Opinión
Sorpresa, suspicacias, sospechas, desconfianzas, muchas interrogantes y hasta ahora silencio de parte del Gobierno, ha generado la noticia con epicentro en París de una actividad del canciller chileno Andrés Allamand en el marco de su primera gira internacional a países europeos. Por la prensa nos enteramos de que el exrostro del Rechazo a una nueva Constitución y ferviente predicador de la consigna “Rechazar para Reformar” firmó un convenio con la OCDE para que “Asesore a Chile en la redacción de una nueva Constitución y acompañe el proceso”.
Chile integra este organismo internacional de cooperación de políticas económicas y sociales desde la primera administración Bachelet y puede ser interesante contar con su apoyo técnico, ya que se trata de una organización que intercambia experiencias y buenas prácticas. Su estándar constitucional, mirando países que lo integran y que tienen sistemas equitativos, solidarios, con respeto a los DDHH y cuidado del medioambiente, es también positivo.
Por otra parte, de acuerdo al artículo 133 que norma este proceso, el Presidente debe proveer apoyo técnico, administrativo y financiero a la Convención Constitucional. Todo legal, como le gusta decir.
Pero son varios los factores que levantan suspicacias. En primer lugar, que sea el Gobierno –que solo podría servir de canal neutral sin filtrar– el que deje ya fijados contenidos a esta asesoría, a saber: Régimen Político, Derechos Sociales, Materias Medioambientales; Defensa de Consumidores; Derechos de la Era Digital; Autonomía del Banco Central; Rol del Tribunal Constitucional, entre otros. En segundo lugar, que sea su actual canciller, Andrés Allamand, quien se instale como interlocutor relevante al suscribir una metodología de trabajo con contacto permanente con la OCDE para dar “seguimiento del desarrollo de asesoría suscrita” a través de la recepción de informes “para identificar prioridades en debate constitucional”, según señala texto del acuerdo de París.
En tercer lugar la falta de transparencia sobre costos, montos y pagos que hará el Estado de Chile, especialmente en medio de la actual crisis económica que enfrenta.
Pagar para tener productos como estudios de experiencias comparadas parece innecesario, ya que existen muchos documentos al respecto y en la actualidad “las asesorías constituyentes” son una verdadera industria con altísimos montos.
Pero sin duda el factor más relevante que genera mayor crítica a la medida es que el canciller de un Gobierno que cuenta con menos del 10% de apoyo desconozca groseramente al interlocutor principal: la Convención Constitucional validada el 25 de octubre por el 80% de los chilenos como único autónomo, que determina si solicita algún tipo de asesoría para acompañar el proceso y que define cómo trabajará con sus asesores y qué información, coherente con lo expresado por la voluntad popular, requerirá.
A todas luces, se trata de una decisión completamente inapropiada y vista como un intento de manipular desde fuera al único órgano con potestad para decidir. Más aun cuando su protagonista tiene un historial de volteretas y continuas reinterpretaciones del acuerdo que abrió el proceso constitucional.
Entre ellas su tesis de que el texto final debía ser aprobado por los 2/3 de los constituyentes, «si no se alcanzan los 2/3 para ninguna de las normas fracasó la convención, si fracasó la convención no hay plebiscito de ratificación y si no hay plebiscito de ratificación, aunque a algunos les moleste, no hay nueva Constitución. Por lo tanto, rige la Constitución vigente», dijo en noviembre del año pasado, desconociendo el acuerdo que fijó un plebiscito ratificatorio de salida para refrendar la nueva Constitución. “A Allamand nunca le gustó el acuerdo, ya que él defiende la Constitución del 80 y no participó en todas las conversaciones”, sostuvo en esa ocasión el senador Felipe Harboe.
¿Fue una iniciativa suya?, ¿fue una instrucción presidencial?, ¿fueron ambas?, ¿por qué el apuro?, ¿cuánto es el monto a pagar por sobre el que tiene como fondo la OCDE para este tipo de asesorías? Muchas interrogantes que deberá responder el canciller a su regreso a Chile y muchos los aspectos a trasparentar sobre esta asesoría con la que hoy quiere aportar al histórico proceso de elaborar entre todos una nueva Constitución. Proceso al que se opuso recibiendo una contundente derrota que le dio el 80% de los chilenos. Quizás estamos siendo testigos de una nueva de sus conocidas volteretas, ejercicio que parece practicar a menudo, y que dan origen a suspicacias, sospechas y desconfianzas que siempre lo rodean.
