Opinión
No es ninguna novedad que observemos cómo las acciones (o la falta de estas) en una determinada industria, pueden tener consecuencias relevantes en otros sectores. Esto, dada la existencia de una compleja red de interacciones en todas las actividades que tenemos como sociedad, cuestión que en estos últimos años ha sido evidente al surgir movimientos denunciantes de conflictos socioambientales, antes con poca o nula visibilidad.
Un ejemplo concreto de estas interacciones es la regulación económica en la industria de generación eléctrica y su impacto en el medioambiente, y en nuestros compromisos, ya que como país perseguimos la meta de reducir la emisión de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático y, en concreto, de lograr la carbono neutralidad al 2050.
En ese escenario, es relevante mencionar que el sector energético es el responsable del 78% de las emisiones de CO2, y, particularmente, el sector eléctrico del 32%[1].
Así, para lograr la deseada carbono neutralidad se visualizan dos caminos: el primero es la producción y utilización de hidrógeno verde (para el reemplazo de combustibles fósiles); y el segundo, el proceso de descarbonización de la matriz energética, que implica retirar las centrales termoeléctricas a carbón[2], como por ejemplo, las centrales Bocamina y Ventanas 1. En el caso de la última, su cierre fue anunciado por el Gobierno a fines del año pasado.
¿Por qué lo anterior es importante? Porque el retirar las centrales termoeléctricas da espacio a la entrada de centrales renovables, las que a su vez permiten producir la energía eléctrica necesaria en el proceso de elaboración del hidrógeno verde.
Hasta aquí todo suena bien. Sin embargo, el cumplimiento de esta meta país y, específicamente, el desarrollo de energías renovables, enfrenta algunas cortapisas en la regulación económica, que tienen que ver principalmente con el uso de Gas Natural Licuado (GNL) para producir energía eléctrica. ¿Y por qué? Porque existe una norma técnica que permite declarar el GNL como inflexible. ¿Qué significa esto? Que los generadores que usan GNL para producir energía pueden inyectarlo al sistema de forma prioritaria. Es decir, esta norma permite que, a pesar de ser una energía fósil, el GNL tenga prioridad en su entrada al sistema, ocasionando incluso que parte de la energía renovable generada (hidroelectricidad de pasada[3], solar y eólica, principalmente) y cuya emisión es igual a cero, deba verterse, es decir, desecharse.
Sin perjuicio del impacto en el medioambiente de la constante aplicación de esta norma –que debía ser excepcional, pero que en el tiempo ha demostrado que no lo es–, se generan efectos nocivos en otros ámbitos, como el mercado, donde se distorsiona el precio de transacción de la energía entre sus participantes, cuestión que afecta la posición de pequeñas y medianas generadoras que contribuyen al sistema con energía limpia y renovable, y termina por desincentivar la entrada de posibles nuevas inversiones en centrales de energías renovables.
Esperemos que la contradicción vital que esta norma produce entre nuestros compromisos medioambientales y de descarbonización de la matriz con los de esta norma de priorización de GNL, pueda ser corregida prontamente a través de la eliminación de las declaraciones de GNL inflexible. Pues solo de esa manera existirá la deseable armonía y coherencia de políticas públicas para cumplir como sociedad y país con la meta de ser carbono neutral al 2050.
[1] Fuente: “Inventario Nacional de Chile 2020”, Ministerio del Medio Ambiente.
[2] El hidrógeno verde aportará un 21% en la reducción de emisiones de CO2 y el retiro de centrales a carbón un 13%. Fuente: “Carbono Neutralidad en el Sector Energía”, Ministerio de Energía.
[3] Se refiere a centrales hidroeléctricas que no tienen un embalse que les permita regular el uso de sus caudales para generar energía eléctrica.
