Opinión
La aprobación en la Comisión de Constitución del Proyecto de Matrimonio Igualitario es sin duda el mayor avance desde su presentación en el Congreso en 2017. Su tramitación y pronta discusión alegra a muchos sectores que como nosotras venimos hace tiempo luchando por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales y de género, y de los derechos sexuales y reproductivos para toda la población, sobre todo de las que nos hemos sentido subordinadas. No olvidemos que aún en nuestro país se sigue hablando de “minorías sexuales o de género”, lo cual viene a reducir no solo a la población, sino también nuestras demandas. Más grave se utiliza dicha expresión por parte de grupos y sectores políticos que hoy dentro de la batalla electoral han comenzado repentinamente a abrazar las causas feministas y LGBTIAQ+.
Siendo personas que estamos a favor del matrimonio igualitario y del reconocimiento que eso conlleva, el efectivo ejercicio de los derechos de filiación de todas las personas dentro del país sin importar que se trate de personas del mismo sexo y apoyando que esta temática esté siendo abordada por el Estado, creemos que hay temáticas de fondo que no se resuelven solamente con la aprobación definitiva de este derecho. La aprobación de un acto jurídico debe ir acompañada de un plan integral de acción que ayude a forjar una agenda de largo plazo en pos del reconocimiento cultural, distribución económica y protección de los derechos de las personas que viven en el país. ¿Es posible dar este salto, si hoy por hoy no existe desde el Estado una política de Educación Sexual Integral? ¿Es posible dar un paso como este si no hay una ley integral de violencia de género? ¿Es posible avanzar tranquilamente a un matrimonio igualitario cuando existen casos de asesinatos a personas LGBTIAQ+ sin respuesta por parte de las instituciones competentes?
Para que el matrimonio igualitario alcance mayor fuerza, debe ir acompañado de políticas públicas y de acciones concretas de las instituciones que den respuesta urgente a demandas que vienen planteándose de manera paralela al Estado respecto a los derechos de las personas LGBTIAQ+. No es posible seguir trabajando en la lógica del goteo: las mujeres y las diversidades, no nos sentimos protegidas ni dignificadas en nuestras relaciones cotidianas con las instituciones de educación, de salud, ni con las instituciones de justicia, por dar algunos ejemplos.
Al respecto, queremos hacer una reflexión respecto a si bien estas “ventanas de oportunidad” nos ayudan a avanzar en el reconocimiento de derechos, esperemos que no sean tomadas como oportunismos para mejorar la popularidad de algunos sectores de la contienda política, sobre todo en este año de tantas elecciones, ya que, aquí hay vidas y experiencias de personas que también esperan respuestas urgentes respecto la dignidad de sus vidas. Recordemos que en la actualidad existen dificultades para acceder a anticonceptivos, o bien ha habido casos de personas embarazadas por fallas en el sistema de control de la medicación. Hay personas que no pueden recibir tratamiento oportuno en casos de VIH; personas que aún se mueren de sida, y varias víctimas asesinadas por crímenes transfóbicos, lesbofóficos, femicidios, entre otros.
Debemos por lo tanto tener especial cuidado en cómo se construyen estas políticas, las cuales no sean realizadas desde perspectivas conservadoras y heteronormativas que impliquen las mismas normas jerarquizadas de los géneros y las sexualidades, pero sobre todo dejar de desagregar los derechos. Mirar desde una perspectiva integradora situada en la ciudadanía es lo que realmente hará terminar con la lógica de la igualdad, que esconde hoy en día las vivencias diferenciadas en la ciudadanía, en donde las diversidades de género y sexuales quedan invisibles hasta en la normatividad, parte de lo que desde nuestra perspectiva ha generado gran parte del descontento de nuestra sociedad.
