos debiéramos hacer los mayores esfuerzos para superar la crisis sanitaria que vivimos, pero las universidades hemos respondido tempranamente a las demandas del país frente a esta difícil situación, aun cuando su situación financiera ya era compleja producto de la propia pandemia, de los efectos de rezago del estallido social y las dificultades en la rendición de la PSU 2020. De este modo, una reducción en el presupuesto a las universidades que se haga permanente para próximos años generará daños irreversibles para las universidades, ya impactadas por la progresiva implementación de los cambios en financiamiento previstos en la ley 21.091.
Dado lo anterior, en el último mes los rectores han hecho saber a los distintos parlamentarios del país la inconveniencia de tales reducciones, encontrando una alta compresión y disposición de numerosos diputados y senadores en revertir esta situación. Inicialmente la Cámara de Diputados rechazó la partida de educación superior; lo que ha permitido un espacio para la negociación y recuperar las partidas rebajadas o eliminadas en la presupuesta presupuestaria 2021. Se avanza lentamente en indicaciones que buscan corregir y revertir lo anterior, pero el tiempo juega en contra para lograr el cometido.
Es necesario recordar que el desarrollo de la ciencia en la universidad no es gratis, las universidades necesitan los aportes ministeriales, toda vez que los cálculos de los aranceles regulados no consideran los costos asociados a la actividad científica y las acciones de apoyo a la sociedad. Del mismo modo, la gratuidad ayuda a formar a cientos de miles de jóvenes que, por su situación económica y social, no tendrían otra forma de acceso a la educación superior, pero esta política pública no resuelve todas las carencias académicas que arrastran estos estudiantes, debiendo las instituciones asumir los costos de las brechas formativas del nivel anterior. En definitiva, cualquier reducción en los presupuestos afectaría aún más la precaria situación económica que ya viven numerosas universidades, sobre todo la de regiones y particularmente la de zonas extremas.
Nuevamente hacemos un llamado al gobierno y los parlamentarios a mirar la importancia de las universidades en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura y la formación de personas. Estas constituyen un patrimonio y un pilar para el crecimiento del país y han demostrado su compromiso público en esta emergencia sanitaria, pues han sido las universidades, con sus laboratorios, sus equipamientos y su capital humano, quienes han aportado y han estado disponibles para enfrentar esta catástrofe, cumpliendo así con todas sus funciones sustantivas al servicio del país.
