Opinión
Los resultados de las elecciones realizadas el sábado 15 y domingo 16 de mayo de 2021 configuraron oportunidades y amenazas para la gestión política del Órgano Constituyente que determinará la capacidad de este espacio para construir acuerdos ganadores y cumplir con su propósito. La Convención puede ser un mero reflejo de las actuales condiciones históricas o un factor para engendrar una nueva institucionalidad y un nuevo régimen político, que supere finalmente, la persistente herencia de Pinochet. ¿De qué depende que la Convención sea síntoma o factor?
La primera restricción es el tiempo. Salvo que se consiga extender el tiempo de funcionamiento del Órgano Constituyente, los convencionales electos tendrán como máximo 12 meses para culminar su trabajo. Otra condición relevante es la propensión de ciertos sectores a la autolimitación y ensimismamiento, que ha quedado a la vista en los últimos días con la “Vocería de los Pueblos” y el documento firmado por 33 convencionales constituyentes donde se manifiesta el propósito de no subordinarse al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.
Las correlaciones de fuerza entre bloques políticos, la distancia ideológica y estratégica de los actores y el rol de actores estratégicos externos podrían dificultar o impedir acuerdos necesarios que van desde la discusión del reglamento de la Convención, su organización interna, quórums de aprobación para trabajo de comisiones, despliegue territorial y permeabilidad del espacio respecto de demandas o intereses de territorios y organizaciones externas.
Una mirada estructural de la Convención Constitucional identificando las cuotas de escaños controlados por cada bloque confirma el diagnóstico de fragmentación, la caída de los partidos tradicionales y un alto porcentaje de independientes electos, lo que remite a dos lecturas frente a la capacidad de los constituyentes para generar bloqueo o acuerdos para propuestas ganadoras.
Para la primera línea interpretativa una alta fragmentación afectaría negativamente la eficiencia del Órgano Constituyente. En esta perspectiva, la fragmentación dificulta los resultados del trabajo de los constituyentes y la búsqueda de mayor convergencia genera costes por pérdida de legitimidad y confianza en el corto plazo. Asimismo, las decisiones tácticas de los constituyentes podrían producir efectos en las elecciones de noviembre próximo e, incluso, incidir sobre el próximo gobierno que será, probablemente, el último bajo la institucionalidad de 1980.
Por el contrario, una segunda interpretación sostiene que la fragmentación del órgano constituyente genera incentivos para la cooperación entre fuerzas políticas distintas, estimulando convergencias, tanto para ejercer veto como para construir propuestas ganadoras. Después de todo, la estabilidad de la nueva Constitución en el largo plazo dependerá, en buena medida, de la existencia de respaldos provenientes de diferentes bloques políticos. Además, es interesante recordar que el sistema de partidos chileno, reconocido por su capacidad para producir cambios con estabilidad, ha sido históricamente de tipo multipartidista. Es decir, un sistema estructuralmente fragmentado y basado en un presidencialismo de coalición, pero con alta capacidad en el largo plazo para adaptarse a las condiciones históricas. Con estos antecedentes, no sería una restricción determinante la composición actual de la Convención, sino más bien una oportunidad para revalorizar los acuerdos políticos. Caso contrario, la ineficacia estratégica de los constituyentes podría, perversamente, prorrogar la vigencia de la actual Constitución.
Que el espacio constituyente sea un espacio de generación de acuerdos y no una caja de resonancia de la polarización y desconfianza social, dependerá de las decisiones que tomen los diferentes bloques de la Convención.
Para las dos listas que obtuvieron mayor número de escaños, alcanzar los 52 escaños (veto) o los 103 (propuestas ganadoras) no será fácil. Vamos por Chile, siendo la lista con mayor número de escaños (37 escaños), tendrá escaso sex appeal y magnetismo político, salvo que quiera repetir la historia de la Concertación, jugar el juego político con ideas ajenas. La segunda lista con mayor número de escaños es Apruebo Dignidad que obtuvo 28 escaños, si bien requiere 24 escaños para el bloqueo, dispone de mayor afinidad ideológica y estratégica con la Lista del Pueblo y con ciertos independientes que le permitirían crecer, salvo que el discurso antipartidos se convirtiera en hegemónico dentro de la Convención. La antigua Concertación reunida en Apruebo, aunque obtuvo 27 escaños, ubicándose muy cerca de la cuota controlada por Apruebo Dignidad, constituye junto a Vamos por Chile la encarnación de los partidos tradicionales, lo que dificulta cualquier articulación con la Lista del Pueblo y con buen número de independientes, incluidos aquellos que compitieron en cupos de partidos.
En este marco de fragmentación y malestar, los convencionales deberán construir acuerdos, siendo la principal amenaza, convertirse en el objeto de la desconfianza en una sociedad con una extendida narrativa antielite y contraria a la representación política. Junto a ello, tendrán que administrar los costos de la convergencia y coordinación con actores diversos en materias específicas; deberán mantener bajo control su relación con actores estratégicos externos y estarán obligados a instalar perspectivas políticas de largo plazo en una coyuntura donde comúnmente no se entiende que construir acuerdos conlleva muchas veces “dar un paso atrás para dar dos adelante”.
Como se verá en los próximos meses, elaborar una nueva Constitución para Chile, mediante procedimientos democráticos y bajo fuertes ráfagas de mesianismo e ingenuidad política, requerirá que los constituyentes electos, como hacían los antiguos alquimistas, busquen transformar la realidad, trasmutando anteriormente sus propias creencias y sesgos.
