Hasta hace algunas décadas, hablar de Inteligencia en Chile (y en la región) tenía una carga negativa y hasta impopular; peor aún, comportaba un evidente riesgo de ser tildado de totalitario y amoral. Hoy en día no hablar de Inteligencia es sinónimo de ignorancia y de incapacidad para situarse en el mundo real. En efecto, cualquier proceso de toma de decisiones debe contar con la información debidamente procesada para comprender las múltiples variables que inciden en el resultado que podría traer la adopción de esa medida. Por alguna extraña razón, eso es tan obvio como desestimado.
Sherman Kent, considerado por muchos como el padre de la Inteligencia moderna, a mediados del siglo pasado la definía como “el tipo de conocimiento que un Estado debe poseer para garantizarse que sus intereses no sufrirán ni sus iniciativas fracasarán debido a que sus decisores políticos o sus soldados planifican y actúan bajo la ignorancia” (Kent, 1945). Debieron transcurrir 50 años desde la publicación del famoso libro de Kent, antes que en Chile se creara mediante una ley, un Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) y una Agencia Nacional de Inteligencia, la hoy tan conocida ANI (Ley 19974).
La ley fue promulgada en el año 2004 después de 3 largos años de debate en el Congreso. Sin duda, ante la inexistencia de un sistema y de un concepto consensuado, con todas sus fallas e imperfecciones, esto ya representó un avance. La ANI fue la continuadora –bajo una concepción muy distinta– de diversas iniciativas que la antecedieron, como la famosa Dirección de Seguridad Pública (DISPI), que operó desde 1993 con la tarea de proporcionar informaciones específicas en el ámbito de la seguridad, con el propósito que “el Gobierno formule políticas y adopte medidas y acciones específicas, en lo relativo a las conductas terroristas y aquellas que puedan constituir delitos que afecten el orden público o la seguridad pública interior” (Ley 19212).
Por cierto, el SIE está concebido bajo una lógica más abarcadora y cubre un espectro mayor. El Sistema tiene la tarea de “asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales” (Ley 19974, Art. 4°). La ANI es la entidad ejecutiva y, en teoría al menos, preeminente entre sus pares. Hoy se encuentra en discusión en el Congreso –desde hace un par de años– una reforma a la ley para, entre otras cosas, potenciar el SIE mediante una optimización de las coordinaciones y, en especial, fortalecer a la ANI.
Pero todo esto es francamente insuficiente. En Chile aún la discusión es corta y gira en torno a los controles (que son muy necesarios y legítimos) o a las coordinaciones interagenciales (por cierto, imprescindibles). Sin embargo, no ha logrado penetrar la idea de hacer Estudios de Futuro, lo que sin duda está muy lejos de ser adivinación o profecía. Los Estudios de Futuro, son conocidos en algunas partes como Prospectiva, lo que pareciera ser un error conceptual ya que, en rigor, la Prospectiva es una categoría dentro de ellos.
En cualquier caso, el propósito de los Estudios de Futuro es generar un producto que se conoce como Anticipación Estratégica. Esto, dicho en términos simples, es la capacidad para situarse en el futuro a objeto de generar una mayor eficiencia en la gestión de los recursos del Estado. Y es válido no solo para los asuntos de seguridad y defensa, sino para todo el amplio espectro de las políticas públicas. Como muchas disciplinas (la estrategia y la logística, entre otras), esta idea de anticiparse nace de la guerra y del empleo de las fuerzas militares de manera eficiente para el logro de sus objetivos; de ahí la idea de Inteligencia, que posteriormente ha pasado a un contexto mayor con el nombre de Inteligencia Estratégica.
Pues bien, Chile aún no ha entendido el problema. A diferencia de muchos países desarrollados (y exitosos por lo demás), en nuestro país aún se restringe la discusión en estas materias a aspectos que, siendo importantes, no alcanzan a dar cuenta de la magnitud real del problema. Lo que Chile necesita es mirar más allá de los 4 años de un gobierno de turno, de forma de dar a las políticas públicas estabilidad y continuidad.
En algunas áreas se hace, por cierto. Las FFAA, por la naturaleza propia de sus funciones y por tener establecido un procedimiento para sus planes de desarrollo, tienen incorporada la mirada de futuro como insumo esencial previo a sus procesos decisionales; como no hacerlo, si un instrumento militar eficiente no se improvisa ni menos se consigue en un par de años. La Cancillería, por su parte, a partir del año 2018 establece como tareas para la Dirección de Planificación Estratégica (DIPLANE) “asesorar a las autoridades del Ministerio en la formulación de objetivos de política exterior, de diseñar la planificación estratégica, [] realizar y proveer estudios e informes especializados de prospectiva” (Ley 21080, Art. 15).
Y así, de manera sectorial, aislada e incluso asistémica, el Estado posee algunas entidades dedicadas a mirar el futuro. Pero, más allá del discurso propio de las buenas intenciones y de lo políticamente correcto ¿Cuál es el Chile que queremos para el 2050? ¿Qué lugar queremos ocupar en la región? ¿Qué objetivos tenemos o podemos trazarnos en un horizonte temporal determinado?
Muchos de nuestros actuales problemas podrían hoy no ser tales (o al menos no tan graves) si hubiéramos sido capaces de visualizarlos y mitigarlos hace algunas décadas atrás. “…los Romanos hacían en estos casos lo que todo príncipe sabio debe hacer: no preocuparse solo de los desórdenes del presente, sino también de los del futuro, y evitarlos por todos los medios; porque cuando los males se prevén con antelación es fácil ponerles remedio, pero si se espera hasta que están cerca, la medicina ya no surte efecto, porque la enfermedad se ha vuelto incurable”, nos decía Nicolás Maquiavelo, en “El Príncipe”.
Hay aún grandes discusiones que se deben dar y consensos que alcanzar; pero debe ser hecho con una base científica. Se requiere un sistema que provea de Inteligencia Estratégica, pero este debe funcionar en el contexto de un ámbito mayor capaz de hacer Estudios de Futuro para generar una verdadera y correcta Anticipación Estratégica.
Se le atribuye a Jorge Luis Borges haber dicho que “el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer”. La antigua posición determinista y conformista del ser humano ha dado paso a una actitud proactiva y voluntarista: podemos construir nuestro futuro. Mientras tanto, nuestro país continúa caminando con la vista clavada en la punta de los zapatos. ¿Terminaremos por tropezar? ¿Qué estamos esperando?