El poder constituyente que la elección nos devolvió

El modelo económico neoliberal y las elites se erigen como los principales perdedores de la cuádruple elección de convencionales constituyentes, gobernadores(as), alcaldes(as) y concejales(as), en una jornada electoral en plena pandemia en que la emergencia de nuevos actores y liderazgos políticos representa una oportunidad de cambiar la forma de hacer política de los últimos 30 años y un potencial de transformación de la matriz sociopolítica chilena.

En efecto, con la conformación de una Convención Constitucional democráticamente elegida son las relaciones entre el Estado y la sociedad las que podrían reformularse desde una vinculación marcada por los mecanismos de mercado por sobre la política, lo comunitario y el bien común, hacia una en que las ciudadanas y los ciudadanos logren ver efectivamente representadas sus demandas en el sistema político y reformar el modelo de desarrollo impuesto en dictadura.

Es el mismísimo poder constituyente originario el que vuelve al pueblo para refundar una Carta Magna manchada con la ilegitimidad de origen en los 80, lo que fue posible gracias a la decisión mayoritaria ratificada en las urnas en el plebiscito de 2020 que, a su vez, fue una de las principales demandas del pueblo movilizado en 2019, que exigió un Nuevo Orden Constitucional que supere la exclusión y la preeminencia de la propiedad por sobre la garantía de los derechos sociales.

Son varias las tendencias de corto y mediano plazo que pueden desprenderse de un proceso electoral que, en el caso de la Convención Constitucional, adquiere el calificativo de inédito al incorporar la paridad entre hombres y mujeres, así como la representación de escaños reservados para pueblos originarios, que para algunos representa ahora sí el fin de una larga transición en que el modelo impuesto en dictadura siguió siendo administrado en democracia. Aquí algunas de ellas.

• Expresión institucional de salida a la crisis política: la elección de 155 convencionales constituyentes no solo implica un avance civilizatorio y progresista en la forma de representar la diversidad de la sociedad chilena, sino que ratificó una salida por vías institucionales a la grave crisis política y de derechos humanos que estalló en 2019 producto del abuso y desigualdad sufridos por el pueblo por décadas. El acuerdo entre fuerzas políticas que derivó en el plebiscito de octubre del año pasado y luego en las elecciones de mayo de este año, leyó adecuadamente la demanda en las calles por una nueva Constitución y neutralizó los riesgos para la estabilidad democrática (cabe recordar que en noviembre del 2019 el Gobierno barajó la posibilidad de un estado de sitio).

• Se refuerza el nuevo clivaje Elite vs. Pueblo: la revuelta popular vino a cristalizar que el nuevo clivaje, escisión o bloque de la política chilena ya no estaba definido por la oposición entre la derecha y la izquierda, sino entre las elites y el pueblo, propensión que los resultados electorales vinieron a reafirmar al castigar fuertemente a los partidos tradicionales que consideran parte de una clase política privilegiada. El sujeto social “pueblo” recupera la soberanía popular originaria para representarse a sí mismo y ya no por “los mismos de siempre”. Las elites política, económica y cultural (en plural, porque ya no es una sola) no solo marcan una brecha con el pueblo -especialmente en el caso de quienes dirigen las empresas-, sino que se ubican en las antípodas de él, como consignó el reciente estudio del COES sobre las elites.

• Viraje a la izquierda y cuestionamiento al modelo: a pesar de la atomización de sus candidatos y candidatas en distintas listas, la izquierda partidaria (PC y FA) y la que se expresó más radicalmente desde la revuelta (Lista del Pueblo) lograron un contundente triunfo en la Convención Constitucional, a lo que se suma que en la mayoría de Independientes no neutrales y de los escaños reservados para pueblos originarios hay un predominio de ideas de izquierda. Si bien no son simplemente sumables por sus diferencias respecto a las estructuras partidarias, comparten una visión crítica del modelo económico, reclaman un rol del Estado social y democrático que supere la lógica subsidiaria y de mera regulación, abogan por la igualdad, la equidad de género, los derechos sociales y un Estado Plurinacional.

• Liderazgos sociales como un nuevo sujeto político: la irrupción de la Lista del Pueblo que alcanzó un 15,5% en la Convención Constitucional (tercera fuerza) contra todo pronóstico, prácticamente sin financiamiento electoral ni espacios en los medios de comunicación tradicionales, logró perfilarse como un nuevo sujeto político, instalando los rostros, temas y reivindicaciones de la revuelta popular que comenzó el 18 de octubre. Surgidos desde movimientos sociales u organizaciones territoriales y sin militancia política, esta bancada representante de la realidad de la calle que ya ha dado señales de no estar disponible para negociaciones y alianzas mientras no se liberen a los presos políticos, representará posturas más radicalizadas en el espectro convencional que habrá que ver cómo buscará ampliar.

• Derrota de la derecha y su imposibilidad de veto: con su peor resultado electoral en años y sufriendo el voto de castigo al Gobierno, la derecha no alcanzó ⅓ de los votos, con el cual podría haber vetado cambios estratégicos en la arquitectura constitucional, y quedará limitada a ser minoría. A pesar de su contundente derrota electoral también en materia municipal y de gobernadores(as), no es esperable que la derecha sea capaz de reconocer las reivindicaciones populares (más allá de las frases hechas de que escucharon al pueblo), tal como no lo hizo tras el estallido social y la aplastante derrota del Rechazo ni durante la gestión gubernamental de la pandemia. Su estrategia más bien radica en instalar el temor a un cambio de timón especialmente en materia económica, que se hará visible en los discursos de sus candidatos presidenciales que seguramente apelarán al riesgo, la incertidumbre, la baja en la bolsa, una posible fuga de inversionistas y al cambio en las reglas del juego. Cuestiones que anteriormente, a pesar de la amenaza que supuestamente representaba la elección de gobiernos de izquierda durante la transición, se estabilizaron a corto plazo.

• Unidad del Frente Amplio y el Partido Comunista: el desplome de la antigua Concertación, que fue considerada por los votantes como parte de la elite política en oposición al pueblo en este nuevo clivaje, potenció el pacto electoral entre el Frente Amplio y el Partido Comunista y lo proyectó a una nueva alianza política que se cristalizará en las primarias entre Gabriel Boric y Daniel Jadue. Aunque no logró arrimar al Partido Socialista y que este dejara por fin su vinculación con la Democracia Cristiana tan propia de la transición democrática, la unidad de estos dos conglomerados evidenció su capacidad de movilizar votos en los territorios. El emblemático triunfo del Partido Comunista en Santiago y del Frente Amplio en Viña del Mar, Ñuñoa, Maipú y en la Gobernación de Valparaíso (sin la necesidad de segunda vuelta) posiciona en un auspicioso lugar al candidato que resulte ganador de las primarias, que contará con estructuras partidarias como soporte de las campañas presidencial y parlamentaria de noviembre próximo. Asimismo, la alianza de izquierda ya está dando una señal política a los independientes al presentar un proyecto de ley que modifica la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios para que las candidatas y los candidatos sin filiación política compitan en igualdad de condiciones que los militantes de partidos en las elecciones parlamentarias, para mejorar la representatividad del Congreso Nacional. En contra de las encuestas que volvieron a fallar, el populismo representado por la diputada Pamela Jiles salió derrotado en su afán de conseguir un gobernador de sus filas, lo que desinfla completamente su intención presidencial.

• Paridad y escaños reservados como nuevo piso: uno de los efectos de la incorporación de la paridad en la Convención Constitucional y de la generación de escaños reservados para pueblos originarios, es el convencimiento de que ese avance en la representación de la diversidad de Chile debe ser el piso para futuras elecciones, como la de parlamentarios(as), consejeros(as) regionales y municipales, como lo propone el reciente proyecto de ley del PC y el FA, que también sugiere representación de la comunidad trans y de las personas en situación de discapacidad. La prohibición de que ninguno de los dos sexos quede sobrerrepresentado (frente a lo cual se aplican correcciones por sexo) implicó que los partidos debieron proponer a candidatas mujeres en distritos con posibilidades de ganar, generando que las mujeres arrasaran en la Convención Constitucional y echando por tierra el prejuicio de que no hay mujeres o que la gente no vota por ellas. En definitiva, la paridad se aplicó en 15 casos –paradójicamente para que ningún sexo superara a otro en 60%, fueron más favorecidos los hombres que las mujeres (10 de ellos subieron y de ellas solo lo hicieron cinco)–, totalizando 77 mujeres constituyentes (49,7%) y 78 hombres (50,3%).

• Baja participación electoral y necesidad de reponer el voto obligatorio: la alta abstención electoral nuevamente fue la protagonista en esta megaelección –que fue mayor en relación con la sorpresiva participación ciudadana en el plebiscito del año pasado (donde votó 50,9% del padrón) y menor a la de las últimas elecciones municipales (solo el 34,8% acudió a las urnas)– y prende las alarmas sobre la densidad del régimen democrático chileno, en que cada vez son menos los que eligen por los más. Aunque la pandemia y el mayor número de casos en mayo que en octubre pasado pueden explicar en parte que las chilenas y los chilenos se hayan abstenido de manera importante de votar, lo cierto es que solo 43,5% (6.458.750 personas) lo hayan hecho debería impulsar un debate sobre la urgencia de reponer el voto obligatorio (tal como será en el plebiscito de salida de la Constitución). Ello, especialmente cuando cada vez queda más en evidencia el sesgo de clase que implica el voto voluntario, donde las comunas de nivel socioeconómico más alto son las que más votan, mientras los sectores populares son los que menos ejercen su principal derecho político, en que al menos en esa instancia todos y todas son iguales.