MERCADOS|OPINIÓN
El Parlamento resuelve por estos días autorizar un nuevo retiro del 10 por ciento del fondo AFP. Una abrumadora mayoría de diputados, de todos los partidos, se ha manifestado favorable de la medida. Tienen toda la razón. Es una medida responsable, que protege a las familias, redistribuye el ingreso, reactiva la economía y fortalece la legitimidad del sistema democrático, en el momento que más se necesita. Despeja el camino para acabar, con el abuso que más indigna a l@s trabajador@s, activo@s y jubilad@s y representa la carga más onerosa e irracional para las arcas fiscales. Se trata de una medida de interés nacional
Así lo demuestran los dos retiros ya autorizados. Según la superintendencia respectiva, a fines de marzo del 2021, casi 11 millones de afiliado@s al sistema AFP los habían solicitado, es decir la abrumadora mayoría, con la excepción de l@s jubilad@s por renta vitalicia, que no tenían derecho al mismo. Ell@s constituyen la mayor parte de la población mayor de 16 años, incluyendo casi todas las personas en edad activa. Retiraron más de 35 mil millones de dólares, equivalentes a un 17 por ciento del fondo, a 41 por ciento de la masa de salarios imponibles y 13,5 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Se trata de una medida de reactivación de la economía sin precedentes y eleva el estímulo económico y social del Estado chileno a los primeros lugares mundiales. El Presidente del Banco Central, que se opuso tenazmente a la restitución de fondos, ha reconocido que ha incidido en detener la caída del PIB, el que creció un 6,8% en el cuarto trimestre del 2020, con respecto al trimestre precedente.
Por otra parte, ayudado por este efecto reactivador y el fortalecimiento del peso debido a la repatriación de fondos, y gracias la una favorable coyuntura bursátil internacional, las ganancias brutas del fondo sumaron más de 28 mil millones de dólares entre julio de 2020 y marzo del 2021, lo que cubrió buena parte de la restitución. Sumadas al excedente corriente de cotizaciones y subsidios menos pensiones, en el período, dichas ganancias netas han permitido que el fondo mantenga a fines de marzo del 2021 el mismo valor en dólares de julio del 2020, aún tras devolver más de 35 mil millones de dólares, mitigando el efecto sobre el cálculo de las pensiones.
La restitución del fondo ha sido una medida de redistribución de ingresos sin precedentes en tan breve plazo. Los 35 mil millones de dólares restituidos equivalen a incrementar en 41 por ciento la masa de salarios imponibles del año 2020, elevando su participación desde 32 a 46 por ciento del PIB en el año 2020.
Por otra parte, el monto restituido en pocos meses ya supera el total de aportes netos del sistema de AFP al pago de pensiones desde 1981, los que en el mismo período suman poco más de 30 mil millones de dólares de hoy. La última cifra considera que el total de pensiones pagadas por el sistema desde 1981 alcanza a 80 mil millones de dólares, de los cuales 50 mil millones fueron aportados por el fisco en forma de subsidios directos al pago de pensiones. Es decir, como política social pública, la restitución del fondo ha representado un beneficio mayor que el total aportado por el sistema de AFP a sus jubilad@s a lo largo de cuatro décadas.
El impacto de la medida modifica la situación nacional de manera positiva. Ayuda a crear condiciones para rechazar el proyecto gubernamental en trámite parlamentario, que agrava el ahorro forzoso. También a abrir camino para acabarlo, derogando el DL 3.500 que le dio origen, como propone otro proyecto presentado por cinco senadoras y senadores de oposición, actualmente en trámite en el Senado.
A estas alturas parece inconcebible que el lobby del ahorro forzoso, del cual lamentablemente forman parte ex autoridades y algun@s parlamentari@sde oposición, insista en un proyecto que, so pretexto de mejorar las pensiones, eleva brutalmente las cotizaciones, que pagarán l@s trabajador@s aunque las desembolsen empresarios, mientras deja intacto el abuso de desviar las cotizaciones actuales a financiar negoci@sde super ricos, en lugar de mejorar con ellas las pensiones de jubilad@s y las cuentas fiscales.
Peor aún, destina todo el incremento al ahorro, es decir, prestarlo, principalmente a empresarios súper ricos. Para estos efectos resulta indiferente que esta vez lo registre en parte en cuentas “colectivas” en lugar de individuales y lo administre un “ente” público que subcontrata su manejo con gestores financieros internacionales. Mientras tanto, carga al fisco financiar un incremento modesto de pensiones, que supuestamente le sería restituido en el futuro con el aumento del ahorro presente. Ese proyecto, actualmente en trámite en el Senado, debe ser rechazado definitivamente. Así lo pide una carta firmada por las 200 organizaciones sindicales y sociales más representativas del país, dirigida a l@s senador@s.
Incrementa de ese modo la irracionalidad del ahorro forzoso, que significa endeudar al fisco hoy, mientras “ahorra” para un futuro lejano el dinero que podría financiar con holgura las pensiones actuales. Ello constituye una irresponsabilidad en la turbulencia actual de los mercados financieros y deterioro de las cuentas fiscales del país. Así lo entendieron todos los países europeos, muchos con gobiernos de derecha, que habían implementado versiones limitadas de ahorro forzoso con cotizaciones previsionales, las que acabaron o suspendieron tras la crisis del año 2008.
Por otra parte, continuar con el ahorro forzoso AFP significa que, en pocos años, los excedentes de cotizaciones recaudadas y subsidios directos aportados a las pensiones AFP, menos el costo de estas últimas, revierten todo el beneficio de las devoluciones del 10 por ciento, tanto en su aspecto reactivador como redistributivo.
En cambio, el proyecto que deroga el DL 3.500 es una medida de impacto social, económico y fiscal, positivo y muy considerable, que resuelve de una buena vez el problema de las pensiones. Sin ahorro forzoso, el Estado recupera las cotizaciones corrientes, hoy usurpadas por las AFP. Éstas permiten duplicar las pensiones actuales y sostenerlas hacia el futuro, reajustadas al ritmo de los salarios. Sin elevar la tasa de cotización durante varios años, ni la edad de jubilación. Ello es posible porque el PIB crece a un ritmo más rápido que el número de adult@s mayores.
Ahorra al mismo tiempo onerosos subsidios a pensiones, lo que permite sanear buena parte del déficit fiscal corriente. Por añadidura y durante un par de décadas, parte significativa del gasto en pensiones será solventado por las rentas vitalicias que adeuda el sistema AFP.
La restitución del 10 por ciento ha develado la verdadera naturaleza del fondo AFP a millones de chilenas y chilenos. Mal llamado “de pensiones”, dicho fondo registra el ahorro forzoso, impuesto exclusivamente a millones de asalariad@s, escamoteado a millones de jubilad@s. Jamás ha financiado pensión alguna y tampoco lo hará en el futuro.
Es un fondo destinado exclusivamente a financiar inversiones de un reducido grupo de grandes empresarios, que lo consideran “sagrado” como declaró su presidente. Sin perjuicio de sus fuertes y constantes vaivenes especulativos, el fondo crece constantemente, en la medida que se incrementa el número de afiliad@s AFP forzad@s a mantener allí una cuenta, y se elevan sus salarios y cotizaciones.
Su única relación con las pensiones consiste en definir el mísero aporte AFP a las mismas. Método pésimo, porque resultan muy bajas, sujetas a la volatilidad de los mercados financieros, y no se reajustan con los salarios, aparte de discriminar a las mujeres y otros grupos. Cálculo que, por lo demás, no requiere de fondo alguno.
Las pensiones no se pagan con ahorro en ninguna parte del mundo, sino con impuestos corrientes. También en Chile, el fisco destina actualmente un quinto de su presupuesto a financiar tres cuartas partes de las pensiones del país, incluido un tercio de las que pagan las AFP. Éstas aportan el cuarto restante del gasto nacional en pensiones, pero lo financian con un tercio de las cotizaciones corrientes, no con el fondo. Se apropian, regularmente, e indefinidamente por lo mismo, los dos tercios restantes de las cotizaciones.
La restitución del fondo AFP será una reparación histórica, que traerá grandes beneficios al país. Debe restituirse hasta el último peso, a quiénes se ha usurpado el dinero que lo ha conformado. El fondo AFP se ha creado con cotizaciones de millones de asalariad@s, escamoteadas a millones de jubilad@s. Adicionalmente, con subsidios fiscales que financiaron la mayor parte de las míseras pensiones pagadas por dicho sistema a lo largo de cuatro décadas.
El fondo debe restituirse en un 100 por ciento a quienes lo aportaron. Cuanto antes mejor. La Nueva Constitución deberá establecer la intangibilidad de salarios, para que nunca más éstos puedan desviarse a financiar negocios de empresarios, a costa de jubilad@s.
El fondo se ha conformado principalmente a partir de las cotizaciones de trabajador@s, las que desde 1981 suman 200 mil millones de dólares de hoy, y los subsidios monetarios directos del fisco, que suman 50 mil millones de dólares, los que han permitido pagar todas las pensiones, que suman 80 mil millones de dólares como se ha mencionado, dejando un excedente corriente neto de 170 mil millones de dólares, que equivalen al 80 por ciento del fondo actual. El saldo son ganancias netas del fondo, las que han cubierto además los retiros recientes.
CENDA ha sugerido que un trato justo para restituir el fondo puede ser: 1) Devolver a los titulares de cuentas individuales que lo acepten, el total de sus aportes con una ganancia interesante, acompañada de la garantía de una pensión digna, cuyo monto en promedio sea el doble del actual, relativo a los salarios imponibles al momento de jubilar. 2) Por otra parte, el fondo permite reparar a to@s l@s jubilad@s AFP desde 1981, o sus herederos, con un bono que en promedio se acerque a la suma de pensiones que percibieron, y más en el caso de las mujeres y otros grupos hoy discriminados. 3) Finalmente, se puede borrar la deuda del fisco con el fondo, que equivale aproximadamente a los subsidios directos aportados.
La restitución íntegra del fondo protegerá a trabajadores, activ@s y jubilad@s, aumentando considerablemente sus ingresos en el momento que más lo necesitan. Fortalecerá el peso y la economía, repatriando capitales en una coyuntura en el cual se esperan flujos netos negativos. Saneará las cuentas fiscales, pagando la mayor parte de la deuda pública y reduciendo considerablemente el déficit fiscal corriente, mejorando la calificación de riesgo del país. Mejorará significativamente y de modo permanente la distribución del ingreso, corrigiendo en parte la desigualdad en la sociedad chilena. Estimulará fuertemente la economía del país, en uno de los momentos más críticos de su historia.
Un anticipo de todo ello es lo que está ocurriendo en Chile por estos mismos días.
Ver anexo: Cifras que avalan propuesta CENDA
