Opinión
El Presidente Sebastián Piñera ha publicado su Política de Defensa Nacional de Chile 2020, desarrollada a espalda de los chilenos tras los herméticos muros del Ministerio de Defensa y sin un proceso amplio de debate previo, propio de una política pública en democracia y tal como se había hecho históricamente desde 1997 con los cuatro Libros de la Defensa, mostrando así sus reales intenciones de pretender justificar los objetivos de la Defensa de forma consistente con la obsoleta Constitución de 1980, para lograr mantener una tutela militar que restrinja la soberanía popular mediante la extensión de amenazas híbridas a la Seguridad Nacional en los variados ámbitos de una Democracia Protegida, insistiendo en una versión maquillada de la Seguridad Ampliada que ya fue rechazada durante su administración anterior.
En este contexto, el documento señala que: “En los últimos años, a nivel mundial, han aumentado las amenazas denominadas de naturaleza híbrida, esto es, actividades hostiles de origen interno o externo que combinan métodos y capacidades convencionales y no convencionales (campañas de desinformación, ciberataques, terrorismo, sabotaje, insurgencia, etc), coordinadas o ejecutadas tanto por agentes estatales como otros grupos u organizaciones no estatales…”, agregando: “…El acelerado cambio tecnológico y cultural que ha devenido en la llamada sociedad de la información, el mayor acceso a tecnologías disruptivas y armas convencionales, combinado con vulnerabilidades de las infraestructuras críticas y la falta de adaptación de las estructuras organizacionales y legales frente a este tipo de amenazas, representa un problema de seguridad nacional, en donde el sector Defensa debe participar, tanto en la preparación, como en la prevención, anticipación y respuesta”.
En nuestra opinión, la pretendida militarización del conflicto de la Araucanía muestra un peligroso ejemplo de los efectos de la ampliación de roles de la Fuerza Militar en tareas de seguridad interior, avalando el incremento de su autonomía y posición ideológica y reinstalando la postura del enemigo interno. Involucrarlas en un conflicto de esta naturaleza altera su misión exclusiva de defensa exterior, validando el control del orden público como una función militar.
Por otra parte, esta Política de Defensa dispone que: “El Estado de Chile tiene la responsabilidad de mantener una capacidad militar suficiente para contribuir al logro y defensa de los intereses y objetivos del país, asignando los recursos adecuados para el sector Defensa”, agregando que la superioridad operacional propuesta: “…Contempla la capacidad para accionar en forma simultánea o secuencial en varios frentes, incluyendo capacidades para actuar en la profundidad adversaria, en forma selectiva” y además señalando: “…Una tarea prioritaria para el Ministerio de Defensa Nacional es desarrollar y mantener capacidades efectivas de las FF.AA. que contribuyan a la disuasión y, en caso de empleo, permitan superioridad operacional, que asegure las mejores probabilidades de éxito en el cumplimiento de sus objetivos, en todo el rango de sus tareas y misiones”.
Este texto es consistente con los objetivos políticos de un gobierno que pretende seguir viviendo en otro Chile que ya no existe, para lo cual parece buscar apoyo congraciando a los militares mediante la justificación de requerimientos estratégicos fundados en la disuasión y la superioridad operacional con el objeto de aumentar el gasto de defensa en el desarrollo de la Fuerza Militar, respondiendo así sesgadamente al reciente modificado artículo 97° de la Ley N°18.948 –Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas- que señala: “La Política de defensa nacional, la política militar y las restantes políticas públicas del sector defensa… serán la orientación superior para elaborar la planificación del desarrollo de la fuerza…De dicha planificación se derivará un plan cuatrienal de inversiones tendientes a lograr y sostener las capacidades estratégica … Para lo señalado anteriormente existirá un financiamiento de inversión en material bélico e infraestructura asociada, y sus gastos de sostenimiento…”
Nuestra conclusión es que el destino final de esta Política de Defensa Nacional de Chile 2020 será similar al que tuvo la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012-2024 y su Seguridad Ampliada, desarrollada en el primer gobierno del Presidente Piñera y rechazada por la unanimidad de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa del Senado, sellando su destino en algún baúl de la historia. Será materia del próximo gobierno poner las cosas en su lugar.
