Opinión
La política chilena atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia justo en medio de un importante número de procesos electorales -algunos de ellos inéditos-, los cuales darán forma a un nuevo texto constitucional y a un proceso de validación popular de nuevos cargos electos democráticamente electos.
En medio de la crisis sanitaria y en un escenario post estallido social, las coaliciones y los partidos políticos se enfrentan a estas elecciones sin una idea clara sobre sus posibles resultados. Así, de cara a votaciones muy relevantes, altamente competitivas y poco predecibles, las encuestas que hoy circulan parecen alborotar a las redes sociales y a la élite política por igual.
La elección presidencial no se aleja de esta incómoda posición. Encuestas semanales tienen a dirigentes, militantes e independientes preocupados de cómo articular fuerzas frente a una elección que cada día se asemeja más a los comicios que vivió Perú hace algunas semanas.
Así las cosas, ¿qué queda por hacer? Mucho, pero nada de eso parece ser prioridad para las coaliciones y candidaturas compitiendo por gobernar.
De una semana a otra se intercambian notas con comentarios en off sobre apoyos cruzados a una nueva candidata que marca 4% en una encuesta cuyo margen de error es de 3,7%. Mientras, se da por ganadora a una figura que tiene alta valoración positiva a nivel nacional y cuyo posible éxito electoral desencadenaría una debacle electoral para oposición y oficialismo, cuando todo parece indicar -en función del perfil de sus apoyos- que su mayor valoración viene de quienes menos participan de procesos electorales. Todos los conglomerados parecen más preocupados de clarificar quién da más en la carrera a la Moneda, utilizando el Congreso Nacional o el Palacio Presidencial como escenario de un producido espectáculo televisivo donde se promueven candidaturas e incluso a sus parejas frente a periodistas ávidos por el próximo titular.
En esta agonía, nuestra clase política no parece muy preocupada de reflexionar sobre el Chile post elección, ese en el que comenzaremos a escribir nuestra nueva Constitución y un nuevo gobierno deberá asumir la administración el Estado después de una crisis devastadora. Esto preocupa especialmente hoy, dado que nos hemos vuelto especialistas en ver cómo se articulan coaliciones políticas fundadas en la mera conveniencia electoral, sin intención de definir siquiera una hoja de ruta compartida sobre qué hacer cuando toque gobernar.
En simple, el momento histórico demanda de la clase política un compromiso como pocos en la historia, y sin embargo la conversación sigue articulada en torno a quién tiene mas opciones de ganar sin mucho debate en torno a cómo y con qué ideas se gobierna.
¿De qué sirve una agenda política en torno a los retiros o una renta básica si no crecemos durante los próximos años para sostenerla y recuperar lo gastado? ¿Qué valor tendrá una nueva Constitución si el Congreso parece haberse convencido de que es solo una ley más que bien vale obviar cuando las encuestas lo piden? ¿Cuál es el programa de gobierno que parece interpretar de mejor forma una respuesta a las injusticias y desigualdades que presenciamos en medio de esta pandemia y post crisis social? ¿Cuáles son las reformas urgentes que demandan un sustantivo compromiso fiscal?
La respuesta a estas y otras preguntas ameritan una reflexión profunda, que está lejos de contribuir a posicionar candidaturas de cara a la próxima elección. Sin embargo, son fundamentales a la hora de sentar las bases para articular una opción política. Especialmente una que lejos de entender bien cómo ganar una elección a través de frases grandilocuentes en un matinal, una vez electa, sea capaz de poner en marcha un plan de gobierno que mire a la cara esta crisis de legitimidad, que avance hacia un sistema de garantías que apoye a todos quienes lo necesiten y que genere una estrategia de desarrollo inclusivo al largo plazo. Quizá sea mucho pedir.
