Opinión
Los escenarios de conflictividad en La Araucanía se han asociado regularmente a las demandas que comunidades mapuche han levantado para exigir la devolución de las tierras ancestrales. Estas reivindicaciones territoriales tienen su origen en la usurpación y fragmentación que experimentó Wallmapu desde la llegada del Estado chileno, el cual confinó a estas comunidades a habitar en la periferia y en tierras de baja calidad. Las estrategias utilizadas por el Estado para este confinamiento se centraron en dos acciones: primero, anexar este territorio a la república para reclamar las tierras como propias y así subastarlas a privados o simplemente entregárselas a inmigrantes no nacionales-europeos y también a criollos. En segundo lugar, y con la intención de reparar los daños ocasionados a las comunidades, se entregaron terrenos al pueblo mapuche mediante Títulos de Merced, acción que no tuvo el éxito esperado debido a una serie de delitos y litigios que estas comunidades han tenido que sortear por sus tierras. Ad portas del nuevo milenio, el gobierno de Patricio Aylwin intentó remediar esta deuda histórica, promulgando la Ley 19.253 que creó la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), entidad que tiene la misión de comprar y repartir tierras a las comunidades mapuche. A pesar de estas políticas, el Estado de Chile no ha podido subsanar los daños históricos ocasionados a la tierra mapuche en La Araucanía.
En la actualidad, la presión por el suelo periurbano en Temuco emerge como otra dimensión de este conflicto. Durante noviembre de 2020 y febrero de 2021, se registraron ataques hacia casas piloto de un proyecto inmobiliario y máquinas pertenecientes a una constructora. Ambos hechos ocurrieron en el límite urbano de la ciudad, espacio donde nuevos agentes están interviniendo este suelo protegido. En primer lugar, las empresas inmobiliarias que han centrado una parte importante de sus proyectos en áreas cercanas a suelo mapuche, lo que prueba el creciente poder urbanizador que tienen éstos sobre la ciudad. Prueba de ello es que, del total de permisos de edificación solicitados al Municipio de Temuco entre los años 2005 y 2013, el 21,7% corresponde al sector privado (según datos de la Dirección de Obras Municipales procesados por el ODISUR).
En segundo lugar, las mismas personas naturales son un agente importante de intervención en zonas mapuche, esto en la medida que se transforman en migrantes por amenidad que buscan tener una “casita en el campo”. Esto hace que el territorio mapuche que rodea a Temuco comience a ser muy apetecido por las personas que buscan experimentar la cercanía con la naturaleza. Los mecanismos para lograr adquirir tierra indígena son múltiples: desde el arrendamiento por 99 años, hasta los resquicios legales que permite la relación civil entre personas mapuche y no mapuche, lo cual termina finalmente por destrabar el mecanismo de protección que rige sobre estas áreas. Este último mecanismo fue empleado por un ex subsecretario del Interior para adquirir un terreno indígena.
El proceso de consulta indígena realizado durante el año 2019 tenía como propósito modificar la Ley Indígena 19.253. Sin embargo, el gobierno actual tuvo que suspenderlo ya que las comunidades se manifestaron en contra de algunas dimensiones propuestas. Entre ellas, lo relacionado con los títulos individuales de dominio, hecho que pudiera permitir no sólo el derecho real de uso, sino también la eliminación de la restricción de subdivisión mínima de 3 hectáreas. Esto último abría la posibilidad de realizar contratos de arriendos, comodatos o medierías en tierras indígenas por un plazo de hasta 25 años, los cuales podrían ser renovados automáticamente.
Al parecer, la tierra del Wallmapu continúa siendo un bien preciado que es necesario adquirir, controlar y transformar a través de acciones similares a los subterfugios que se utilizaron para arrebatar la tierra hace más de ciento cincuenta años, y que originaron el conflicto histórico entre el Estado y el pueblo mapuche. Quienes habitan actualmente estas tierras, coincidentemente, son las actuales generaciones de aquellas a quienes el Estado condenó a vivir en un par de hectáreas.
