Estamos prontos a que se cumpla la fecha de inscripción de las candidaturas a constituyentes que en abril se disputarán los 155 escaños de dicha Convención. Esto ocurre mientras que en los casi 15 meses desde el inicio del levantamiento popular del 18 de octubre, la vieja política ha usado casi todos los medios disponibles en la legislación y la Constitución que Pinochet les legó para reprimir, apagar y boicotear la búsqueda de transformaciones sociales, económicas y políticas. En este aspecto el bloque que incluye personas desde el partido socialista hasta la ultraderecha, ha logrado mantener una cierta integridad ideológica a pesar de haber sido derrotados en forma tan radical en el plebiscito. Esto se debe a que a pesar de la radicalidad de esa derrota electoral, el sujeto que se movilizó no tuvo posibilidades políticas y legales de cambiar nada. Y, al igual que después de 1988, donde se le permitió a Pinochet gobernar por dos años más, el bloque tomó la decisión de entregarle a Piñera (con menos de un 10% de apoyo en las encuestas), un poder casi omnímodo expresado en que más de un año después del levantamiento popular aun existan más de 1000 personas en prisión preventiva, no existan planes reparatorios para las 450 víctimas oculares y las masivas violaciones de Derechos Humanos sigan siendo negadas. Es una muestra flagrante de esta impunidad legal (nuevas leyes y fórmulas para encubrir los delitos del poder), judicial (delitos sin sanción) y represiva.
Al poder instituido le dio lo mismo el plebiscito.
Políticamente pudo hacer como si hubiera sido un apoyo. Así lo ha señalado Allamand, en tanto Canciller, en el extranjero. Incluso hasta las posturas que defendieron el Rechazo se sienten ganadoras, más aún cuando hace sólo tres meses atrás la derecha iba dividida y hoy tiene un acuerdo nacional para la Convención.
Hasta el bacheletismo se presentó como ganador proponiendo a Paula Nárvaez como precandidata presidencial.
Por la otra parte, legalmente, la táctica ha sido gatillar una agenda legislativa en temáticas como pensiones, represión, TPP 11, entre otras. En segundo lugar, ha logrado articularla con una dimensión represiva que, además, ha sido sumamente exitosa, pues a medida que pasan los días parece ir quedando claro que no habrá sanciones ni castigos institucionales por las violaciones a los Derechos Humanos y que las escasas sanciones personales serán todo lo suave que sea posible. En este contexto se entiende por qué después de más de un año las formas represivas sigan igual, al punto que el mismo día en que se lee el resultado del juicio por el asesinato de Camilo Catrillanca se allana su comunidad, se detiene a su familia, incluyendo una niña de siete años, su hija y se hace un operativo con 800 policías, dos helicópteros, tanquetas, para recolectar 100 plantas de cáñamo. En el operativo muere un efectivo de Investigaciones y otros ocho quedan heridos. Aún no se sabe qué sucedió exactamente.
En el más de un año de gobierno que le queda a Sebastián Piñera pretende aprobar una ley de pensiones que protege a las AFP, nuevas leyes represivas bajo el amparo del combate a la delincuencia, más limitaciones a la libertad de movimiento, reunión, protesta y todo lo que tenga que ver con la organización popular, mediante el abuso del Estado de excepción. Incluso ha llegado a plantear la reposición del debate respecto al TPP 11. A pesar de su evidente desgaste, el gobierno de Piñera goza de buena salud legislativa y capacidad represiva casi sin limitaciones. Es en este contexto material que se desarrollarán las próximas elecciones constituyentes, de alcaldes, gobernadores y presidencial a fin de año. Es por esto que considero fundamental cuestionar los argumentos y análisis de aquellas posturas que hablan de la unidad de la oposición como un axioma.
La unidad de acción en política tiene que ver con objetivos compartidos y principios que, al menos, no sean contradictorios. Y, es aquí donde se encuentra el talón de Aquiles de una alianza transversal de toda la oposición: no tienen objetivos estratégicos en común.
Creer que en Unidad Constituyente (o Nueva Concertación) no entrarán los intereses que defienden el neoliberalismo es no observar adecuadamente las correlaciones de fuerza al interior de una alianza cuyo fuerte está en poseer una clientela, es decir, una subjetividad con capacidad de movilización electoral, articulada en torno a intereses materiales y un relato común. Pero, esos son también sus límites. Para nadie debería ser un secreto la vinculación existente en áreas como la pesca (https://radio.uchile.cl/2016/12/05/querellante-caso-fipes-se-debe-investigar-a-toda-la-familia-walker/), la construcción (https://www.elmostrador.cl/mercados/destacados-mercado/2012/03/30/cchc/), la educación particular subvencionada, por poner sólo tres ejemplos, entre la Democracia Cristiana y los empresarios del sector. Pero, no sólo ella, la publicación por parte de Ciperchile (https://www.ciperchile.cl/2020/12/29/la-lista-que-el-mundo-politico-queria-enterrar-los-involucrados-en-platas-ilegales-que-figuran-en-los-tribunales-tributarios/) de una lista con los políticos involucrados en el financiamiento mediante boletas falsas, un acto que en cualquier lugar del mundo sería calificado de corrupción, no ha variado en nada el mapa electoral. Incluso algún nombre de esta lista renunció al Senado para presentarse como candidato a la Convención Constituyente. A su favor está el aspecto antes señalado: tienen un electorado cautivo con el que, en baja participación electoral, tienen asegurada su elección (https://www.ciperchile.cl/2021/01/02/eleccion-de-constituyentes-como-y-por-que-el-sistema-electoral-limita-los-cambios-y-premia-a-los-que-se-unen/).
Por otra parte, hay varios aspectos en los que se desea englobar afanes transformadores como si tuvieran carácter transversal. Por mucho que sea importante la defensa de cierto tipo de libertades, estas serán meramente formales, no reales (como ya ocurre hoy en áreas tan variadas como educación, salud, previsión, medioambiente, entre muchas otras), sino se construyen sobre la base material de la recuperación de los recursos naturales que son la base de la economía y hoy se apropian algunos grupos de poder. Quienes homologan todas las luchas no están teniendo en cuenta en este análisis aspectos como las diferencias territoriales del tipo campo – ciudad, o ciudades pequeñas versus Santiago. Un ejemplo de esto es creer que las luchas de las minorías sexuales tienen simpatías mayoritarias en cualquier lugar de Chile. Esto peca de un exceso de centralismo santiaguino.
Considero que estas lecturas elitistas obnubilan la mirada e impiden una lectura material del enfrentamiento político que se viene. En el caso del plebiscito, su primera etapa estará marcada por las definiciones de las candidaturas. En la medida que será una elección sobre la base de proyectos, ideas fuerza, pero también definiciones claras, no será fácil explicar a los defensores de las ideas liberales cómo con sus votos terminará saliendo un enemigo de la libertad de elegir sobre su cuerpo por parte de las mujeres. Imagino que tampoco será fácil explicarle al ex dirigente estudiantil que luchó para derogar la LOCE, como se terminó defendiendo la subsidiaridad escolar en desmedro de la opción por la educación pública. Finalmente, una buena parte de los votos progresistas servirán para defender posturas conservadoras en temas económicos, energéticos, de transformaciones sociales, incluso en temas de defensa, donde ya han aparecido opiniones en apoyo a la ley de seguridad interior, una doctrina ideológica propia de la Guerra Fría y la defensa de intereses chauvinistas.
Por supuesto, hay que recordar que la regla de las 2/3 partes en la aprobación de un artículo de la Constitución implicará grandes acuerdos, semejantes a los que le han permitido a Piñera y otros miembros de su gabinete salvarse de las acusaciones constitucionales, aprobar una agenda represiva contra la movilización del año 2019 y defender el desarrollo de políticas que parecen inversamente proporcionales a las banderas de la calle, en el contexto del levantamiento popular. Es esta la agenda que ha triunfado y seguirá siendo imparable hasta marzo del 2022, fecha en que Piñera entrega la banda presidencial. En este sentido, la articulación de alianzas entre fuerzas políticas con una agenda transformadora (como podría ser el bloque escindido del Frente Amplio) y otras, defensoras de un proyecto neoliberal mejorado con derechos sociales, terminará siendo una nueva señal de muchos ejemplos conocidos que terminan votando con la derecha. A esto hay que sumarle el mayor despliegue de recursos económicos en estas últimas candidaturas, el apoyo que entrega la propaganda previa y posterior en los medios de comunicación (la importancia de los rostros en las listas mayoritarias, probablemente sea evidente) y el contar con aparatos políticos existentes (militantes, apoyo de figuras emblemáticas o famosas y funcionarios de múltiples tipos dispuestos a visibilizar campañas), entre muchas otras. Es un David contra Goliat electoral no sólo por los 2/3, sino también porque privilegia los pactos con mayor votación. Perjudica a los y las independientes. Al interior de los pactos beneficia a las fuerzas constituidas en subpactos (partidos políticos y “centros de estudio” como Libertad y Desarrollo), en desmedro de las opciones “independientes” de él (sin subpacto), pero que sí termina sumándole votos a su pacto.
En el fondo, es posible que los dos años que habrán transcurrido entre el levantamiento popular del 18 de octubre de 2019 y el fin del gobierno de Sebastián Piñera se terminarán por zanjar como los viejos acuerdos de transición ocurridos entre el 5 de octubre de 1988 y el 11 de marzo de 1990. Esa vez dichos acuerdos fueron aprobados con más de un 90% de apoyo y más de 90% de participación en el referéndum del 30 de julio de 1989.
Pero, hay un segundo aspecto en el cual se tiene menos consideración y tiene que ver con otra estrategia en disputa en la próxima Convención, la de aquellas fuerzas populares que han decidido levantar candidaturas independientes, a pesar de todos los limitantes a los que se enfrentarán para ser electos. Aunque alguna de estas posturas pueda dar el batatazo y lograr ser electa, con el sistema electoral existente y una participación electoral como la de la última elección parlamentaria (2018), las posibilidades son muy limitadas. Pero, entonces ¿por qué seguir? ¿Por qué intentarlo? Pienso que para entender esto hay que considerar la tesis de que existe un desarrollo embrionario de una nueva sociedad civil en el sentido de Gramsci, es decir, una articulación de organizaciones independientes del Estado y, más aún, en disputa con él, entendido como el instrumento para el ejercicio del poder por parte de un bloque dominante de clase burguesa. Para estos grupos que han decidido salir a dar la pelea en el amañado sistema electoral existente, el objetivo no es ganar, sino disputar la palabra, el sentido común. Las organizaciones por la defensa del agua, asambleas territoriales, por la defensa de sistemas previsionales públicos, entre otras, saben lo difícil que es ganar electoralmente, aunque se movilizarán para lograrlo. Al igual que la rupturista postura de Lenin de participar en el parlamentarismo burgués, a pesar de tener claro que lo habían creado para encauzar y disciplinar las fuerzas que habían irrumpido en la revuelta del año 1905. Contra una buena parte de los bolcheviques, el líder de la revolución soviética remarcó la importancia de llevar candidatos propios con marcado carácter clasista. Aunque la fracción política bolchevique del partido socialdemócrata nunca sobrepasó los 19 representantes (en la tercera Duma), e incluso uno de ellos era un agente de la policía secreta del Zar, la agitación y propagación de las ideas bolcheviques dejarían huella y un proceso organizativo que volverá a explotar 11 años después, pero ahora con evidente capacidad para derrotar a las fuerzas moderadas que no habían logrado cumplir con su promesa de terminar la guerra ni habían avanzado en ninguna reforma económica o social, sino sólo políticas. La Duma con una alta representatividad de zaristas, reformistas democráticos y conservadores de distintos tipos era tan legítima en el proletariado urbano como el actual congreso de la República de Chile.
Por ello creo que es aquí donde se puede entender el intenso año electoral 2021, que además de las elecciones ya nombradas incluirá la de gobernadores, en conjunto con los alcaldes y concejales y la parlamentaria en conjunto con la presidencial, lo que conlleva contradicciones inherentes con el proceso constituyente, pues mientras dicho proceso funcionará con mayorías absolutas aumentadas (2/3), la elección presidencial funciona con la mayoría simple. La posibilidad de que emerja algún candidato o candidata como los antiguos tribunos de la plebe capaz de articular la rabia por el engaño construido en base a cerrojos institucionales de la Convención Constituyente, es algo que no se puede descartar en contextos de desgaste institucional y de descomposición moral del orden instituido.
Es comprensible la confianza del bloque dominante, sin embargo, hay un punto ciego: la participación electoral. Si se repite o aumenta la tendencia del plebiscito, cambian completamente los escenarios electorales, incluso en contextos de variedad de listas. Por ejemplo, las tres comunas del Rechazo deberán compensar los votos de la comuna de Peñalolén, popular y populosa, donde votó un 9% más en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, que en la segunda vuelta presidencial del año 2017. Con mayor participación disminuye la capacidad de copar la Convención Constituyente por parte del bloque dominante y vetar los cambios a la propiedad el agua, los recursos naturales, los derechos educativos, la construcción de un sistema de salud público, entre otros.
Aunque aún no sabemos cuánta gente votará ni el rol que tendrán las otras elecciones, sin embargo, si de algo no queda duda es que existe un año completo por delante en que los puntos de fricción y choque entre la agenda del bloque dominante y los intereses populares irán en aumento. Lo que suceda de ahí es otro tema.